El futuro de los niños

CUANDO es evidente la crisis de confianza que afecta a las diversas instituciones de la nación; cuando la ciudadanía reclama de sus dirigentes políticos y sociales un compromiso con la transparencia; cuando ya no es posible seguir avanzando en el diseño de políticas públicas sin la participación y la opinión de chilenas y chilenos, el Consejo Nacional de la Infancia -en un acto inédito y en sintonía con los compromisos establecidos en el programa de gobierno- ha recorrido todo Chile escuchando la opinión ciudadana que quedará plasmada en la futura ley y política para la niñez y la adolescencia que entrará en mayo al Congreso.

A pesar de que han pasado 25 años desde que el gobierno de Chile firmó la Convención sobre los Derechos del Niño, sus orientaciones  aún no han sido recogidas por la legislación chilena y es una deuda que debemos saldar con urgencia.

El primer gobierno de la Presidenta Bachelet asumió que para superar la inequidad debía comenzar a emparejarse la cancha desde la primera infancia. Invertir en los primeros años de vida es una oportunidad con amplios márgenes de ganancia a futuro y tiene un muy alto rendimiento económico y social. James Heckman, premio Nobel en Economía, demostró que cuando los servicios son de buena calidad, la sociedad puede llegar a obtener un retorno de hasta 17 dólares por cada dólar invertido.

En 2006 existían en el país 706 salas cunas de carácter gratuito, y en cuatro años se construyeron 2.929 salas cunas y 1.675 salas de nivel medio, lo que implicó aumentar en seis veces la oferta pública de tales establecimientos. Además, se creó el sistema de protección a la primera infancia “Chile Crece Contigo”, que buscaba estimular tempranamente a los niños más vulnerables y garantizar su desarrollo en igualdad de oportunidades.

Hoy el desafío es mayor. La apuesta de este gobierno es potenciar lo ya avanzado y consolidar un marco jurídico que genere un sistema de garantías y protección efectiva de los derechos de la niñez y la adolescencia, que asegure la actuación del Estado a favor del desarrollo pleno y progresivo de las nuevas generaciones.

Queremos transitar desde una lógica de focalización en sectores vulnerables, a una en que el Estado garantice el ejercicio pleno de los derechos de todos los niños y adolescentes de Chile, sin importar su origen o condición social. El proyecto que presentaremos para la discusión parlamentaria incluye los principios rectores que lo fundamentan, los que son consistentes con la Convención de los Derechos del Niño.

Nuestra convicción es que esta política debe hacerse de cara y con los ciudadanos. Por ello, desde el 26 de marzo cerraremos este proceso de diálogos con miles de encuentros que se realizarán en establecimientos educacionales de todo el país, que hemos llamado “Yo opino, es mi derecho”, los que serán la culminación de un proceso que busca devolver a los ciudadanos parte de la soberanía que sienten arrebatada, para construir en conjunto el país que soñamos.