Fiscalía paraliza caso de cohecho en contra de alcalde de Colina

Sin sanción penal culminó la investigación que durante cuatro años realizó el Ministerio Público en contra del alcalde de Colina, Mario Olavarría (UDI). El edil estaba imputado por el presunto cobro de una coima para facilitar el arriendo de un terreno a una cadena de supermercados.

Sin embargo, ayer la fiscalía decidió paralizar la indagatoria, con la condición de que el alcalde Olavarría firme mensualmente, durante un año, ante el Ministerio Público y cumpla un dictamen de la Contraloría, que le pide la devolución de $ 56 millones por asignaciones fiscales mal percibidas.

Los otros imputados en el caso: Francisco Leyton, gerente de la cadena Tottus; Domingo Soto, ex jefe de gabinete del edil, y el gestor inmobiliario Nabil Mansour también deberán firmar durante un año en la fiscalía y, además, cancelar $ 60 millones (en 13 cuotas) a beneficio de la Municipalidad de Colina.

De acuerdo con la indagatoria, un intermediario habría solicitado el pago de 6 mil UF para facilitar las gestiones del arriendo del terreno y la mitad de ese dinero habría sido traspasado a una cuenta del alcalde.

En una audiencia realizada ayer, el Juzgado de Garantía aceptó la suspensión del caso, entre otros argumentos, por la baja pena a la que se exponían en caso de ser condenados.

El fiscal Mauricio Vergara defendió ayer la paralización de la indagatoria, señalando que "el Ministerio Público ha entendido que estamos en presencia de un delito de cohecho, pero, lamentablemente, en estos casos la pena a que se exponían, en el mejor de los casos, eran 50 días de prisión sin reintegro de dinero".

Agregó que la suspensión del proceso "es un acuerdo entre las partes, no reconocen responsabilidad, sin embargo, ustedes vieron las condiciones que son equivalente a un tipo de sanción criminal".

La abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Alma Sánchez, se opuso al acuerdo entre la fiscalía y los imputados. "Nuestra principal batalla es luchar contra la corrupción". Agregó que no es lo mismo que un delito lo cometa un ciudadano común que un empleado público.

Tras la audiencia, el alcalde Olavarría se mostró satisfecho con la suspensión del caso. "Esta investigación se prolongó por razones políticas. En este caso no hubo acusación, ni juicio, nunca recibí coimas, ni nada". Respecto del dinero que recibió, dijo que se trató de un préstamo de un amigo.

En cuanto al dictamen de la Contraloría, dijo que esos dineros ya fueron restituidos y que no tiene relación con el caso investigado por el Ministerio Público.