El acta que advirtió sobre las falencias del proyecto estrella del Sename

Los familiares que visitan el Centro Metropolitano Norte del Sename en Tiltil y que no tienen vehículo, en su mayoría caminan desde la carretera hasta la ubicación del establecimiento, a algunos kilómetros de la autopista. Cargan bolsos con comida, cigarrillos, bebidas, galletas. Al costado de la entrada al recinto, hay un quiosco que funciona como una improvisada guardarropía.

Ahí quedan billeteras, teléfonos, bolsas, y todos los implementos con prohibición de ingresar, o aquellos que los guardias de turno consideran inapropiados. El centro, al igual que el resto de los recintos del Sename, no cuenta con un lugar para que los visitantes dejen sus enseres.

El de Tiltil es el último de los establecimientos inaugurados por el servicio, en noviembre de 2012. Descrito entonces como un centro innovador, algunas de sus principales características consistían en mayores espacios para los jóvenes privados de libertad -pieza y baños propios, en un espacio de 2x3 metros, por ejemplo- y posibilidad de talleres de formación.

En términos de funcionamiento, además, el recinto sería el modelo de una estructura de administración, en el que una empresa privada, por medio de una licitación -adjudicada a la compañía Cercap en marzo de 2012-, se haría cargo de la administración de la cárcel juvenil, las "casas" del recinto y de la relación con los jóvenes internos (actualmente hay 97 jóvenes recluidos, organizados en cuatro casas. Los delitos más frecuentes de los reclusos son robo con intimidación, homicidio y robo en lugar habitado). En esa organización, el Sename sólo aportaría con los profesionales para el tratamiento y rehabilitación de los menores.

El sábado, a un año de inaugurado, el establecimiento fue escenario de un asesinato brutal: en un hecho que investiga la fiscalía, reclusos habitantes de la Casa 2 apuñalaron reiteradamente a su compañero de iniciales D.B.P (17).

Tal hecho desnudó las falencias del centro, fallas que en junio de este año ya habían sido estipuladas por la Comisión Interinstitucional de Supervisión de Centros, integrada por profesionales de distintas instituciones, entre ellas Unicef, el Ministerio Público, la Defensoría, ONG y la Seremi de Justicia Metropolitana, que visitaron el recinto de reclusión por cerca de tres horas y emitieron un informe con varias críticas a su funcionamiento, a seis meses de su puesta en marcha, el que fue entregado al Ministerio de Justicia y de ahí derivado al Sename, para que este organismo realizara sus descargos.

La realidad de Tiltil

Uno de los primeros puntos que menciona el informe, al cual tuvo acceso Reportajes, se refiere al tema de los funcionarios. Si bien señala que está dentro del estándar, habla de un interventor por cada 15 adolescentes, pero recalca que los funcionarios de la empresa concesionaria para la gestión y administración del centro "no tienen la práctica necesaria con adolescentes en el manejo de los mismos y en el control y empoderamiento en la realización de sus funciones".

Así lo señalan las propias visitas que concurren al centro. Un familiar de uno de los internos, quien prefiere no ser identificada, dice que en su caso, en la "casa" que visita, sólo existen dos funcionarios para atender a los reclusos con sus visitas y a los otros internos que están en sus habitaciones.

Otra deficiencia que constata el documento tiene relación con que a pesar de que cuenta con dormitorios individuales y pabellones diferenciados, el recinto no realiza segregación y "los jóvenes se encuentran agrupados en cuatro casas, las cuales no tienen distinción etaria o de perfiles". Ese fue uno de los puntos críticos en el caso del joven asesinado el sábado pasado, quien, pese a ser calificado de baja peligrosidad -estaba recluido por ley de drogas-, compartía con otros reclusos más violentos. En efecto, el joven realizó advertencias de haber recibido amenazas, de las cuales dejó constancia en uno de los libros dispuestos para estos casos. El hecho, que está siendo investigado por fiscalía, le costó el puesto al director Juan Carlos Bustos.

El dato adquiere aún más relevancia si se considera que en el informe emanado en junio a Justicia, uno de los ítems peor evaluados del centro era precisamente el de la recepción de sugerencias y reclamos emanados de los internos. Al punto de ser calificado con nota 1, dentro de una escala de 1 a 7.

