Gobierno anuncia envío de proyecto que reforma sistema de capacitación

UN estudio del sector minero privado comparó cuánta gente se emplea en Chile, en Australia y en Canadá para hacer una obra de similares características. La conclusión es que lo que aquí hacen 30 personas, allá lo hacen diez, dice la ministra del Trabajo, Evelyn Matthei, quien maneja una gruesa batería de cifras y antecedentes para dar cuenta de la importancia de la capacitación como herramienta para aumentar la productividad del país.

A este ámbito le ha dedicado ingentes esfuerzos y luego de casi tres años de trabajo, anuncia que el gobierno se apresta a enviar al Congreso un proyecto que considera un nuevo enfoque para la capacitación, la creación de un consejo fiscalizador independiente y el funcionamiento de consejos de competencias sectoriales, que dependerán del Ministerio de Economía. Para la ministra, la iniciativa permitirá aumentar la productividad y mejorar la equidad y los salarios.

En países como Alemania, Australia, Finlandia y Nueva Zelandia, que han logrado mantenerse competitivos a nivel mundial, el Ministerio del Trabajo recogió diversas experiencias. "En Nueva Zelandia hubo una visita a una planta donde ¡dos aprendices manejaban 650 vacas!", exclama la ministra. Y agrega: "Cuando le contamos aquí a los agricultores del sector lechero y cárnico, no lo podían creer. Las aprendices ponen inyecciones, saben cuándo la vaca está enferma, cuándo tienen que llamar al veterinario... ¡saben todo!". Según Matthei, "eso es productividad, competitividad y también mejores salarios".

La partida

El proyecto de ley tuvo como punto de partida las conclusiones de la Comisión Larrañaga, que a principios de 2011 formó la misma secretaria de Estado. La tarea era identificar qué políticas públicas estaban teniendo el efecto deseado en materia de capacitación.

Esta instancia transversal de expertos, liderada por Osvaldo Larrañaga, economista del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, llegó a conclusiones críticas con el actual sistema de capacitación (incluyendo las entidades que imparten cursos, como los organismos técnicos intermedios para capacitación, Otic) y, sobre todo, con el instrumento de la franquicia tributaria, que utiliza el 80% del total de recursos que invierte el Estado en capacitación. Quedó instalado que en términos de proveer mejor salario o mejor empleabilidad a los trabajadores, la capacitación no rendía frutos.

A este diagnóstico hay que agregar que en el país el aprendizaje técnico se da básicamente por cinco vías: en liceos técnico-profesionales, en centros de formación técnica (CFT), en institutos profesionales (IP), en cursos del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo (Sence) y la experiencia laboral que es certificada a través de ChileValora. "Desgraciadamente, esas cinco formas no conversan entre sí y ninguna conversa con la industria", explica.

Si bien indica que hay excepciones, se refiere a la baja o escasa demanda de las carreras que imparten los liceos técnico-profesionales, a la falta de maquinaria moderna y a que menos del 50% de los alumnos obtiene el título técnico (solo logran el de enseñanza media), pues no hacen la práctica. En caso de lograrlo, ese título no es reconocido en un CFT y el alumno tiene que volver a aprender todo de nuevo. Los estudios del CFT tampoco son reconocidos en un instituto profesional que dependa de otra entidad y lo mismo sucede con los del instituto profesional en una universidad no relacionada. "No hay ninguna forma que un trabajador pueda ir aprendiendo de a poco y pueda ir ascendiendo, siempre tiene que empezar de nuevo", agrega Matthei.

En la capacitación vía franquicia Sence, la mayoría de los cursos son de solo 19 horas y la conclusión es que dicha formación tuvo un nulo impacto en los sueldos de las personas capacitadas.

Por el lado de la industria, la preparación que requieren las empresas generalmente no es satisfecha. Como ejemplo, Matthei menciona el caso de empresas que importan y operan maquinaria pesada, que debieron optar por abrir sus propios organismos técnicos de capacitación (Otec) para enseñar y calificar a sus trabajadores.

Considerando los factores anteriores y basándose en la experiencia internacional, la reforma del sistema de capacitación propone formar los consejos de competencias sectoriales (CCS), que agruparán a empresas de una misma industria. Estos consejos se formarán como corporaciones o fundaciones, sin fines de lucro, y no capacitarán directamente.

Su rol será realizar o encargar estudios que detallen conocimientos y competencias laborales requeridas en un determinado sector. Este levantamiento de perfiles ocupacionales para toda la industria, que deberá responder a lo que está pasando en los sectores productivos, permitirá confeccionar un marco de cualificación; es decir, el equivalente a una malla curricular que pueda ser utilizada en liceos técnico- profesionales, en cursos de capacitación Sence y en el proceso de certificación de competencias laborales en ChileValora, entre otros.

En este esquema en que el sector privado de una industria se organiza y forma un consejo de competencias, el sector público cumple varios roles, entre los cuales está el financiamiento y el aseguramiento de la calidad.

"La experiencia internacional muestra que, en todos los casos, el Estado co financia fuertemente la actividad de estos consejos de competencias, porque están produciendo un bien público que es el conocimiento que se necesita acerca del sector", afirma.

A su vez, el Estado exigirá calidad en el levantamiento y actualización de perfiles laborales y en los estudios de inteligencia de mercado laboral (que contendrán proyecciones de inversión, brechas de trabajadores existentes, necesidades de trabajadores), entre otros análisis que efectuarán los CCS.

"Se velará para que los estudios se hagan bien y, por ejemplo, que no se dupliquen esfuerzos y recursos determinando el perfil de cajeros para hoteles, de cajeros para tiendas, de cajeros para supermercados. Un cajero es un cajero", ejemplifica Matthei.

Los consejos de competencias sectoriales dependerán del Ministerio de Economía, por lo tanto, no estarán directamente relacionados con los liceos técnico-profesionales, los CFT y los IP. Pero varios de estos consejos de competencia ya se han formado: el Consejo Minero, por ejemplo, ya ha hecho ver los perfiles que requiere la minería, agrega.

Especial énfasis pone la ministra en el aseguramiento de la calidad del proceso. "Habrá un sector público superactivo y superexigente que va a articular. Nosotros no tenemos para qué inventar la rueda porque ya está toda inventada; lo que tenemos que hacer es copiar, adaptar y hacer. Pero además tenemos que hacerlo desde un principio con mucho rigor, con mucha calidad, porque si empiezas a dar certificados a gente que no tiene conocimientos, en ese mismo momento ese certificado vale cero".

De acuerdo con el proyecto, los cursos solo podrán ser impartidos por entidades certificadas, a la vez que se focalizará la franquicia tributaria en tramos de menores remuneraciones (ver infografía).

El segundo gran cambio que considera el proyecto es la creación de un consejo asesor de capacitación que replique la metodología de trabajo y el perfil profesional de la Comisión Larrañaga. Esta instancia asesorará al Ministerio del Trabajo, supervisará, encargará estudios y medirá resultados, cumpliendo el rol de un directorio, al que se le da cuenta. Tendrá cinco miembros: uno designado por el Presidente y cuatro propuestos por el Presidente y ratificados por el Senado.