El alza del tributo a las bebidas azucaradas sin alcohol, ¿para qué sirve?

Fue una de las sorpresas del proyecto de reforma tributaria que se envió el lunes pasado al Congreso. Junto al anuncio de un impuesto adicional a la importación de vehículos diésel para uso particular, la intención de elevar el tributo que pagan las bebidas analcohólicas con azúcar no estaba prevista en el mercado.

La propuesta fue incluida dentro del ítem llamado impuestos correctivos -que propone también un incremento para las bebidas alcohólicas (ver secundaria)- y establece un alza del gravamen desde 13% a 18% para este tipo de productos.

A juicio del gobierno, en el caso del alcohol, el tributo en Chile es bajo comparado con el que se aplica en los países de la Ocde y no guarda relación con los daños que produce su consumo excesivo. Respecto de las bebidas sin alcohol, el gobierno optó por dividirlas entre aquellas con azúcar y las que no la incorporan, pues estimó que el hecho de que estén todas dentro de la misma categoría, "no contribuye a los objetivos de salud pública".

Hoy, Chile tiene uno de los mayores consumos mundiales de bebidas gaseosas. Según un reporte de CorpResearch, la demanda es de 114 litros per cápita al año, la segunda mayor de Latinoamérica, tras México, donde cada habitante toma 175 litros anuales.

Otra cifra, publicada por Embotelladora Andina en su memoria 2013, indica que en 2013 los chilenos demandaron 550 botellas de 237 cc per cápita. Los argentinos, 380; los brasileños 318 y los paraguayos, 214.

El elevado consumo de bebidas azucaradas lo ratifica el presidente de la Sociedad Chilena de Nutrición, el médico José Luis Santos. "El consumo de bebidas carbonatadas es muy alto en Chile y sería un buen objetivo, desde el punto de vista de salud pública, reducirlo. Ahora, si eso se hace a través de un impuesto, es una decisión política", señala. El profesional agrega que "el exceso de consumo de azúcar es algo que diversos estudios han asociado a la prevalencia de la obesidad y tratar de reducirlo, puede ser una manera de combatir el aumento de la prevalencia de la obesidad".

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), el impuesto que se aplique debe ser de al menos 20% para tener un impacto en la obesidad y en las enfermedades cardiovasculares y su efecto es más fuerte cuando se aplica a refrescos y bebidas azucaradas.

Por el contrario, el Centro Internacional de Impuestos e Inversión cuestiona el aporte real de este tipo de tributo. "Imponer un impuesto puede conducir a disminuir significativamente la demanda del producto en particular y por lo tanto, no puede generar ingresos adicionales de impuestos para los gobiernos", señala.

También afirma que aplicar un impuesto para ciertos alimentos y bebidas sin alcohol supone un costo de fiscalización para el gobierno y que, además, sería regresivo. Esto, porque los consumidores más pobres gastan una mayor proporción de sus ingresos en alimentos y bebidas sin alcohol que los hogares más pudientes.

Por el contrario, la OMS asegura que "son regresivos para esos consumos no saludables, pero no para sus alternativas más saludables". Por lo tanto, dice, el resultado final es progresivo, porque los impuestos protegen contra enfermedades crónicas que son empobrecedoras.

El mercado

Actualmente, todas las bebidas no alcohólicas naturales o artificiales, jarabes y, en general, cualquier otro producto que las sustituya o que sirva para preparar bebidas similares y las aguas minerales o termales que hayan sido adicionadas con colorante, sabor o edulcorante están afectas al llamado Iaba. Se trata del Impuesto Adicional a las Bebidas Analcohólicas, que grava con un 13% adicional al IVA a estos productos. Este tributo, creado en 1933 para financiar el déficit fiscal existente y que catalogó a las bebidas dentro de los bienes de lujo de la época, luego se usó para financiar la construcción de viviendas sociales y con el paso del tiempo no fue eliminado. Por el contrario, ahora subiría en 5 puntos. Exentos del Iaba están las bebidas para deportistas y los tés. En 2012, el Iaba recaudó $ 104.448 millones.

Las principales empresas que participan en el negocio de las bebidas y que se verían afectadas si se aprueba el proyecto, son CCU, Embotelladora Andina y Coca Cola Embonor, vinculadas a los grupos Luksic; Chadwick, Said, Hurtado y Garcés, y Vicuña, respectivamente.

El año pasado, estas tres compañías elevaron sus ventas. En el caso de Andina (una de las tres mayores embotelladoras de Coca Cola en América Latina), subieron 30%, hasta los US$ 2.901 millones, mientras que Coca Cola Embonor tuvo ingresos por US$ 774 millones, 6,7% más que en 2012.

CCU, con un portafolio mucho más diversificado, vendió US$ 2.282 millones, 11% más que en el ejercicio previo. Pero más allá de las bebidas, este grupo es el líder de la industria cervecera (con marcas como Cristal y Heineken), disputa el primer lugar en pisco con Capel y es dueño de la viña San Pedro, actor relevante en el mercado nacional. Este abanico de productos transforma a la firma en la más expuesta al alza de los tributos que se pretende aplicar a las bebidas.

Por ahora, todas las compañías han guardado silencio en relación con la medida y no estuvieron disponibles para responder consultas. En Andina señalaron que están analizando el proyecto.

Mientras, en la Asociación Nacional de Bebidas Refrescantes (Anber), que reúne a los actores de la industria, indicaron que están evaluando "todas las herramientas que permitan manifestar en las instancias que corresponda y de la mejor forma nuestra posición", dijo el director y vocero del gremio, Pelayo Bezanilla, agregando que contratarán estudios de expertos para reforzar los argumentos de la industria.

"Este es un impuesto abiertamente discriminatorio en dos sentidos. Primero, porque propone gravar sólo un nutriente (el azúcar) y, segundo, porque lo hace sólo en una categoría (las bebidas analcohólicas), en circunstancias que las calorías que consumen los chilenos provienen de distintos nutrientes y productos", afirmó.

Bezanilla dijo que aún es prematuro para cuantificar el impacto que esta medida podría tener en el consumo, pero considera que el alza podría traducirse en mayores precios de los productos, lo que afectaría en mayor medida a los consumidores de menores ingresos.