Economista de la UC: "Ni los cálculos más optimistas permiten lograr la gratuidad con una recaudación de US$ 1.500 millones"

Si bien el Mineduc aún no presenta el proyecto con que impulsará la gratuidad en la educación superior, la Presidenta Michelle Bachelet ya fijó una fecha de inicio: el año académico 2016. Ella espera que quienes comiencen sus estudios en ese momento puedan optar a hacerlo sin costo, cumpliendo así una de las promesas más ambiciosas de su programa de gobierno. Sin embargo, entre los expertos aún no hay certeza de cómo el gobierno pretende hacer realidad este anhelo social. Ricardo Paredes, a su condición de especialista en materias de educación, suma el hecho de ser economista de la Universidad Católica, y desde esa dualidad plantea sus dudas.

¿Es posible la gratuidad en 2016 y qué grado de cobertura podría alcanzarse en esa fecha?

Si los aportes que hace el Estado a las universidades que serían gratis sustituyen lo que hoy reciben a través de cobros, ello demandaría un monto que no tiene ni que levantará la reforma tributaria. En tal sentido, es posible que el gobierno esté evaluando aportes sustancialmente menores por institución, o focalizado a un grupo reducido de instituciones.

El ministro Nicolás Eyzaguirre señaló que sólo un tercio de los recursos de la reforma irán destinados a educación superior. ¿Alcanzaría?

No, definitivamente no. Por cierto que el discurso puede hacerlo redefiniendo aportes máximos que lleven al desfinanciamiento severo de algunas universidades, particularmente aquellas de investigación. Si bien los cálculos sobre el costo de gratuidad universal varían, ninguno de los que conozco, ni los más optimistas, que cifran en US$ 2.300 millones (Ricardo Espinoza y Sergio Urzúa), hacen que alcance con una recaudación de US$ 1.500 millones.

¿Qué grado de gratuidad existe hoy en el sistema chileno de educación superior?

En el último tiempo hubo avances notables en el sentido de que las becas financiaran para todas las instituciones hasta el arancel de referencia, lo que hasta el 2012 ocurría sólo para las universidades del Cruch. Ello terminó con la discriminación en contra del resto de las instituciones. En tal sentido, hoy el financiamiento por la vía de becas cubre hasta el arancel de referencia para los estudiantes del 60% de menores ingresos. Efectivamente, ello puede implicar brechas entre el arancel que cobran las instituciones y el arancel de referencia. Esas brechas, sin embargo, son nominales, en el sentido de que muchas instituciones entregan becas por la misma a los estudiantes de menores ingresos.

¿Cómo se pueden evitar vicios que se han detectado en países donde la gratuidad ya es una realidad, como la eternización de las carreras y que favorezca eminentemente a sectores más acomodados?

La forma simple es sin gratuidad para los que puedan pagar. La fórmula más aceptada en el mundo y parte de lo que podemos llamar el consenso experto, es mediante créditos con pagos contingentes al ingreso futuro. Ello significa que si el estudiante no puede pagar, no paga, y si puede, paga.

El Estado fijará nuevos aranceles para las carreras. ¿Qué elementos deben ser considerados para establecer esta fijación de precios? ¿Debe ser para todos los planteles diferente, aunque sean las mismas carreras?

Sin duda que la gratuidad sustituye el cobro de arancel por un aporte del Estado. Una determinación razonable de ese aporte, efectivamente, debiera considerar particularmente los salarios futuros, la empleabilidad, la deserción y otros, como la vulnerabilidad, pues es más costoso retener alumnos más vulnerables. Sin embargo, es previsible que un sistema que implique negociar con el Estado los aportes, aumentará las presiones y la conflictividad, a la vez que pueda también reducir la transparencia. En cuanto a la eventual diferencia entre planteles, hoy el aporte por la vía de aranceles financia en parte la investigación que fundamentalmente realiza un puñado de instituciones. Por ello, si no se hace una tipología entre universidades de investigación y no, ello repercutirá muy negativamente en la investigación del país.

El gobierno terminaría con la entrega de becas de arancel a los planteles que no se suscriban a la gratuidad. ¿Es una política adecuada? ¿Qué efectos podría generar esto en el sistema?

Los convenios con el Estado tienen todo sentido, pero tienen el claro potencial, mal usado, de ser instrumentos de discriminación y de falta de transparencia. El tenor de los convenios debe ser general, claro y abierto a quien desee cumplirlos. Especial relevancia tienen, a mi juicio, aspectos medibles en términos del aporte público, como es la investigación, el desarrollo, el servicio de los más vulnerables. No tienen sentido, sin embargo, otros aspectos como la propiedad o la antigüedad, sin que ello haga referencia a aportes medibles y objetivos.

Existe un riesgo también de que el manejo de los términos de los convenios se haga fundamentalmente para limitar los beneficiarios, y finalmente, el costo de la gratuidad. Ello sería un error y creo que es más justo y razonable transitar restringiendo las becas a quienes no son realmente necesitados, que limitarlo discrecionalmente a instituciones que pueden ser preferidas y sirvan a alumnos con necesidades. Para decirlo en simple, un esquema arbitrario de convenios pudiera implicar gratuidad para ricos que asisten a universidades con convenio, y costos altos para pobres que acceden a universidades sin convenio.

¿También deberían terminarse otras formas de financiamiento, como el AFI?

A mi juicio, el AFI como concepto debe seguir usándose. Ello no obsta a que crea que el diseño debe modificarse, de modo de incluir el ranking de notas como ponderador del criterio que selecciona a los mejores estudiantes. Sin embargo, la mantención del AFI es útil, por cuanto usa la información de preferencias de los estudiantes, para financiar a las universidades. Quienes estamos convencidos de que las decisiones de las personas revelan mucha información sobre la calidad, alguna que incluso el burócrata más inteligente localizado en una oficina del Ministerio no conoce, vemos sistemas como el AFI esencialmente virtuosos.

¿La PSU debería cambiar o incorporar otro tipo de evaluaciones, de habilidades blandas, por ejemplo?

El Informe Pearson es claro en un conjunto de mejoras que requiere la PSU y comparto la idea de que cualquier prueba del tipo debe perfeccionarse. Esta es una materia de los expertos, pero no tengo dudas que hay espacios de perfeccionamiento. Sabemos también que el ranking es un criterio que aporta información sobre el esfuerzo, la capacidad del alumno de mantenerse en el sistema y, por ende, me parece esencial mantenerlo. Pero de ninguna manera creo que el hecho de que un sistema tenga deficiencias justifica su remplazo por otro que no conocemos y que puede ser peor. Finalmente, creo que los esfuerzos que hemos visto en las principales universidades del país, respecto de la inclusión de alumnos vulnerables, abre uno de los mayores desafíos, cual es el de la retención sin sacrificio de la calidad.