El sistema bicameral es la mejor opción

DESDE los albores de la República, Chile ha tenido un Congreso formado por dos cámaras. Ahora, y sin ningún fundamento de peso, esta larga tradición pretende ser cambiada por un grupo de diputados que ha presentado un proyecto para reemplazar nuestro actual Congreso bicameral por uno unicameral, eliminando al Senado. Si bien hay razones a favor de ambas modalidades de organización, sería conveniente saber cuáles son las que justifican proponer este cambio, ya que, en mi opinión, los fundamentos del bicameralismo están plenamente vigentes y son hoy más necesarios que nunca.

Un Parlamento bicameral permite una discusión o debate más acucioso de los proyectos de ley, favoreciendo la reflexión y el entendimiento. Esta ventaja es obvia y la experiencia legislativa chilena demuestra que es necesario mantener esta característica.

¿Qué hubiese ocurrido con el proyecto de reforma tributaria si la Cámara de Diputados hubiese sido la única instancia? ¡Si el proyecto corregido es malo, como sería haberlo aprobado con extrema urgencia y sin cambiarle el corazón, como pretendía el ministro de Hacienda!

El sistema bicameral, al tener cámaras elegidas por períodos distintos, representando territorios y poblaciones distintas, modera las mareas electorales y otorga al Congreso una sintonía más fina con la realidad del país en su integridad, más que con la temperatura del mundo político del momento.

La configuración de dos tipos de cámaras ayuda también al entendimiento, como lo explica el constitucionalista Alejandro Silva Bascuñán:  “…Si se pone al frente del gobierno una sola asamblea, se agudizan los conflictos, hasta llevarlos a la crisis del sistema o a la dimisión de uno u otro de los cuerpos en pugna, mientras que siendo dos las cámaras, son fáciles las soluciones de contemporización o se hace difícil concebir que la concordancia de ambas ramas no exprese también el sentir nacional, que los otros órganos del Estado tendrán que respetar”.

Quienes proponen estas reformas lo hacen más bien por consignas que por un estudio profundo y orgánico de la institucionalidad del país, cuyo entramado es clave para promover el desarrollo y la estabilidad política que lo permite.

Esto queda palmariamente demostrado cuando, por ejemplo, no se advierten  los problemas que tendría un presidente para gobernar con un Congreso unicameral si hay mayoría opositora. Hoy existe al menos la posibilidad de evitar un potencial chantaje por la vía de recurrir al apoyo de la otra cámara.

La propuesta de eliminar el Senado como solución a los problemas de eficiencia del proceso legislativo confunde, además, las causas con los efectos. Lamentablemente, en la práctica los parlamentarios han ido desnaturalizando el rol de cada corporación: los diputados no cumplen a cabalidad con fiscalizar los actos del gobierno y controlar el gasto público y a veces el Senado no cumple con su rol de dar la profundidad requerida al debate político.

Afortunadamente para el conjunto del país, la Constitución requiere un porcentaje alto de parlamentarios para aprobar reformas a esta parte de nuestra institucionalidad (ahora valoramos los vilipendiados quórum). Sobre todo, porque con esta reforma comenzamos a ver lo que puede significar la retroexcavadora aplicada a nuestra institucionalidad vigente.

Jovino Novoa
Presidente de la Fundación Jaime Guzmán