Las falencias en materia de segregación venían generando ya en esa época una serie de violentos conflictos dentro del recinto: según contabilizó la comisión visitadora en su momento, en sus primeros seis meses de funcionamiento, el establecimiento registraba 239 infracciones graves, 219 menos graves y 12 leves, además de rencillas entre los jóvenes y de éstos con los funcionarios de la empresa que administra el penal. En efecto, ya a junio de 2013, dice el documento, "existen conflictos entre los jóvenes y también con funcionarios. A la fecha, durante este año, se han registrado 93 episodios de distinta gravedad, tales como amenazas, agresiones verbales y físicas".

Otra materia que describió la visita de la comisión fue la atención de salud de los reclusos. Entre tres a cinco intentos de suicidio, "principalmente por ahorcamiento con sábanas y cortes sin compromiso de riesgo vital", dijo la comisión, se habían producido en el lapso noviembre 2012-junio 2013. Según el informe emitido posteriormente, los funcionarios del recinto poseían baja capacitación para detectar sicopatologías e intentos de suicidio y, además, no hay un protocolo para casos de ese tipo. "No existe procedimiento de detección previa. Se actúa sobre la emergencia", dice el documento.

Otro de las puntos que la comisión destacó en el funcionamiento del recinto fue que "se detectó presencia de tráfico de medicamentos entre los jóvenes" y "hay consumo de drogas al interior del centro, lo que ha sido detectado por los profesionales durante la intervención". Además, cuestionó el funcionamiento de las actividades al interior del centro de reclusión: "La baja o nula adherencia de algunos jóvenes a la oferta de actividades es sintomática de la existencia de dificultades al interior de las casas y, posiblemente, del tipo de relación que se ha construido entre ellos y los educadores de trato directo".

Respecto de los programas educacionales al interior del recinto, el acta sostiene que "el porcentaje de asistencia a la escuela se visualiza bastante bajo (...) con cierta frecuencia, hay jóvenes que llegan bajo la influencia de las drogas a clases".

El problema adicional

Aunque el informe también resalta algunos aspectos positivos del centro, como la infraestructura o la idoneidad de determinados profesionales, advierte que a junio no era posible advertir en el centro dinámicas estables de trabajo y que los profesionales de la empresa Cercap poseen escasa experiencia en centros de reclusión, lo que ha llevado, según los evaluadores, a un "tira y afloja entre adolescentes y educadores por el control".

La presencia de la empresa Cercap como administradora del recinto ha sido uno de los puntos más conflictivos del centro durante su año de funcionamiento.

"El principal nudo y desafío para el Sename es el tema de la coordinación, especialmente con Cercap, lo cual ha repercutido en el manejo de los adolescentes en general", concluyó el informe de la comisión visitadora en junio.

El 22 de diciembre de 2011, el Sename declaró desierto el llamado para que empresas privadas se hicieran cargo de todo el programa de reinserción del centro ubicado en Tiltil. En esa oportunidad, de las tres empresas postulantes (Cercap, Paternitas y Grupo Norte), ninguna alcanzó el puntaje mínimo de 80 puntos para adjudicarse la licitación.

A raíz de esto, en julio de 2012, el servicio realizó un nuevo llamado, pero esta vez acotó las funciones que estaban en concurso. Cercap logra adjudicarse la licitación con apenas 80,05 puntos.

Los primeros en denunciar problemas fueron los funcionarios del Sename, quienes advirtieron de la poca experiencia de los trabajadores de la empresa concesionaria. Contactados por Reportajes, en Cercap declinaron entregar su versión, sin embargo, fuentes sindicales de la empresa aseguran que en el recinto se generaron rivalidades entre los funcionarios de Sename y de Cercap, hecho que agravó el cuadro al interior del recinto y en las responsabilidades por los internos.

Para los visitadores de la comisión, el discurso del entonces director, Juan Carlos Bustos, para responder a las falencias detectadas en la inspección de junio "apuntaba a un escenario de implementación". Similar visión tiene hoy el director del Sename, Rolando Melo, quien plantea que el recinto se encuentra en período de "marcha blanca" y que los resultados del establecimiento de Tiltil pueden recién comenzar a ser medidos en un período de dos años.

Aun así, Melo dice que tras el informe de la comisión se adoptaron diversas medidas, entre ellas, el fin del contrato de licitación de la administración del recinto a la empresa Cercap, el que se hizo efectivo el 11 de noviembre y que significará que el Sename tomará el control total del establecimiento.