Estatuto Pyme: qué es y cómo funciona la ley que ilusionó a los pequeños empresarios

Durante el primer mandato de la Presidenta Michelle Bachelet se aprobó una ley que ilusionó mucho a las empresas de menor tamaño (EMT): la Ley 20.416, más conocida como Estatuto Pyme. La normativa se impulsó con la finalidad de fijar normas especiales para las EMT, reconociendo que los requerimientos y necesidades de las pymes eran distintos de los de las grandes compañías.

Pero, ¿qué es efectivamente el Estatuto Pyme? ¿qué medidas contempla? ¿cuáles son sus facultades? y, principalmente, ¿qué efecto tiene en la tramitación de proyectos de ley que afectan a las pymes? Interrogantes aún presentes respecto de una normativa que ilusionó a los emprendedores pero que, según ellos, no ha entrañado cambios significativos.

La Ley 20.416, que fija reglas especiales para las empresas de menor tamaño, fue promulgada el 13 de enero del 2010 y publicada el 3 de febrero del mismo año. Su objetivo central era "facilitar el desenvolvimiento de las empresas de menor tamaño, mediante la adecuación y creación de normas regulatorias que rijan su iniciación, funcionamiento y término, en atención a su tamaño y grado de desarrollo".

Este punto es clave, pues está directamente relacionado con las críticas que realizan los pequeños empresarios, quienes sostienen que la normativa no tuvo incidencia alguna en la tramitación de proyectos como la reforma tributaria, y que tampoco la ha tenido en la discusión de la reforma laboral.

Impacto limitado

"Pareciera ser que el único efecto positivo ha sido el reconocimiento de que las pymes funcionan de forma distinta a otras empresas de mayor nivel, pero nada más", critica Juan Pablo Sweet, presidente de la Asociación de Emprendedores de Chile (Asech).

Según el Ministerio de Economía, la normativa no tiene incidencia en la tramitación de proyectos como el tributario o laboral porque "no incorpora los proyectos de ley, sólo se refiere a normas dictadas por la administración, como decretos, reglamentos, instrucciones, resoluciones y circulares, entre otros". Es un punto del que no se tiene gran conocimiento.

El diputado y miembro de la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados, Patricio Vallespín (DC), asegura que "el Estatuto Pyme efectivamente ha entregado un marco de referencia para ahondar en las materias que pudieran afectar a las empresas de menor tamaño de forma pertinente. El proyecto de reforma laboral, por ejemplo, sí incorpora consideraciones en las que se contempló la distinción que el Estatuto presenta".

El Estatuto Pyme se fijó entre sus objetivos avanzar en simplificaciones y normas que favoreciesen el desarrollo de las EMT. Un ejemplo de esto es el incentivo a la formalización mediante permisos o autorizaciones provisorias de funcionamiento, autorizaciones o un permiso sanitario inmediato, otorgamiento de patentes provisorias, etc. Todo esto de la mano de un nuevo enfoque fiscalizador, bajo el cual las EMT tienen una mayor seguridad frente a posibles multas por incumplimientos.

Consejo consultivo

La normativa incorporó además la creación del Consejo Consultivo de la Empresa de Menor Tamaño (CNCEMT), cuya función es asesorar al Ministerio de Economía "en la proposición de políticas y coordinación de esfuerzos de los sectores público y privado, destinados a promover una adecuada participación de las empresas de menor tamaño en la economía nacional".

Dicha entidad es liderada por el ministro Luis Felipe Céspedes y está formado por 15 personas vinculadas a las empresas de menor tamaño. Entre ellos hay representantes de Corfo, ProChile, Sercotec y de los gremios que reúnen a las empresas de menor tamaño.

El rol de las pymes en este consejo es uno de los puntos que más confusión ha generado.

En una reciente entrevista con La Tercera, Enrique Román, asesor económico de Corporación Nacional de la Pequeña y Mediana Empresa, manifestó que en este consejo las pymes deberían analizar los posibles impactos de las reformas en tramitación, y que eso no ha sucedido.

Desde Economía precisan que este consejo es una instancia de participación público-privada de análisis, generación de propuestas y difusión de políticas públicas para las MIPYME.

Dentro de las funciones de la entidad está, primero, evacuar consultas, sugerencias, observaciones o proposiciones, respecto de materias de competencia del ministerio de Economía relacionadas con las empresas de menor tamaño. En segundo lugar, proponer al ministerio estrategias que permitan potenciar la debida coordinación de las políticas y acciones sectoriales de apoyo a las empresas de menor tamaño. Finalmente, busca asesorar a la cartera para que, en colaboración con los ministerios sectoriales, se dé cumplimiento a las políticas y planes focalizados en empresas de menor tamaño, principalmente.

"En un momento pensamos que se consideraría este Estatuto Pyme en la discusión de la reforma laboral, pero no ha sido así. Eso lo hemos dejado muy claro en las presentaciones que realizamos frente a la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Las sesiones del consejo asesor, en cambio, sí se han realizado (…) allí funcionamos bajo cinco mesas de trabajo sobre: financiamiento para las Mipyme, capacitaciones, innovación, fortalecimiento de mercados y marcos regulatorios, principalmente", cuenta Rafael Cumsille, representante de las pymes en el Consejo Consultivo.

Deuda

"Creíamos que tendría un efecto. Lo más importante del Estatuto Pyme es que reconoce que hay que tratar a las empresas de acuerdo a su tamaño y desarrollo. Eso fue un gran avance para nosotros y nos ilusionó con que las cosas cambiarían. Pensamos que nos tratarían de forma distinta y no como si fuéramos la Coca Cola. Pero no ha pasado nada de eso, nada", lamenta José Luis Ramírez, secretario general de la Unión Nacional de la Micro, Pequeña, Mediana Empresa.

"Todo lo relacionado al Estatuto Pyme ha sido muy importante para dialogar y para hacer contactos con las demás instituciones, pero en cuanto a los proyectos de ley, eso es algo que está pendiente. Hace un tiempo se hablaba de crear un Estatuto 2.0 para ampliar su impacto, porque no ha tenido el efecto que se esperaba, o al menos eso queremos creer los dirigentes de los gremios", finaliza Cumsille.

"Siento que hay que asumir que el Estatuto Pyme fue un marco legal que contenía, al momento de su creación, lo que se consideraba pertinente incorporar en relación a las pymes", reflexiona el diputado Vallespín. "De igual forma creo debemos generar un Estatuto Pyme bastante más integral, más sólido y con más instrumentos de incentivo. Actualizándolo, enriqueciéndolo e innovando el Estatuto podremos avanzar en materia de competitividad", añade el legislador.