Informe de Contraloría establece que CNA no ha cumplido con la ley

Carencias en los procedimientos de control, inexistente fiscalización y derechamente incumplimiento del mandato legal que le corresponde a la Comisión Nacional de Acreditación. Son sólo algunos de los cuestionamientos que la Contraloría estipuló en su informe final respecto a la CNA, el organismo que según la Ley de Aseguramiento de la Calidad de 2006, tenía entre sus misiones la acreditación de instituciones y programas.

La CNA estaba en tela de juicio desde que en enero pasado el secretario ejecutivo de la institución, Patricio Basso, denunciara a la Contraloría a Luis Eugenio Díaz, el presidente subrogante de la CNA, luego que un mail anónimo denunciara que Díaz había firmado un contrato por $ 60 millones con la Universidad del Mar, a pocas semanas de haberse aprobado la acreditación de la casa de estudios. Este hecho desencadenó una investigación que llegó a manos de la fiscalía, y que el pasado sábado implicó la formalización de Díaz por los delitos de cohecho, lavado de activos, negociación incompatibles, tráfico de influencias y revelación de secreto. También fueron formalizados el ex rector de la U. del Mar, Héctor Zúñiga, y el ex rector de la Universidad Pedro de Valdivia, Angel Maulén (a quien ayer le fue congelada su militancia en la DC).

Independientemente de esta denuncia, la Contraloría había iniciado una auditoría a la CNA enmarcada en el plan anual de revisiones, para lo que analizó la situación de la entidad entre el 2 de enero y el 31 de diciembre de 2011.

Entre los cuestionamientos de la auditoría se precisa que la CNA dispone de potestades de supervisión y sanción, pero "en general la comisión no ha efectuado controles deliberados o seguimiento a las acreditaciones".

En el punto número 2, el informe es tajante: "Hasta la fecha de la visita no se había dado cabal cumplimiento a las funciones que por ley se han encomendado a dicha entidad". Para ejemplificarlo se precisa que la CNA "no ha elaborado un reglamento sobre las condiciones y requisitos específicos para el desarrollo de los procesos de acreditación institucional", infringiendo así dos artículos de la ley que la creó. Es más, devela que la CNA ha venido utilizando las mismas normas y procedimientos de su antecesora, la Comisión Nacional de Pregrado. También se cuestiona que la Comisión no ha elaborado las pautas de evaluación para desarrollar los procesos de acreditación.

Respecto a los miembros de la comisión, la Auditoría indicó que para la elección y renovación de los cargos, la CNA debería contar con un reglamento, el que "no ha sido emitido", vulnerando nuevamente la Ley 20.129.

También hace fuertes críticas sobre la participación de los comisionados en las reuniones, específicamente contra Juan José Ugarte, el jefe de la División de Educación Superior de Ministerio, quien sólo asistió al 29% de las 113 sesiones (ver secundaria). Ugarte es el único representante del Mineduc, y la Contraloría indica que "su reiterada inasistencia vulnera lo que establece la ley, por lo que en sus conclusiones ordena al Ministerio que "deberá instruir un proceso disciplinario" para determinar "las eventuales responsabilidades administrativas" de Ugarte. Para ello se ordena la designación de un fiscal en los próximos 15 días hábiles.