Fiscalía investiga contratos tras aluvión en Punta Arenas

La Fiscalía Regional de Magallanes investiga hace siete meses la eventual existencia de cuatro delitos en torno a la contratación de la empresa Rayen SPA, por parte del gobierno regional de Magallanes, para la limpieza y despeje de las calles de Punta Arenas, luego del aluvión que afectó a esa ciudad el 12 de marzo de este año. Según explicó el fiscal regional, Juan Agustín Meléndez, las líneas investigativas buscan aclarar "la eventual existencia de tráfico de influencias, malversación de caudales públicos, sobrevaloración y fraude al Fisco".

El caso quedó al descubierto luego que el entonces integrante del Consejo Regional de Magallanes Karim Bianchi, presentara una denuncia ante el Ministerio Público por presuntas "irregularidades en la adjudicación del contrato para ejecutar las obras". Bianchi explicó que "los valores eran elevados y muy superiores a los que se pagaban en el mercado por los mismos trabajos. Además, se trataba de una empresa sin experiencia y las obras no se estaban ejecutando de manera correcta".

En paralelo, la diputada Carolina Goic entregó en abril los antecedentes a la Contraloría para que se investigara la manera en que se adjudicaron $ 974 millones a la empresa de manera directa. En el documento presentado por la parlamentaria el 25 de abril ante la Contraloría de Magallanes planteó que "una emergencia no justifica la ausencia de control y el buen resguardo de los intereses fiscales, especialmente cuando cuesta encontrar una correlación entre las cifras invertidas y los avances registrados".

A esto se suma que el jueves 15 de noviembre el Consejo de Defensa del Estado presentó, dentro de la misma causa, una querella contra cuatro personas. Dos de ellas ex funcionarios del gobierno regional de Magallanes y dos representantes de la empresa Rayen.

Entre los querellados está el ex jefe de la división de Análisis y Control de la Intendencia de Magallanes Luis Sáez, y hombre de confianza del ex intendente Arturo Storaker, a quien La Moneda removió de su cargo en agosto. Contra Sáez el Consejo de Defensa del Estado presentó una segunda querella por su presunta vinculación en una licitación mediante la cual se contrató a una empresa para prestar una asesoría al gobierno regional, para potenciar la imagen "Gore". Esta última irregularidad fue detectada durante la investigación que la fiscalía realiza por el llamado "caso Rayen".

El defensor penal público Juan Ignacio Lafontaine, quien representa a Luis Sáez, afirmó que a su juicio "no hay antecedentes que lo vinculen con el caso y tampoco para que sea condenado en el futuro".

El fiscal Meléndez precisó que continuarán investigando "si habrían existido o no irregularidades en las contrataciones y pagos" y que aún no se ha definido plazo para eventuales formalizaciones. Añadió que en esta causa ha declarado medio centenar de personas, entre ellas el ex intendente Storaker, cuando aún estaba en el cargo.