Es esencial mejorar la calidad de los servicios públicos

Los datos entregados por la Superintendencia de Salud, según los cuales se han duplicado los reclamos de los usuarios de Fonasa en los últimos cinco años, son un ejemplo del tipo de problemas a los que el próximo gobierno debiera prestar especial atención, en cuanto dan cuenta de la insatisfacción de los ciudadanos con la calidad de algunos servicios públicos esenciales, lo que afecta directamente su calidad de vida.
La entrega de información como esta, uno de los avances logrados con la reforma a la salud de 2005 al someter al sistema público y privado a una única Superintendencia de Salud, tiene un gran valor, pues permite al Estado conocer de los propios ciudadanos en qué áreas están recibiendo un servicio que no cumple a cabalidad con sus expectativas, para focalizar allí sus esfuerzos.
El informe también revela un aumento importante en las quejas de los usuarios del sistema privado. No obstante, aquí existen mayores posibilidades de premiar y castigar a los prestadores de servicios, en la medida que los usuarios pueden cambiarse de isapre, alternativa que no está a disposición de quienes se atienden en el sistema público.
Es en temas como estos donde  el futuro gabinete deberá mostrar su capacidad de gestión, de lo que dependerá el apoyo popular que vaya obteniendo. En el caso de la salud, por ejemplo, un aspecto que deberá ser abordado es el desfase entre el aumento del número de enfermedades cubiertas por el Plan Auge y la capacidad real del sistema público para atender a los pacientes con los estándares de calidad prometidos.
También parece conveniente abrirse a la posibilidad de introducir algún nivel de competencia en el sistema público, entregando opciones de atención a los usuarios y generando incentivos para beneficiar a quienes se desempeñan en los servicios que muestran la preferencia del público. Para que esta competencia sea posible, un paso requerido es avanzar en el modelo de autogestión de los hospitales públicos -otro aspecto incluido en la reforma de salud-, para que éstos puedan administrar libremente sus recursos en función de sus necesidades y condiciones específicas, así como también es necesaria la construcción de más y mejor infraestructura. Desde luego, difícilmente habrá progreso en estas materias si se mantiene el veto que suelen tratar de imponer los gremios de la salud respecto de las reformas requeridas, que estiman contrarias a sus intereses y que quedan así por encima de lo que beneficia a los usuarios.
La preocupación por mejorar las formas en que el Estado atiende las necesidades de la población debe extenderse también a otras áreas en las cuales la próxima administración ya ha despertado grandes expectativas, y respecto de las cuales también los gobiernos de la Concertación han mostrado importantes falencias. La educación es una de ellas, y allí también parte de la solución pasa por tratar problemas ampliamente diagnosticados, como las rigideces que impone el Estatuto Docente, la reticencia del gremio de profesores a mecanismos de evaluación sobre el desempeño de los maestros, la baja calidad de la formación que imparten las escuelas de pedagogía o la rigidez de planes y programas de estudio, entre otros.
Asimismo, el aumento de la delincuencia es un área que afecta crecientemente a la ciudadanía y allí es claramente el Estado el responsable de encontrar soluciones, tanto en el ámbito estrictamente policial (aumentando los recursos y las capacidades técnicas de las policías) como en el judicial (con normas que enfrenten la denominada "puerta giratoria" en tribunales y la construcción de más y mejores cárceles concesionadas).
El avance hacia la solución de problemas que afectan negativamente las condiciones de vida  de los chilenos y que tienen como una causa común los problemas de gestión del  aparato público, es uno de los principales desafíos que los chilenos esperan ver resueltos por el futuro gobierno.