Insulza y la tregua de las "maras"

<P>Un inédito acuerdo de paz entre las dos principales pandillas de El Salvador ha logrado reducir drásticamente la cifra de homicidios en ese país. La semana pasada, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, se reunió con los principales líderes de las "maras" y se comprometió a ser garante del proceso.</P>




"Esperamos, de parte de las autoridades, que se suspendan los operativos policiales en los territorios donde viven nuestros miembros (...) Los acuerdos no podrán ser divulgados públicamente hasta que se alcance la totalidad de los mismos", dijo Víctor García, alias "Duke", uno de los líderes de la pandilla salvadoreña "Barrio 18", que desde 2009 cumple una condena de 28 años por robo agravado e intento grave de homicidio.

- "Creo que las propuestas que ustedes hacen son tremendamente claras (...) Les felicito por las cosas que están (en la propuesta), que se sustentan por sí solas", contestó unos minutos más tarde el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza.

La inédita escena se vivió el pasado jueves 12 de julio, en un salón del penal La Esperanza, ubicado en las afueras de la ciudad de San Salvador, capital de El Salvador. En ese lugar, y por primera vez desde que comenzaron una cruenta disputa a inicios de los 90, 24 de los principales líderes de las dos principales pandillas o "maras" salvadoreñas, la "Salvatrucha (M13)" y la "Barrio 18 (M18)", estaban sentados frente a frente.

Entre ellos, por la M13 estaban Saúl Turcios conocido como "El trece" (80 años de prisión por homicidio) y Borromeo Henríquez ,alias "Diablito" (30 años de prisión por homicidio). Por la M18, se encontraban los líderes de las dos facciones que lideran esa pandilla: Carlos "Viejo Lin" Mojica (40 años de prisión por homicidio) y "Duke", quien le habló a Insulza junto a "Diablito" y "Viejo Lin".

La presencia del secretario general de la OEA en la cita era uno más de los pasos con los que desde inicios de marzo se viene fraguando una tregua entre ambos grupos, gracias a la mediación del obispo castrense de El Salvador, Fabio Colindres, y del ex guerrillero y ex diputado, Raúl Mijangos.

Hasta ahora, el principal resultado del diálogo -que ha recibido algunas críticas al interior del país- ha sido la baja en la cifra oficial de homicidios: si hasta antes del pacto había alrededor de 14 asesinatos diarios, en los últimos cuatro meses esa cifra ha bajado a cinco.

Las "maras" salvadoreñas se han convertido en una de las pandillas transnacionales más peligrosas del mundo. Entre sus ritos está la "iniciación", en la que los nuevos integrantes deben soportar una golpiza de 13 o 18 segundos, según el bando.

La M13 y la M18 nacieron en barrios latinos de Los Ángeles, Estados Unidos, y gran parte de su poder actual lo comenzaron a obtener con las armas que quedaron en circulación dentro de El Salvador tras la guerra civil que terminó en 1992.

Garantizar la destrucción de parte de esas armas será uno de los roles que cumplirá la OEA. Además, Insulza se comprometió a observar el cumplimiento de las medidas que acuerden las pandillas con el gobierno salvadoreño, tal como ocurrió con el "Plan de apoyo al proceso de paz" en Colombia.

En la entrada del salón donde se hizo la reunión, custodiado por militares fuertemente armados, los mismos pandilleros habían colgado un cartel pintado con letras verdes que decía "Bienvenido Sr. José Miguel Insulza" y otro que rezaba "El Salvador en paz y para todos", acompañado con la imagen de una paloma blanca. "El obispo Fabio Colindres nos contactó y vino a mi oficina porque quería que fuéramos garantes de este proceso de tregua entre las dos bandas", relata Insulza desde Washington.

Para realizar el encuentro, organizado por Colindres y Mijangos, "los líderes de la M13 y la M18 fueron trasladados desde las cárceles diferenciadas para cada una de las pandillas, donde cumplen condenas", señala Ronalth Ochaeta, representante de la OEA en el país caribeño.

