Irarrázabal a Abott: "El mundo nuestro no conversa con el mundo penal"

El fiscal nacional económico, Felipe Irarrázabal, no habló en casi toda la sesión de ayer de la Comisión de Constitución del Senado, instancia que analizó el proyecto que pena con cárcel la colusión. Esperó hasta el final y disparó: "El mundo nuestro no conversa con el mundo penal". Frente a él, Jorge Abott, el fiscal nacional, sólo se limitó a escuchar su exposición.

"Hay muchas cosas que están en el Código Procesal Penal, como el derecho a guardar silencio, por ejemplo, que nosotros no tenemos. Pero la discrecionalidad nuestra no tiene nada que ver con la que tienen ustedes para ver qué casos elegir. Ese es parte del oxígeno que tiene nuestro ambiente. Por eso tenemos la posibilidad de tener 100% de efectividad en los casos y ganarlos todos, porque somos muy selectivos", agregó el persecutor económico.

La intervención de Irarrázabal se da en medio de una disputa entre la Fiscalía Nacional Económica (FNE) y el Ministerio Público por el acceso a las pruebas que el organismo presentó en el caso colusión del papel tissue. Esas pruebas están hoy en el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) y, hasta la fecha, el Ministerio Público no ha podido acceder a ellas.

"Si piensan que en el mundo nuestro vamos a querer transparencia como existe en el mundo penal, muere todo, porque no vamos a estar con ninguna gana de perseguir los carteles", dijo Irarrázabal. "La información confidencial es asimétrica por naturaleza y, por eso, la competencia funciona; porque hay teoría de juegos y uno no sabe qué va a hacer el otro", agregó.

Penar con cárcel

Irarrázabal también se refirió a la posibilidad de penar con cárcel la colusión.

"Esto es muy relevante quizá socialmente, pero si ustedes me dicen desde el punto de vista del ordenamiento económico, que es el enfoque que tenemos nosotros, el tema del aumento de las sanciones monetarias es un disuasivo para las empresas para cartelizarse", dijo el persecutor.

Sobre lo mismo, agregó, "estamos pasando de un techo de US$ 25 millones de multa, que eso para una empresa grande es un detalle, al 30% de las ventas. A través del bolsillo se modifican las tomas de decisiones".

Personas jurídicas

Respecto al rol de la FNE en las investigaciones, el titular del organismo planteó que "nuestra obsesión no son las personas naturales, nosotros no tenemos una obsesión por los directorios o por los jefes, que puede tener una superintendencia. Nosotros queremos desarmar el cartel, queremos ir a buscar a las empresas, y queremos ver quiénes son las personas que lo ejecutaron para hacer responsable a la empresa (...) queremos desbaratar los carteles y que sea caro coludirse".

Sobre la facultad que tendría el Ministerio Público de iniciar una investigación penal sólo una vez ejecutada una sentencia del TDLC, Irarrázabal lo valoró como una herramienta de presión. "Hay algunos casos, que son los que lo ameriten, en los que tiene que haber una señal", planteó. "Si logramos hacerlo bien, vamos a hacer un aporte al sistema en general".

En su intervención, Abott se mostró conforme con que sea el Ministerio Público el que investigue una vez terminado el proceso en sede civil. "Una vez que haya certeza jurídica de que existieron faltas a la libre competencia, le va a competir al Ministerio Público. Entendemos que va a ser difícil (implementar un sistema de este tipo), pero no va a ser primera vez en Chile que hagamos una contribución al mundo", afirmó.