El problema es la legitimidad

EL PROXIMO será un año de proyectos. Con ocasión de las elecciones presidenciales irrumpirá con aún más fuerza la discusión sobre cómo debe ser el país de los próximos años. Un proyecto político que quiera ser exitoso deberá ofrecer una visión que logre articular racionalmente las inquietudes -muchas veces vagas- de los ciudadanos y enfrentar exitosamente los debates políticos del momento. Para ello, lo primero es formular bien el diagnóstico.

El tema central en nuestro debate político ya no es la democracia ni el desarrollo (los temas de los 80 y 90), sino la justicia. La pregunta es si como sociedad creemos que es justa la forma como generamos y distribuimos la riqueza, y como configuramos y ejercemos la autoridad política. El tema es la legitimidad de nuestro orden económico y político.

El desafío político es formular una respuesta a la pregunta por la legitimidad y lograr la adhesión a ella de buena parte de la dirigencia política y especialmente de la ciudadanía.

Quienes no logren entender ese aspecto (el gobierno no lo entendió durante los meses cruciales del movimiento estudiantil) serán incapaces de argumentar efectivamente frente al rival político, y de hacerse cargo de la inquietud más profunda de buena parte de los chilenos. Los precandidatos presidenciales de la Alianza lo han intuido: no es casualidad que ambos hayan incorporado la palabra “justicia” en el título de recientes columnas en este medio. Con todo, por ahora la elite política y empresarial parece apegada al debate noventero sobre el desarrollo: un debate importante, pero subordinado. El debate hoy es fundamentalmente moral y político, no técnico. Se trata, como escribió Lucía Santa Cruz, de “legitimar moralmente las distintas propuestas, dentro de una visión global respecto de cómo queremos que sea nuestra sociedad”.

Por cierto, un debate sobre la legitimidad no se debe confundir con una crisis de legitimidad. Leonidas Montes presentó en Enade interesantes datos que reflejan una satisfacción general con varios aspectos de nuestro orden económico. Y nuestras instituciones funcionan bien en comparación con otras democracias en forma. Por lo demás, no sería razonable reemplazar el debate noventero del desarrollo por el debate sesentero de las utopías fracasadas. Hoy, la pregunta es más matizada. No hay duda de que en el campo de la legitimidad nuestro orden económico y político aparece más cuestionado. Tampoco hay dudas de que ha permitido estabilidad, la transición a la democracia e innegables progresos materiales. Y, a diferencia de los 60, no creemos en las promesas utópicas. La pregunta está abierta.

La tarea es articular una visión de sociedad capaz de resolver el problema de la legitimidad, preservando aquellos aspectos de nuestra sociedad que son deseables. Esto debe incluir reformas políticas y, en particular, al sistema electoral binominal -que hace fácil cuestionar la legitimidad democrática de buena parte de los parlamentarios-, evitando embarcarse en aventuras refundacionales. En el ámbito del mercado se debe poner énfasis en el “juego limpio” y en las condiciones de movilidad y seguridad social. Sobre todo esto, derecha e izquierda tendrán distintas interpretaciones. Por ahora, basta con plantear el problema.

Francisco Javier Urbina
Abogado