En el lugar y según se aprecia en videos que registraron la cita, los pandilleros de ambos bandos compartieron en la zona de visitas del penal sin esposas ni personal de seguridad.

Tras la llegada de Insulza, quien saludó uno a uno a los miembros de las "maras", los voceros de cada una de las pandillas leyeron una propuesta que aseguraron busca "recuperar la paz social del país" y solicitaron al ex ministro chileno ser garante de un diálogo con el gobierno de Mauricio Funes, a quien ya le habían enviado sus propuestas el 22 de junio.

Entre sus peticiones para el acuerdo -cuyas condiciones pidieron mantener en reserva, pero que fueron filtradas a la prensa- solicitan el repliegue de los militares que cumplen labores de seguridad policial, beneficios penitenciarios, indulto para condenados de la tercera edad y enfermos terminales, y mejoras en las condiciones de las cárceles, entre otras medidas.

El sistema penitenciario de ese país funciona con casi un 300% de hacinamiento: alberga a 26 mil detenidos, con una capacidad para sólo nueve mil personas.

Al final de la cita, el "Viejo Lin" leyó un comunicado elaborado en conjunto por los clanes rivales, donde propusieron un "simbólico desarme parcial", que se haría efectivo al día siguiente. "Hemos dado instrucciones específicas para contribuir en ese sentido", señaló el líder de la M18. "Pueden contar con nosotros", contestó Insulza, quien durante esa tarde llevó la propuesta al Presidente Funes.

"Esta es la primera vez que me reunía con miembros de las "maras" y debo reconocer que es una experiencia muy especial. Es fuerte", cuenta el secretario general de la OEA.

Luego agrega que una de las peticiones que más les recalcó, fue que disminuyeran la tasa de secuestros y extorsiones. "Son organizaciones que hasta ahora siguen viviendo de la comisión de delitos, y no todos los delitos han disminuido en El Salvador", puntualiza.

A la mañana del día siguiente y en la plaza cívica de San Salvador, una decena de pandilleros encapuchados y con guantes de látex se abrieron paso entre la gente, cargando sacos con decenas de armas y las pusieron a los pies de una mesa presidida por Insulza y el obispo Colindres. Eran alrededor de 90 armas largas, entre ellas fusiles AK-47, FAL y una mina desactivada, cumpliendo el "gesto" comprometido el día anterior.

Junto con los 75 mil muertos que dejó la guerra civil que sufrió El Salvador (1980-1992), donde se enfrentaron el Ejército contra el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), otras miles de personas abandonaron el país huyendo del conflicto.

Los Angeles, Estados Unidos, fue el principal destino de esos exiliados. "En los barrios latinos y como sentido pertenencia surgen grupos atomizados de pandillas con nombres asociados al territorio que ocupaban, como el Barrio 18", asegura Janette Aguilar, de la Universidad Centroamericana de El Salvador, quien ha investigado a las "maras" al interior de los penales en que cumplen condena.

"Su aparición y explosión tiene que ver mucho con la exclusión y con no haber atacado las causas que originaron la guerra civil, además de la impunidad posguerra que existió", agrega Benjamín Cuéllar, director del Instituto de Derechos Humanos (Idhuca) de la misma universidad.

Pero el gran salto y el paso hacia las actividades delictuales ocurre con el fin de la guerra que deja gran armamento circulando en El Salvador y "la política de deportación masiva que ordenó el gobierno de Estados Unidos. Ahí se produce un traslado de esa cultura hacia nuestro país y finalmente la M13 y la M18 logran hegemonizar sus territorio acá", relata la investigadora Aguilar.

