Expertos plantean sistema único de crédito para educación superior asociado a ingresos de deudores

Correctos incentivos, más eficiencia y sobre todo ingeniería financiera. Así resumen los expertos el menú para mejorar el cuestionado sistema de financiamiento a la educación superior en Chile y que ha vuelto al ojo del huracán tras las protestas estudiantiles y la decisión del gobierno de rediseñar los actuales programas de crédito.

En general, los especialistas coinciden en que la mejor forma de potenciar este sistema es fusionar y crear un programa de financiamiento universal, con tasas de interés iguales o menores al 4% anual y con créditos contingentes al ingreso de los deudores, que incentiven la recuperación de los recursos y eviten altas tasas de incumplimiento, entre otras propuestas.

En Chile existen tres sistemas de financiamiento para la educación superior: el Fondo Solidario, que favorece a quienes se integren a las 25 universidades tradicionales; el Crédito con Aval del Estado (CAE), que apunta a estudiantes de bajos ingresos de cualquier institución superior, y el Crédito Corfo, que también incluye financiamiento privado para estudios de posgrado y que ofrece una tasa de interés muy superior a las anteriores.

En sus anuncios de esta semana el Presidente Sebastián Piñera dijo que promoverá una reducción de la tasa de interés del CAE, a cifras cercanas al 4% en un año normal, permitiendo una rebaja del monto de las cuotas de pago y una suspensión de éstas en casos de desempleo. Adicionalmente, informó que convocará a un grupo de trabajo para proponer un nuevo sistema que reemplace al CAE "por uno más justo y eficaz" y mencionó que rediseñará el Fondo de Crédito Solidario, "para potenciar su recuperación y destinar esos recursos a nuevas becas, y reprogramar a los 110 mil deudores morosos, para permitirles reiniciar sus pagos y salir de Dicom".

"Ninguno de esos dos fondos de crédito funciona muy bien (…). Hay que converger a la larga a un solo sistema de crédito", sentencia el economista del Centro de Estudios Públicos (CEP), Harald Beyer, quien afirma que hay que buscar el equilibrio entre subsidios del Estado y recuperación de los recursos entregados.

Beyer sostiene que el CAE, por ejemplo, tiene deficiencias que lo hacen caro para el Estado y para el estudiante. Según datos del Ministerio de Educación, el sistema ha licitado créditos provenientes de la banca con aval del Estado a tasas cercanas al 6% anual durante los últimos cinco años y donde el Fisco ha debido no sólo comprar cartera, sino también ofrecer sobreprecios a las instituciones privadas para asegurar la entrega de financiamiento. Debido a este modo de operación y un mayor número de deudores (más de 250 mil a la fecha), el costo para el Fisco ha subido desde US$ 16 millones en 2006 a US$ 401 millones hacia el 2010.

"El CAE tiene problemas de ingeniería financiera", añade Beyer, quien estima necesario aplicar un crédito que se pague de acuerdo al ingreso del egresado, con límites de condonación más amplios a los que ofrece actualmente el Fondo Solidario (12 y 15 años) y una tasa bajo el 4% anual, de modo de mejorar la recuperabilidad de los recursos prestados y bajar la carga para el deudor. Si bien en la actualidad no existen datos de incumplimiento para el sistema CAE, se estima que en el Fondo Solidario dichas tasas bordean el 50%.

"Una tasa de recuperabilidad mayor se logra con este crédito contingente al ingreso (que actualmente es de 5% para el caso del Fondo Solidario). Uno bien diseñado te dice que en los años malos le cobro menos que la tasa promedio y en los buenos un poquito más. Eventualmente, le alargo también el plazo de pago", añade Beyer, quien destaca que la cobranza de este tipo de sistema en otros países del mundo la realiza el Servicio de Impuestos Internos.

Actualmente, el Fisco no puede cobrar los créditos, porque esa función está en manos de los bancos. Además, si el egresado no paga sus obligaciones, el Estado debe reembolsar a los bancos el 90% del crédito, sin considerar los intereses futuros, lo que para el Banco Mundial es una estructura "perversa, ya que los bancos se benefician de los peores escenarios para el Estado". Es decir, mientras más rápido entre en incumplimiento el deudor, más rápido le llegará a al banco la garantía del Fisco.

