Efectos de los impuestos verdes




DENTRO DE la reforma tributaria que promueve el gobierno de la Presidenta Bachelet se incluye un paquete de los llamados impuestos verdes. Estos contemplan gravámenes tanto a las emisiones de CO2 como a daños locales en la salud provocados por las emisiones de material particulado, óxidos de nitrógeno y dióxido de azufre de las fuentes de generación termoeléctrica.

De acuerdo al proyecto de ley, en el caso de las emisiones por CO2, se gravaría cada tonelada emitida con cinco dólares, o sea, alrededor de $ 2.800, lo cual, para el caso de generación con carbón, representará un costo adicional aproximado de $ 2,5 por kilowatt-hora (kWh), y para las que usan gas natural en centrales de ciclo combinado, del orden de $ 1 por kWh. En cuanto a los daños locales, el gravamen sería de naturaleza variable, dependiendo de la gravedad del perjuicio a la salud en la localidad donde se ubiquen las centrales.

Si bien se ha previsto que estos gravámenes no afecten el denominado costo marginal del sistema, es indudable que tendrán un efecto al alza en los precios al consumidor final, debido a que las empresas generadoras que utilizan carbón y/o gas natural incluirán el impuesto en sus precios a los usuarios finales. Lo anterior también tiene implicancias sobre las tecnologías renovables no convencionales y sobre los generadores hidráulicos, que se verán beneficiados.

En primer término, analicemos la eficiencia del impuesto propuesto. El Estado recaudará en torno a la mitad de lo que los usuarios paguen, dado que alrededor del 50% de la generación es termoeléctrica. El resto del impuesto irá a las utilidades de las empresas generadoras que no utilicen carbón. Por tanto, se puede decir que es un impuesto ineficiente, dado que de lo que aumente el precio al cliente final, sólo una parte será recaudada por el Estado.

Por otra parte, desde la perspectiva de la competitividad del país, parece inoportuno aumentar los precios de la energía eléctrica por la vía de impuestos, más aún, estando éstos entre los más caros del mundo. Tampoco es razonable que Chile deba sumarse al esfuerzo de reducción de los gases de efecto invernadero, dados su tamaño y condición de país en desarrollo.

Cabe señalar que el gran tema de hoy es la falta de oferta de generación económica y competitividad en nuestro principal sistema eléctrico (SIC), situación que afectará fuertemente los precios futuros de la electricidad para los clientes regulados (viviendas, comercio, municipios, pequeña industria, entre otros). Los precios de la energía eléctrica en la última licitación, realizada el 2013, resultaron 60% más altos respecto de los precios actuales y, adicionalmente, sólo hubo oferentes para el 78% de la energía licitada, por lo que se requerirá una nueva licitación, por cierto, aumentando los precios máximos. El efecto en los usuarios regulados será un incremento paulatino en el tiempo de los costos de suministro eléctrico, llegando hacia el 2020 a provocar un alza del orden de 30%.

Así las cosas, la autoridad económica debiera tener en cuenta que el mercado eléctrico requiere de fuertes medidas para aumentar la oferta eficiente y mejorar la competencia, antes de su utilización para la recaudación de más impuestos.

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