De acuerdo con un informe del FBI, sólo el 2009 existían alrededor de 50 mil miembros activos de la pandilla M13, ocho mil de lo cuales vivían en Estados Unidos. Por su parte, la M18 tendría, también según datos del FBI, 65 mil miembros activos en el mundo, con fuerte presencia en 120 ciudades y 27 estados del país norteamericano.

Entre sus integrantes -reclutados voluntaria o forzadamente desde la infancia- son característicos los tatuajes que indican el grupo al que pertenecen, además de un lenguaje de señas y códigos de conducta y obediencia interna que los han convertido en una de las organizaciones criminales más jerarquizadas del mundo. Junto con ello, suelen marcar los territorios que controlan con rayados característicos en las murallas de sus barrios.

"Tienen una estructura que no se ha logrado conocer a cabalidad. Se organizan en clanes o 'clicas' y cada una de ellas tienen una persona con un rol más político llamado "palabrero", que responde a un líder superior, que es el que también se conecta con los miembros internacionales", agrega Cuéllar.

Históricamente, señala el académico, la criminalidad de las pandillas ha estado relacionada a "asesinatos por encargo, robos, extorsiones, secuestros y narcotráfico a menor escala".

Además de Centroamérica y Estados Unidos, su expansión también abarca México, Canadá e incluso España. En los últimos años, informes de inteligencia estadounidenses han mencionado nexos de las pandillas salvadoreñas con el narcotráfico en México, en especial con la banda de los "Zetas".

Según cifras del gobierno salvadoreño, que son cuestionadas por ONG de DD.HH., los asesinatos cometidos por las "maras" corresponden al 90% de ese tipo de crímenes en el país.

Hoy, sólo en El Salvador hay más de nueve mil pandilleros encarcelados en recintos exclusivos para cada una de las "maras", a fin de evitar los enfrentamientos. Pero gracias a ello, han podido fortalecer sus estructuras y jerarquías internas.

"Se ha visto un aumento del uso de armas de guerra, una mejor logística con vehículos de lujo y un incremento de la violencia y los asesinatos al interior de los grupos", añade Aguilar.

"La reunión con el secretario general de la OEA es algo totalmente inédito. El tener frente a ellos a Insulza significa una legitimación nunca vista y volver actores políticos a criminales es muy riesgoso", afirma Cuéllar, quien ha sido uno de los críticos del proceso.

Los cuestionamientos han venido fundamentalmente de grupos ligados a la defensa de los DD.HH. y a sectores académicos que apuntan a: la fragilidad de la tregua, al real impacto de sus efectos y varias de las concesiones que se han dado a las "maras". Las críticas también apuntan a la poca información que existe sobre el rol del gobierno de Funes en estas gestiones.

El 8 y 9 de marzo, en paralelo al inicio de la tregua, 30 líderes de las dos "maras" fueron trasladados desde el penal de máxima seguridad de Zacatecoluca hacia las cárceles segregadas por pandilla, que tienen menores restricciones.

El gobierno salvadoreño señaló que el hecho se debió a razones humanitarias y un supuesto peligro de fuga, sin vincularlo a la tregua. Quienes dudan de este proceso, apuntan a que todo responde a una estrategia gubernamental para poder cumplir la promesa de reducir en un 30% los homicidios a fin de año, más que a una política de reinserción a largo plazo.

"El gobierno no puede entrar en una negociación, pero sí tiene mucho que ofrecer, porque las condiciones carcelarias son horribles", asegura Insulza.

Por su parte, desde el gobierno salvadoreño, el ministro de Justicia y Seguridad Pública, David Munguía, salió al paso de las críticas el pasado jueves, asegurando que "no es política del gobierno actual sentarse a negociar con los pandilleros".

"En ningún caso se hablado de reducción de penas ni de amnistías. La esperanza es llegar a una paz más definitiva y si con estas gestiones se logra reducir las muertes como hasta ahora ha ocurrido, es algo muy bueno", sentencia Insulza.

Comenta

Por favor, inicia sesión en La Tercera para acceder a los comentarios.