Enajenaciones con sentido

SEMANAS atrás el gobierno anunció que enajenaría las acciones que posee en Essel (46%), Essbio (45,28%), Aguas Andinas (35%) y Esval (29%). Con la recaudación esperada -el equivalente de unos mil seiscientos millones de dólares- se financiaría gasto público, lo que generó de inmediato una reacción negativa de la oposición política. Se argumentó, entre otras cosas, que el gobierno lo hacía por motivos ideológicos, que el uso del dinero a recibir no estaba claramente definido, que la operación requeriría de la aprobación del Congreso, y que era un mal negocio, dado que las empresas gozaban de alta rentabilidad.
¿Será cierto que la operación tiene un fin ideológico y que es un mal negocio?
Como el Estado es socio minoritario, algunos argumentan que las empresas ya fueron privatizadas. En este caso, a primera vista, se trata de una simple enajenación de activos prescindibles. Bien administrada -sin duda que hay que subrayar esto- la enajenación le dará al Estado un activo (caja) de valor presente equivalente a la riqueza representada por sus acciones. Como estas empresas tienen buenas rentabilidades, el precio de las acciones será correspondientemente elevado. La enajenación misma tendrá un efecto riqueza neutro.
No obstante, los joint ventures sanitarios facilitan la búsqueda de rentas, dado que tarde o temprano el socio privado utilizará al socio oficial para lograr mejores tarifas y otros beneficios regulatorios y, si hay pérdidas, para presionar por socializarlas. Por ello, la enajenación propuesta es socialmente muy conveniente y no tiene nada de ideológico.
Pero también se podría argumentar, como lo hacen algunos, que los paquetes accionarios en poder del Estado son lo suficientemente importantes para que los representantes oficiales tengan influencia en las decisiones de los directorios. Es decir, la venta propuesta sería la privatización. En este caso, se sumarían a las mayores facilidades de búsqueda de renta ya mencionadas aquellas consideraciones -descritas en la literatura del agente/principal y reveladas en los estudios empíricos correspondientes- que llevan a la conclusión de que las empresas públicas son generalmente más ineficientes que las privadas.
Existe en el sector público un peor monitoreo de la administración de sus empresas, hay falta de incentivos adecuados (menos importante en casos de joint ventures), y existe la imposibilidad de takeovers, un medio especialmente idóneo para disciplinar la administración de las firmas. En el caso particular de empresas sanitarias, estudios clásicos como los de W. Mark Crain and Asghar Zardkoohii (1978) y W. Douglas Morgan (1977) confirman empíricamente lo anterior. Se concluye, entonces, que la enajenación propuesta por el gobierno es aún más justificada si se considera que ella es la privatización.
No obstante, sería ingenuo no reconocer que las sanitarias privatizadas, que son monopolios naturales, sólo operarán en forma socialmente óptima si la calidad del diseño y del manejo regulatorio es el adecuado. En Chile éste se puede y se debe mejorar. En efecto, es preciso estudiar la conveniencia de hacerlo antes de enajenar las acciones aún en manos del Estado.