Expertos advierten por "excesivas atribuciones"

"No estoy nunca de acuerdo con las medidas intrusivas en una investigación administrativa. No debieran tener facultades que les permitan afectar los derechos de las personas", dice Olga Feliú, presidenta del Colegio de Abogados, sobre las nuevas atribuciones que tendría el fiscal de la futura Comisión de Valores y Seguros (CVS).

Y esa opinión se repite en los expertos consultados. "Lo que se consigue con estas medidas, son directores y ejecutivos más temerosos de lo que dicen y lo que hacen, más que preocupados por mejorar el gobierno corporativo de sus empresas", apunta Juan Carlos Hayes, experto de Hayes & Co., quien agrega que para erradicar las malas prácticas, se requiere de un cambio cultural,

"Hay que hacer entender, y para eso el Estado tiene una serie de medidas, como el incentivo a un mejor gobierno corporativo, o motivar la responsabilidad social. Y eso, al final les hace ganar a todos", recalca.

Más enfático, Alfredo Enrione, docente de gobiernos corporativos en la Universidad de Los Andes, dice sentir una preocupación por la idea generalizada de "criminalizar prácticas que normalmente han estado en el ámbito de lo civil. Entiendo las presiones políticas que pueden tener los reguladores ante casos de connotación pública, pero no comparto una 'doctrina' de la penalización del mercado de valores", asegura el experto.

En el mismo sentido, Hayes dice que con este tipo de medidas, "se parte desde la premisa que todos los empresarios, directores y ejecutivos andan pensando cómo hacer el mal todo el día".

Mirar hacia adentro

Uno de los que estuvo en la comisión de expertos que recomendó las herramientas persecutorias para el nuevo fiscal, el ex superintendente de Valores y Seguros, Fernando Coloma, y quien de hecho fue el impulsor de la CVS en 2013, asegura que las indicaciones anunciadas ayer marcan un hito importante y "revela el interés de sacar esto cuanto antes".

Además, indica que "es bueno fortalecer los gobiernos corporativos de un mercado con el volumen que se ha ido adquiriendo, con complejidades. Pero creo que fortalecer el gobierno de la superintendencia también es importante. Cuando me tocaba hablar de las falencias del gobierno corporativo en el mundo privado, decía que hay que mirar para adentro y mejorar nuestro gobierno corporativo como superintendencia, eso era relevante y se está haciendo", dijo ayer al finalizar la ceremonia de firma de las indicaciones.

Con un juez mediante

Pero una de las principales preocupaciones que tenían los expertos, era que, en las nuevas atribuciones del fiscal, exista la intermediación de un tribunal, hecho que ayer fue corroborado por el gobierno.

Para la abogada Olga Feliú, "cualquier facultad, siempre que se dote a un órgano del Estado y que afecte los derechos de las personas, requiere, de manera indispensable, de una autorización de un tribunal que dé lugar a ello".

Además, agrega que es la propia Constitución la que consagra ese derecho. "El Ministerio Público tiene el monopolio de las investigaciones. A ningún órgano del Estado se le puede dar facultades para investigar delitos, aquí estamos en un terreno fronterizo en administrativo-delictual, porque este proyecto y otras leyes, sancionan también materias que sanciona la SVS y lo hacen con carácter de delito".