Ideas y voluntad política para modernizar el Estado

Esta semana el Consorcio para la Reforma del Estado, que agrupa a 11 centros de estudio, dió a conocer un documento con su diagnóstico y sus propuestas en esta materia.

Resulta destacable que el Consorcio represente un amplio espectro de posiciones políticas y no obstante ello, sea posible apreciar propuestas de fondo para el mejoramiento del aparato estatal. Existe en ellas un eje transversal en cuanto a que el Estado chileno "descansa en estructuras de mediados del siglo XX que no permiten gestionarlo de manera eficiente y efectiva". Eso, sostienen los autores del documento, "imposibilita, en muchas ocasiones, que las políticas diseñadas por las autoridades lleguen a los ciudadanos con la calidad deseada, en la oportunidad esperada y sin malgasto de recursos".

Lo anterior demuestra que la búsqueda de consensos -aspecto clave para el desarrollo del país y su estabilidad política- sigue siendo una avenida posible para encontrar soluciones a los problemas que Chile enfrenta. Así, aunque el documento citado representa, en cierto sentido, un mínimo común entre las miradas y propuestas de quienes lo redactaron, se trata de una base sobre la cual se pueden diseñar políticas, aplicar medidas y hacer progresos, lo cual debe entenderse como un activo que no se puede desaprovechar.

Por esa razón y dada la relevancia del consenso arribado, lo deseable es que la iniciativa de los centros de estudios no se agote sólo en un ejercicio académico entre expertos, sino que sus conclusiones y recomendaciones lleguen a manos de los actores -partidos, legisladores, Ejecutivo y sociedad civil- que puedan evaluar su pertinencia, impulsarlas y ponerlas en práctica.

El documento hace interesantes propuestas en torno a cinco ejes que engloban el conjunto de áreas en las que el Estado necesita reformas institucionales, en temas como la calidad de los funcionarios, la separación del diseño y la ejecución de los programas y políticas públicas, la evaluación rigurosa de los mismos, la transparencia de los actos públicos, la descentralización y la participación ciudadana, entre otros.

No obstante, el debate por la modernización del Estado no es nuevo y tampoco son escasos los diagnósticos que, en muchos aspectos, coinciden con lo planteado por el Consorcio. De hecho, esa preocupación se ha traducido en avances importantes, como la creación del Consejo de Transparencia, el Sistema de Alta Dirección Pública, la ley de financiamiento de los partidos políticos y la reforma a la institucionalidad sobre libre competencia, entre otros. Aún así, esas y otras reformas a menudo presentan limitaciones, que radican, más que en los cambios en sí mismos, en la falta de voluntad política para implementarlos a plenitud y respetar el espíritu que los anima.

En efecto, el alcance y la eficacia de cualquier cambio -sobre todo cuando se trata de reformas en la estructura y el funcionamiento del Estado- dependen de cuán comprometidos con él estén quienes deben ponerlos en ejecución. Sin una voluntad sincera de que las nuevas medidas entreguen frutos, es muy difícil que éstas cumplan con las expectativas puestas en ellas.

Es más, cuando esa voluntad existe, puede ocurrir que una institución modifique sensiblemente su forma de operar, sin que para ello sea necesario dictar nuevas normas o promover cambios a nivel legislativo. Un ejemplo patente de esto es el funcionamiento de la Contraloría General de la República, por muchos años criticada por su pasividad e ineficiencia, pero que logró revertir esa impresión bajo la conducción de una autoridad dispuesta a ser proactiva y a usar todas las herramientas que le entrega la ley, sin que para ello fuera necesario hacer reformas profundas a esa institución o, incluso, dotarla de recursos adicionales.

El Estado de Chile necesita implementar algunos cambios como los que sugiere el Consorcio, y mientras antes, mejor. Pero éstos serán poco efectivos, quizás inútiles, si no los acompaña una firme disposición de llevarlos a buen puerto.