Gratuidad: arancel regulado de Ingeniería Civil en la UC deja déficit de $ 2,2 millones por alumno

Para entrar a la gratuidad 2016 hay universidades que tendrán déficit millonarios, como es el caso de la U. Católica, que proyecta una merma de $ 1.600 millones en su presupuesto institucional. Esto se debe a las brechas que se generarán entre los aranceles reales que cobran las instituciones y los valores regulados, definidos por el Ministerio de Educación (Mineduc). Además, influyen otros factores, como los recursos que los planteles ya destinaban a financiar los estudios de los estratos de alumnos más vulnerables.

El Mineduc ha entregado poca información con respecto a los valores de los aranceles regulados, que se calculan en base a los aranceles de referencia que se utilizan para determinar los montos que el Estado financia para las becas y créditos. Sólo algunas universidades conocen sus valores y la mayoría sólo cuenta con cifras generales, entregadas mediante simulaciones para calcular los recursos por gratuidad que podrían recibir en 2016.

De una muestra de 79 carreras de la U. de Los Lagos, por ejemplo, 59 presentan déficit entre los aranceles regulados que definió el Mineduc para la gratuidad y los valores reales que cobra dicho plantel. En tanto, 20 presentan un superávit. Enfermería, en dicha institución, representa una pérdida de $ 866.990 por cada estudiante de los cinco primeros deciles.

Mientras, en la U. Católica se puede apreciar que de 34 programas a los que pudo acceder La Tercera, 33 presentan pérdidas para la institución y sólo uno tiene valores positivos. Por ejemplo, en la carrera de Ingeniería Civil el plantel asume un déficit de $ 2.205.907 por cada alumno que tenga gratuidad. Y Pedagogía en Educación general Básica, en el lado opuesto, es la única carrera que deja un superávit: $ 36.427 por estudiante.

La Vice Rectora económica de la UC, Loreto Massanes, explicó que si bien en ese plantel aún no saben el número exacto de alumnos que tendrá gratuidad, estiman que la brecha que enfrentarán será de $ 1.600 millones. Además, dijo que "los aranceles regulados no reflejan necesariamente los costos reales de las carreras, al no considerar los costos que éstas tienen por el tipo de programa que se imparte en la UC y los requerimientos específicos que cada una tiene. Eso es un problema que de alguna manera esperamos se trate en la reforma".

Así, esa universidad espera que los déficit se corrijan con la futura ley de reforma a la educación superior, resaltó Massanes. "La corrección del arancel regulado es una opción totalmente válida, pero además de ello es necesario que la reforma permita la autonomía y el desarrollo de las Universidades, que cumplan con niveles de calidad esperados".

Reforma

La forma que se usó para calcular los recursos que se entregarán a las instituciones adscritas a la gratuidad 2016 sólo debería estar vigente para este año, porque en el proyecto de reforma a la educación superior está contemplado establecer un nuevo mecanismo, que debiera incluir un panel de expertos dedicado a esta tarea, según los borradores que se han conocido.

La economista de la U. Diego Portales, Claudia Sanhueza, explicó que "en el programa de gobierno se planteó que había que tener un grupo de expertos especialmente dedicado a definir los aranceles regulados y que fuera respetado por los actores del sistema de educación superior".

En la última minuta entregada por el Mineduc a parlamentarios, de fecha 11 de diciembre, se indica que se creará "un panel de expertos, financiado tanto por recursos fiscales como por las propias instituciones, el cual será encargado de resolver las diferentes discrepancias que se produzcan en la elaboración de los aranceles regulados, la clasificación de carreras o programas y el estudio de costos".

Además, se indica que "las decisiones del panel son vinculantes".

Para el rector de la U. Católica de Valparaíso, Claudio Elórtegui, es fundamental que en el futuro exista "un ente técnico que trabaje en la regulación de aranceles y que sea independiente de los gobiernos de turno, para que no haya una injerencia política indebida en las decisiones y para asegurar la mayor impersonalidad en estas decisiones y evitar cualquier tipo de discrecionalidad".

El vicepresidente del Consejo de Rectores (Cruch), Aldo Valle, sostuvo que "la fijación de aranceles tipo para el financiamiento de la docencia no es un mero cálculo técnico. Dicha determinación siempre tendrá serios impactos en los proyectos educativos y planes de desarrollo de las instituciones. En consecuencia, las variables que se consideren deben ser el resultado de una deliberación que incluya la participación de las instituciones y no sólo el juicio experto o tecnocráticos limitado a operaciones cuantitativas".

Valle planteó también que "los aranceles regulados no pueden ser sinónimo de precio por unidad".

Grupos de Carreras

Por otro lado, la investigadora Claudia Sanhueza explicó que a nivel internacional los aranceles regulados se definen por grupos de carreras, que son entre cinco y ocho. "Se establece un valor para las carreras del nivel más bajo y luego se van estableciendo ponderadores para los niveles siguientes. Por ejemplo, se determina que para las carreras del nivel más alto los aranceles de una misma carrera serán cuatro o cinco veces más altos que la más baja. No es que se defina un arancel para cada grupo sino un ponderador".

Sanhueza dijo, además, que "se debe considerar que, por ejemplo, las carreras que se llaman de tiza y pizarrón tienen costos más bajos que aquellas que requieren laboratorios".

El investigador de la U. Alberto Hurtado, Ricardo Carbone, en tanto, indicó que "el arancel regulado debiera estar diferenciado por carrera y tipo de estudiantes que se atiende. Y se debe incluir en el cálculo todo lo que significa entregar docencia, investigación y extensión".