El economista y académico de la UC Ricardo Paredes coincide en que se debiera unificar el sistema de créditos, mejorando su cobertura y focalizando el número de becas a buenos estudiantes que busquen entrar a carreras meritorias. "Las tasas de deserción (de los estudiantes) son mayores cuando las personas reciben becas que cuando reciben créditos", afirma.

Paredes cree que el sistema de financiamiento común debe materializarse a tasas de interés más bajas, con un mecanismo de información para los estudiantes más profundo y una mayor competencia en la oferta de créditos desde las instituciones privadas.

En este sentido, Alejandra Contreras, directora del Sistema de Crédito de Estudios Superiores, Ingresa, plantea que una forma de mejorar la competencia es incorporar a las cajas de compensación y las compañías de seguros a la oferta de créditos, y reducir las exigencias de uso de capital para estos créditos, acorde al nivel de garantías que ellos tienen.

"Además, hay que aumentar los niveles de información disponible. Hay escasa información relativa a aranceles y la futura capacidad de pago con que cuenta el tomador de crédito al momento de endeudarse" afirma.

Verónica Santelices, economista y experta en educación de la UC, dice que no existen argumentos financieros para tener el CAE y el Fondo Solidario separados, y cuestiona el alto riesgo y el costo fiscal que evidencia el primero. "En la actualidad, el gobierno participa activamente de la licitación de créditos y en ocasiones debe subsidiar la tasa que se cobra a los alumnos y/o comprar parte de la cartera de créditos, situación en la que idealmente no quisiera estar. El costo de dicha ayuda es aún mayor si el crédito no se paga, o sea, si hay tasas de incumplimiento altas. Entonces, en la práctica el gobierno, en vez de créditos, termina entregando becas a un grupo que quizás nunca pensó en beneficiar con becas", asegura.

Precisa que la tasa de interés con que se prestan los fondos del CAE hace pensar que el proyecto tiene riesgos mayores a los esperados, pese a que se ponen una serie de garantías. "El proyecto tiene riesgos y están dados porque el alumno no termine la carrera, porque el alumno termine la carrera con un título que no sirve mucho en el sentido que el mercado no se lo valora o porque el alumno no encuentre trabajo con un salario relevante o acorde a la tasa que va a tener que pagar", explica.

Pero la especialista va más allá y cree que el problema de fondo es la calidad de la educación que se entrega a alumnos más pobres. "Eso te pone la voz de alarma en la calidad y sugiere que las instituciones de educación superior deberían compartir mayor parte del riesgo, tienen que ser más partícipes de los riesgos que incluye el proyecto", afirma.

"Un ingeniero de la Universidad del Mar no va ganar lo mismo que un ingeniero de la Universidad de Chile y no va a encontrar trabajo igual de rápido. (…) Hoy las instituciones no enfrentan incentivos suficientemente fuertes en el sistema de acreditación ni en el sistema de financiamiento para entregar un servicio de calidad que prepare al alumno para, efectivamente, insertarse en el mercado laboral. La vara debería ser muy alta en términos de calidad, tanto para públicas como para privadas", sostiene.

Juan Pablo Valenzuela, del Centro de Investigación Avanzada en Educación de la Universidad de Chile, coincide en que se debe tener una acreditación a programas de las instituciones de educación superior más exigentes, de modo de mejorar la calidad.

"Es bueno que se apunte el crédito y subsidios a programas exigentes en calidad. Cuando se pone plata del Estado, uno no se puede farrear la posibilidad (…). Además, uno debería ir hacia un sistema algo así como CAE II, que sea relativamente homogéneo, porque si no lo que tienes son estudiantes de primera y segunda categoría", concluye el especialista, quien opina que una tasa razonable para este tipo de financiamiento debiera acercarse a la de un crédito hipotecario.