Falta de transparencia en las universidades estatales

UN ESTUDIO elaborado por el Consejo para la Transparencia estableció la semana pasada que las universidades estatales sólo cumplen en promedio con un 20% de las normas de transparencia que la ley les exige, reprobando 15 de los 16 ítems en que fueron medidas. La situación es preocupante, porque demuestra un escaso interés en estos planteles por transparentar su gestión y rendir cuenta de su funcionamiento a la ciudadanía. Una muestra de ello es que algunos directivos universitarios, en lugar de reconocer las falencias que presentan sus planteles, optaron por cuestionar la calidad de la información y manifestar su molestia por el hecho de que se hiciera público en estos momentos.
El estudio destaca que ninguna de las universidades ha dado a conocer sus auditorías y apenas un 24,9% publicó datos respecto al personal y las remuneraciones que reciben. Resulta paradojal que las mismas instituciones que actualmente le exigen al Ejecutivo que transparente el tema del lucro en el sistema de educación superior y la entrega de fondos que reciben las entidades privadas, no cumplan la ley en este sentido.
Es contradictorio que en la discusión presupuestaria los planteles estatales estén solicitando aumentos de los aportes de fondos desde el Estado, cuando no parecen estar dispuestos a que exista un control sobre la forma en que administran sus recursos, que pertenecen a todos los chilenos. La autonomía académica que poseen estos planteles tiene como objetivo promover que cumplan con excelencia en la enseñanza de sus alumnos y en la generación de conocimiento, y no debe ser esgrimida como una excusa para considerarse exentos del escrutinio a su gestión.
Un ejemplo de esto es el caso de la Universidad de Chile, plantel que en 2009 se negó a entregar información solicitada por un alumno, quien posteriormente recurrió al Consejo para La Transparencia, entidad que en abril del año pasado le exigió a la casa de estudios publicar los datos requeridos. Esta se opuso a la resolución e interpuso un recurso ante la justicia primero y luego ante el Tribunal Constitucional para evitar la medida. En ambas instancias el resultado le fue adverso. Si bien aún falta el pronunciamiento de la Corte Suprema,  es poco probable que ésta altere el dictamen. La actitud de las autoridades de la U. de Chile de poner trabas para cumplir con lo que exige la ley y criticar los fallos que la afectan, es inapropiada. Primero, porque envía una mala señal al país y a sus alumnos, colocando en tela de juicio la obligación que tienen tanto los ciudadanos como las instituciones, públicas o privadas, de cumplir con el ordenamiento jurídico. Segundo, porque con su postura está afectando la imagen y el prestigio de la Universidad de Chile, situación que puede ser perjudicial en un momento en que existe un éxodo importante de alumnos desde los planteles tradicionales debido a la desmejorada situación en que se encuentran tras seis meses de paros y movilizaciones estudiantiles.
Lo que cabe ahora, tal como establece la ley y lo han afirmado el Consejo para la Transparencia en el caso de las universidades estatales, y también la Corte de Apelaciones y el Tribunal Constitucional en el de la U. de Chile, es que estas instituciones reconozcan su calidad de organismos públicos (que esgrimen, por lo demás, para solicitar mayores aportes financieros desde el Estado) y se sometan a los criterios que rigen a las entidades públicas en materia de transparencia.