Gobierno pide diligencias por muerte de Miguel Enríquez

Los últimos días de diciembre, el subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, tomó contacto con el ex diputado y candidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami.

La autoridad le transmitió que el gobierno había presentado una querella, en el marco de la indagatoria que instruye el ministro Mario Carroza por la muerte de su padre, el médico y secretario general del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), Miguel Enríquez, ocurrida el 5 de octubre de 1974.

El texto, presentado ante la Corte de Apelaciones el 19 de diciembre de 2012, lleva la firma del propio Ubilla y fue elaborado por el Programa de Derechos Humanos, dependiente del Ministerio del Interior, que conduce la abogada Rossy Lama.

La acción está dirigida en contra de la cúpula de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina): su director, el general (R) Manuel Contreras; el jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana, general (R) César Manríquez; el jefe de la Brigada Caupolicán, coronel (R) Marcelo Moren Brito, y el jefe de la Agrupación Halcón, brigadier (R) Miguel Krassnoff, y en contra de todos quienes resulten responsables en calidad de autores, cómplices y encubridores de homicidio calificado.

Así, el gobierno selló el reconocimiento formal de la calidad de víctima de violación de DD.HH., como ejecutado, que hiciera en 1991 la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación.

En el escrito judicial, La Moneda recogió los antecedentes que sustancian la investigación del ministro Carroza, para relatar las circunstancias de la muerte del dirigente.

Según la querella, Enríquez fue acribillado por los agentes del Estado, en su domicilio clandestino en San Miguel -donde se encontraba con su pareja, Carmen Castillo, embarazada de ocho meses-, luego de un intenso tiroteo de poco más de dos horas y media con agentes de la Dina y que se produjo "sin mediar provocación". Agrega que el mirista intentó escapar por los techos de casas vecinas, e incluso habría solicitado el cese al fuego por encontrarse una mujer embarazada, ante lo que los agentes del Estado "hicieron caso omiso".

En dicho contexto, el gobierno le pidió al ministro Carroza que oficie a la Brigada de DD.HH. de la PDI una orden de investigar para la realización de una serie de diligencias, entre ellas, que Enríquez-Ominami sea citado para entregar su versión sobre las gestiones que realizó personalmente, durante la realización del informe Rettig, para que su padre sea reconocido como víctima de violación a los DD.HH.

La presentación de la querella forma parte de un plan de trabajo fijado por el programa de DD.HH. y que se suma a otras presentaciones del gobierno en procesos emblemáticos, como el de las muertes del ex Presidente Eduardo Frei Montalva, del ministro del Interior de Salvador Allende, José Tohá, y del padre de la ex Presidenta Michelle Bachelet, el general de Aviación Alberto Bachelet. "Esta es una misión noble que tenemos que seguir impulsando. Esto habla de un compromiso silencioso. Tenemos que responder a las demandas de estos familiares de las víctimas o de los propios interesados, en el caso de los exonerados", explicó ayer Ubilla.