Gobierno alista cambios para regular multi-RUT y decide no modificar concepto de empresa

Tras casi un año del fallido intento por enviar un proyecto de ley al Congreso, en marzo próximo el gobierno insistirá nuevamente para regular el mal uso de diversas razones sociales por parte de algunas empresas que por esa vía buscan evitar obligaciones laborales y previsionales, de acuerdo con el diagnóstico de la autoridad. Se trata del tercer intento de la actual administración por normar dicha práctica, que se conoce como multi-RUT. Esta vez optó por hacerlo mediante una indicación sustitutiva, que se introducirá al proyecto de ley que modifica el concepto de empresa, cuya revisión está en manos de la Comisión de Trabajo del Senado. Dicho texto data de septiembre de 2006 y surgió como una moción de la Cámara de Diputados.

Si bien en el Ministerio del Trabajo afinan los detalles de la indicación -que tiene plazo para su ingreso al Congreso hasta el próximo 12 de marzo-, la ministra Evelyn Matthei adelanta que el texto tendrá tres grandes líneas: no modificará el concepto de empresa (pese a que el proyecto que está en el Congreso sí lo plantea), propondrá una nueva definición de empleador para los efectos de la dirección (conducción) laboral y contemplaría un mecanismo nuevo -en definición- para el análisis caso a caso de las empresas denunciadas por incumplimiento laboral y/o previsional amparado en la multiplicidad de razones sociales o que presenten irregularidades.

"Lo que va a tratar de establecer esta indicación es efectivamente quién es el empleador. Empleador no es lo mismo que empresa, porque uno puede tener tres empresas distintas, por ejemplo, para pedir un crédito una y fijar las garantías en otra (...), pero si me comporto como el mismo empleador y hay irregularidades, eso es otra cosa", precisa la ministra.

Para la redacción de la indicación, la cartera de Matthei ha trabajado en conjunto con el staff del Ministerio de Economía. Esto, porque en opinión de la autoridad, en el intento por resolver un nuevo concepto de empleador, aun cuando sea desde la perspectiva laboral, también se deben considerar otros aspectos como, por ejemplo, la responsabilidad que compete o no a los accionistas de las sociedades, mayoritarios o no, o el impacto que pudiera tener la medida desde la perspectiva financiera o comercial de la empresa.

Una alternativa que ha considerado el Ejecutivo en este punto es lo resuelto por la jurisprudencia internacional, la que ha señalado que en este ámbito es preciso distinguir el patrimonio de la empresa de lo que es el patrimonio de los socios o accionistas que la conforman, pues eso permite delimitar las respectivas responsabilidades.

Otro punto clave es que al legislar sobre el empleador y no sobre el concepto de empresa, el Ejecutivo evita abrir espacio en el Código del Trabajo para lo que se conoce como negociación colectiva supraempresa o intersectorial, un tema preocupante para el empresariado y rechazado por la dirigencia del sector. En cambio, si se regula sobre el empleador, confirman en el gobierno, se permitiría articular mejores sindicatos o la realización de negociaciones colectivas conjuntas, pero sólo del personal afectado por el uso indebido de varios RUT por parte de un mismo empleador.

A su vez, si bien la idea de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) siempre ha sido descolgar de un cambio a los multi-RUT la posibilidad de la negociación supraempresa, lograr la negociación colectiva conjunta con múltiples razones sociales igual se considera un punto a favor.

La experiencia internacional que ha recogido la autoridad chilena señala que en situaciones de abuso o vulneración de derechos, como resultado, por ejemplo, de la fragmentación de sociedades en perjuicio de terceros, la jurisprudencia comparada ha aceptado la posibilidad de revisar la situación de esas empresas para investigar y determinar si se trata de entidades desvinculadas e independientes o si, por el contrario, constituyen una misma y única sociedad. Ese proceso se conoce como "levantamiento del velo corporativo", y a través de él se pretende descubrir la realidad empresarial que se encubre con la práctica de varios RUT comerciales y simulaciones que generan apariencias societarias ficticias. Así ha sido reconocido por la jurisprudencia de España, Francia y EEUU, dicen en el Ejecutivo.

"Lo que se ha hecho en diversos países es que la autoridad, básicamente, trata de ir a la realidad y ver cómo en lo cotidiano se comportan estas empresas. Si se comportan como un mismo empleador o no se comportan como un mismo empleador", acota Matthei.

A partir de lo anterior es que el gobierno también evalúa instalar un mecanismo de revisión caso a caso, cuando se denuncien incumplimientos laborales y previsionales de la mano de diversos RUT. Para realizar dicha revisión se propondría la creación de un panel o comité de expertos, convocado por la autoridad. "Estamos evaluando un mecanismo que permita ver si efectivamente se están comportando como tres empresas distintas o como un mismo empleador", añade la secretaria de Estado.

No se ha definido, sin embargo, si el panel o comisión inhabilitaría o no la idea original de Matthei de que, en caso de incumplimiento, el trabajador o sindicato pudieran acudir directamente a los tribunales laborales, sin asistir previamente a la Dirección del Trabajo. "Existe la posibilidad de que sean los tribunales, pero también que sea una comisión, porque muchas veces, ver si distintas empresas se comportan de verdad o no como un mismo empleador también tiene relación con el estudio de mercado y de prácticas comerciales y productivas que requieren un análisis más sofisticado, probablemente interdisciplinario, que se podría articular desde aquí", afirma.

El borrador del proyecto original de Trabajo también mantenía las actuales multas a las empresas que usan diversos RUT para evadir normas laborales y previsionales (ver recuadro). La indicación sustitutiva seguiría el mismo criterio. "Más que orientado a las multas, a lo que nos queremos orientar es a restituir los derechos colectivos e individuales de los trabajadores que se han burlado por vía de subdividir una misma empresa", asegura Matthei.