El futuro afecta al presente: Büchi se nos va

PARTAMOS POR lo obvio: se va porque quiere y lo más importante porque puede. Muchas personas hacen eso cada año y nada pasa. Pero este es un personaje simbólico y por ende tiene enorme relevancia. Qué duda cabe que Büchi es un talento nacional y alguien con mucha influencia. Por eso la señal es compleja. Una persona como él no hace cosas irracionales.

La pregunta entonces son las razones. A mí se me ocurren varias bajo el paragua de la "incerteza jurídica" que argumentó. Quizás lo primero es porque varios partidos políticos, muchos intelectuales e ideólogos, y algunas organizaciones sindicales como la CUT, simplemente le niegan validez a la propia Constitución. Se puede discutir sin duda su legitimidad, pero no su legalidad. Para cambiarla hay sólo dos vías: una civilizada dentro de las leyes actuales, o por la fuerza. Nuestra historia indica que el uso de la fuerza es siempre lo peor. El gobierno presenta sistemáticamente proyectos que son objetados por el tribunal constitucional, y la respuesta política es descalificar el tribunal o usar resquicios legales a la vieja usanza. Entonces, para partir, si el contrato social no es reconocido, la incerteza jurídica para el futuro es monumental. El gobierno que encabeza la cruzada del cambio, que es legítima, curiosamente nunca ha señalado qué es lo que le cambiaría en concreto o qué Constitución promueve. Peor aún, pensar que en el siglo 21 se pueden buscar consensos o modelos vía oscuros cabildos del siglo 19 es simplemente de terror.

La segunda razón es ver lo que ocurre en La Araucanía. Por cierto un problema antiguo, pero lo relevante es la tendencia. Ni los ciudadanos ni los agricultores, menos los forestales parecen estar protegidos por la ley. El terrorismo campea, asesina y crece, que es lo delicado. Incluso se ha denunciado un vínculo con las FARC, pero el gobierno no lo investiga. Los camioneros marchan hacia La Moneda, pero el gobierno usa artimañas y decretos para evitar que lleguen. Ni les dejan ir al baño. Pero finalmente llegan y son severamente agredidos por grupos organizados a dos cuadras de la sede de gobierno. Los estudiantes han marchado por la Alameda sin la autorización de la intendencia. ¿Es eso estado de derecho?

La mayoría de las marchas terminan en graves incidentes y nunca se pueden detener a los delincuentes. Encapuchados lanzan bombas molotov a carabineros desde la Universidad de Santiago, y Carabineros no puede ni entrar ni detiene a nadie. ¿Estado de derecho? Más aún, cuando Carabineros trata de defenderse contra los delincuentes, finalmente son castigados los policías. En este mismo plano, la incapacidad del Estado de frenar la delincuencia genera una incerteza descomunal no sólo jurídica, sino de vida.

Cuando el Servicio de Impuestos Internos se transforma en brazo político del gobierno de turno, se termina una certeza jurídica. Cuando se permiten huelgas ilegales de empleados públicos, no hay respeto del estado de derecho. Cuando el gobierno usa un resquicio legal como una glosa, porque no es capaz de presentar una ley, se vulnera en el fondo el estado de derecho. Más aún cuando discrimina arbitrariamente entre grupos de ciudadanos en un beneficio como la gratuidad. Cuando el gobierno quiere destruir la educación privada, se empieza a terminar la diversidad de ideas y capacidad de emprender en esas áreas. Cuando se le grava con una multa a CorpBanca sin debido proceso se vulnera el estado de derecho. No se trata de opinar si el banco merece la multa o no, es la falta del proceso y la capacidad de defenderse adecuadamente. Cuando algunos congresales de la coalición gobernante presentan un proyecto para expropiación de SQM, algo huele muy mal.

Cuando un presidente dice públicamente que es muy responsable con las cuentas fiscales, y al mismo tiempo tiene un déficit del 3,5%, se endeuda a razón de US$ 10.000 millones por año, y cae abruptamente la productividad, hay algo de fe pública que ya no funciona. Cuando en esas condiciones fiscales se define un bono en efectivo como un "derecho social", la lógica técnica de las políticas públicas está en juego.  Cuando se aplica la política de la retroexcavadora y los parlamentarios no hacen su función, y a veces ni leen las leyes, la incerteza jurídica claro que crece.

En fin, todo lo anterior señala una tendencia, un proceso en marcha. Así como las decisiones de hoy afectan al futuro, ese mismo futuro afecta nuestras decisiones de hoy. Las personas más inteligentes e informadas como Büchi toman sus decisiones antes de que sea demasiado tarde.

Sergio I. Melnick
@melnicksergio