Estándares editoriales

LA PUBLICACIÓN de las comunicaciones privadas de un diputado de la República por parte de una agencia informativa y de un medio digital, reabrió el debate sobre los límites de la información y la responsabilidad periodística.

Se trató, evidentemente, de una injustificada violación de las comunicaciones personales, sin ningún antecedente de interés público que pudiese justificar su conocimiento por parte de la opinión pública.

Más allá de las responsabilidades legales que la Justicia pueda determinar, el hecho debe motivar, una vez más, una reflexión de la ciudadanía sobre la responsabilidad de los medios de comunicación y las exigencias que las propias audiencias consideran al momento de depositar su confianza sobre determinadas informaciones.

En este sentido, cabe valorar la existencia de medios que cuenten con estándares editoriales conocidos, declaración de intereses de sus principales controladores y normas de tratamiento frente a eventuales conflictos de interés por parte de sus controladores, ejecutivos y plana periodística, tal como ocurre con la empresa que edita este periódico.

Las nuevas tecnologías de la información han posibilitado un acceso creciente a emisores y receptores de contenidos noticiosos, pero prácticas como la ocurrida con esta publicación de comunicaciones privadas dejan en evidencia la presencia de actores muy distintos, tanto en calidad de sus informaciones como en confiabilidad de las mismas.