Estudio UC afirma que Chile gasta US$ 376 millones anuales por delitos ligados a drogas

Los tres vivían en Chillán, pero viajaban a Santiago para obtener la droga. El jueves de la semana pasada, el gerente de una automotora de esa ciudad, un ex carabinero y un ex detective fueron formalizados por infracción a la Ley de Drogas, luego de que se les incautaran 140 gramos de cocaína de alta pureza.

Lo que gastó el Estado en su detención, en la audiencia en el Tribunal de Garantía y en la investigación por parte del Ministerio Público, es parte de los costos directos que deben destinar las autoridades por delitos asociados a las drogas. Pero hay más: están los costos indirectos, que son millonarios.

Un estudio del Instituto de Sociología de la Universidad Católica, realizado por el investigador Matías Fernández, calculó cuánto le cuestan al país los delitos asociados a los estupefacientes.

A 2011, estos costos corresponden a US$ 376,4 millones anuales, por una tasa de ajuste del 7% anual. Recursos con los que, por ejemplo, podrían construirse 194 de los liceos de excelencia que anunció el Ministerio de Educación.

Las drogas consideradas fueron cocaína, pasta base y marihuana, debido a su prevalencia en el país.

De acuerdo con el estudio, un 36% del costo total corresponde a delitos directamente asociados a infracciones a Ley de Drogas: US$ 135,5 millones anuales.

Esto incluye la labor policial, de las fiscalías, defensoría y los tribunales. El autor del estudio explica que esto se calcula tomando en cuenta el presupuesto de cada institución y la complejidad de la operación efectuada.

Dice que, por ejemplo, en el caso de Carabineros, se calcula del 100% de detenciones qué porcentaje se produce por infracción a Ley de Drogas. Una vez obtenido este porcentaje, se pondera o multiplica de acuerdo con la dificultad de esa captura. Esto último se obtiene calculando cuánto duró el proceso judicial posterior. Sostiene que en los casos de Ley de Drogas, la media de dificultad es mayor que en un robo simple y menor que en un homicidio.

Costos indirectos

Sin embargo, de acuerdo con el estudio, los principales costos asociados a las drogas se vinculan indirectamente con el tráfico y consumo. Por ejemplo, personas que hayan robado o cometido homicidios para poder drogarse. Corresponden a un 64% del total: US$ 240,9 millones anuales.

Los delitos contemplados en esta parte del estudio son robos simples, robos con violencia, delitos sexuales y homicidios, donde las drogas tengan presencia.

Otro de los aspectos considerados en esta parte del estudio fueron las pérdidas de productividad, asociadas a los delitos vinculados con las sustancias ilícitas. Esto contempla la remuneración que podrían obtener los presos si estuvieran trabajando.

Para obtener ese monto se consideraron como variables el sexo y nivel de escolaridad de los presos.

De acuerdo con el estudio, estas pérdidas de productividad alcanzan a un 29% del total. Es decir, a US$ 109 millones al año.

Al desagregar estas pérdidas por tipo de droga, el estudio arroja que un 53% corresponde a pasta base, un 29% a cocaína y un 18% a marihuana.

Efecto de la pasta base

Otro de los resultados es que, si bien en los costos directos la cocaína lidera la desagregación por drogas (49%), no ocurre lo mismo con los costos indirectos. Allí, un 64% se debe a la pasta base.

El autor explica que esto se debe a que "los costos directos un poco reflejan la disposición del Estado a sancionar" un delito, por lo que considera los ilícitos por Ley de Drogas.

En los costos indirectos, la pasta base se dispara.

Fernández explica que este mayor porcentaje asociado a la pasta base puede corresponder al "efecto que tiene sobre el comportamiento", que genera que los autores de los ilícitos actúen con un mayor grado de violencia.

Precisa que la proyección de datos toma como referencia antecedentes disponibles desde 2006, donde los costos calculados correspondieron a US$ 268,4 millones.

Acerca de la validez de la proyección precisó que los costos actuales podrían ser aún mayores, debido a la aplicación de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, entre otras variables a considerar.