Incoherencia de sanciones penales

La opinión pública es constantemente bombardeada con noticias criminales. Uno de los aspectos que más deben ofuscarla dice relación con la coherencia del sistema de penas. ¿Cómo reconciliar el que se "pidan" penas tan altas para delitos vinculados más bien al consumo privado de drogas, con el que se "esperen" penas más bajas en casos que terminan con buena parte de una familia muerta o en el caso del robo a una casa habitada?

La acción que comete un individuo contra la vida, propiedad o libertad de otro afecta la armonía social. Afecta la justicia. Cuando este equilibrio se rompe, una manera de restablecerlo consiste en la aplicación de una sanción al infractor. Ello lo asociamos generalmente a una pena restrictiva de libertad (cárcel).

Para abogados y filósofos, las sanciones penales buscan restablecer un cierto equilibrio. Castigar y reinsertar. Así, el legislador al establecerlas, los fiscales al pedirlas y el juez al aplicarlas, considerarán el bien protegido (e.g., vida, propiedad, intimidad), las circunstancias de comisión del delito, la existencia de buena conducta anterior, etc.

Para los economistas, las sanciones penales juegan un rol más bien instrumental. Son precios. Más que importar el castigo que recibe en concreto un sujeto aprehendido, importa la señal que eso envía a potenciales infractores: el efecto disuasivo. O sea, cuántos delitos menos se producirán. Así, delincuentes racionales al momento de cometer un delito deben considerar entre sus "costos" la probabilidad de enfrentar una determinada pena. Para otros, lo que importa es el efecto incapacitador: cuantos delitos menos se producen producto de tener en la cárcel a delincuentes habituales.

En Chile la incoherencia de nuestro sistema de penas se explica por distintos motivos. Dos ejemplos.

En primer lugar, por la evidente falta de comunicación y diálogo entre quienes piensan y diseñan estas sanciones: abogados, filósofos y economistas. Implica pensar como sociedad qué delitos vamos a perseguir y a qué costo.

Así, la "guerra" contra las drogas (con uso intensivo de la cárcel) pareciera ser costosa y poco efectiva. Por otro lado, no es lo mismo diseñar un sistema sobre la base de una probabilidad de aprehensión y condena de 10% con una sentencia de 10 años de prisión, versus una probabilidad de condena de 20% con una sentencia de cinco años. La sanción esperada es la misma, pero no lo es el nivel recursos que gastaremos en policías, fiscales, jueces, etc.

En segundo lugar, la incoherencia también se debe al efecto combinado entre una legislación antigua y sucesivas reformas parciales. En efecto, si bien nuestra legislación procesal penal es moderna, la legislación de fondo (e.g., el equilibrio y armonía entre todas las penas) responde a criterios de hace más de 100 años. Es cierto que se ha actualizado (e.g., despenalización de ciertos delitos). Pero esta actualización ha sido desordenada y desequilibrada. Ante el asombro de la comunidad jurídica, el nuevo Código Penal lleva una década de discusión.

Lo anterior se potencia por el uso político de las penas: frente a cada coyuntura, la propuesta de cajón es un aumento de penas. Hace algunos meses llovían las propuestas para tipificar el delito de colusión ante el "caso farmacias".

Nuestro sistema de penas no es sólo incoherente, sino que refleja la falta de consenso en torno a aspectos sustantivos e instrumentales envueltos. Mientras tanto, una opinión pública perpleja y desorientada pierde la confianza en la justicia, en la capacidad de restablecer el equilibrio social.