Gerente general Transportes Delfos: "Todos los servicios del aeropuerto deben licitarse"

La semana pasada, la Corte Suprema resolvió que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) deberá revisar las bases de licitación por el que fue concesionado el aeropuerto Arturo Merino Benítez (AMB), específicamente lo referido a la potestad del nuevo controlador -que asumirá el 1 de octubre- para elegir por trato directo a las 16 empresas que trabajarán en el terminal ofreciendo servicios anexos, como transporte de pasajeros, comercio, publicidad y custodia.

La solicitud la había planteado el gerente general de Delfos, Patricio de la Fuente, empresa dedicada al transporte de pasajeros terrestre, pero había sido rechazada en primera instancia por el TDLC. De ahí su sorpresa por el dictamen del máximo Tribunal del país. "Es inédito, porque por un lado hay un contrato ya asignado a un nuevo concesionario, y segundo, porque es la misma Corte Suprema la que oficia al TDLC para que revise las bases", comentó De La Fuente.

¿Por qué no está de acuerdo con las bases de licitación?

El aeropuerto, por la condición que tiene, es un monopolio natural y geográfico, por lo tanto todos sus servicios deben licitarse. Con eso se asegura un buen servicio, se adjudica al que ofrece el menor precio y, además, se le proporciona al pasajero una variada oferta.

¿El trato directo no permite eso?

En el trato directo, que se aplica a los 16 servicios que las nuevas bases han liberado de licitación, podrían producir una serie de irregularidades. Por ejemplo, un alza en los precios, como ocurrió en las famosas vías controladas, que son para permitir el acceso a los vehículos de transporte de pasajeros al primer nivel, las que son más caras producto de la subconcesión. En este caso la empresa que está a cargo de la vía controlada tiene las facultades para dirigir la demanda, porque no tiene competencia y el que termina pagando es el usuario.

¿Y esto no se puede fiscalizar?

El Ministerio de Obras Públicas (MOP) dispone de un inspector fiscal para que en el aeropuerto no haya discriminación, y no se comentan actos contra la libre competencia. Sin embargo, en las sentencias que ha dictado el Tribunal de la Libre Competencia, se reconoce que la labor del inspector fiscal es insuficiente para regular este tipo de concesión.

El trato directo se pensó para resguardar la continuidad laboral de los trabajadores de las empresas subcontratistas.

Cuando hay un sólo administrador en el negocio no hay competencia, por lo tanto, las demás empresas tienen que irse y despedir a sus trabajadores. El problema fue la forma en que se hizo este proceso, porque se logró que uno de los cinco participantes en la licitación presentara un valor muy elevado (para dar parte de sus utilidades al Fisco). Eso para el MOP fue un triunfo, pero ese triunfo será a costa de los pasajeros que van a pagar más por los servicios. Eso no habría ocurrido si las bases estuvieran conforme a los preceptos de la libre competencia, ya que habría sido muy aventurado para una empresa ofrecer valores muy elevados si no hubieran estado estas condiciones tan permisivas.

¿Afectará al nuevo controlador?

Puede afectarlo, porque ellos hacen sus estimaciones sobre un tipo de negocios, y si el TDLC cambia el contrato, será otro negocio. El concesionario iba a elegir a sus subcontratistas, y si eso cambia deberá hacer licitaciones.

¿Qué viene ahora?

La próxima semana el TDLC debe dictar el cúmplase de la resolución de la Corte Suprema. Debe escribir este automandato para que emitir la solicitud de consulta. Esto significa que todo subconcesionario o usuario del aeropuerto que considere que ha sido discriminado con las bases, podrá hacer sus descargos.