José Tomás Errázuriz, abogado, socio del estudio Barros y Errázuriz:"No falta competencia en el sector eléctrico, sino certeza para los proyectos"

Los altos precios de la energía -producto de la sequía y las alzas del petróleo- preocupan a las autoridades y al sector empresarial, y se han transformado en parte del debate sobre la competitividad del país. La competencia, las trabas a las empresas y la oposición que despiertan tecnologías como el carbón y la hidroelectricidad son abordados por el abogado José Tomás Errázuriz, socio fundador del estudio Barros y Errázuriz, y que el viernes 13 encabezará el foro "Energía: ¿Por qué estamos donde estamos?", organizado por Icare, y donde también participarán Laurence Golborne, biministro de Energía y Minería, Vivianne Blanlot y Sebastián Bernstein, ex secretarios ejecutivos de la CNE.

¿Falta competencia en el sector?

No creo que exista falta de competencia, para nada. Este es un mercado abierto. Cuando dicen que el que haya precios altos demuestra que hay poca competencia, creo que no es efectivo. Del 2013 en adelante los contratos de las distribuidoras y los grandes que están indexados en una parte a costos marginales se terminan, de manera que vamos a ver, y sobre todo si se facilita con certeza nuevos proyectos, bajas importantes en el costo marginal de electricidad.

¿Pero hay realmente incentivos para bajar los precios? Las generadoras obtienen ganancias de los altos costos marginales...

No hay que olvidar que el despacho de las centrales no lo deciden los dueños de ellas, sino un organismo independiente de las empresas. Hoy más que nunca -con la apertura que se hizo de la conformación del Cdec-Sic, donde ahora están los grandes clientes, y ese centro de despacho es el que decide- no son decisiones de las empresas.

Pero incluso el representante de los clientes libres en el Cdec-Sic, Juan Cembrano, lo ha manifestado así.

El tendrá antecedentes, o motivos para ello. Pero creo que el sistema tal como está, si se ve el número de proyectos que existe, por ejemplo en geotermia -la mayoría de inversionistas extranjeros-, muestra que las condiciones para que haya competencia están. Los interesados están, y eso demuestra que las condiciones existen. El tema es cómo se generan los incentivos para que los proyectos que se presentan se terminen, para que se presenten nuevos proyectos en distintas tecnologías. Aquí el tema no es falta de competencia, sino certeza.

En este sentido, ¿el sistema marginalista funciona bien como asignador de recursos de largo plazo?

Desde mi perspectiva, el sistema en Chile de costos marginales opera bien. Desde su implementación, nos ha permitido tener períodos importantes de energía a muy bajo precio. No hay ningún proyecto de largo plazo que se evalué en base al costo marginal vigente o de corto plazo, sino que se hace en base a los precios de largo plazo que se pueden obtener en contratos. Hasta aquí veo que ha funcionado bien, pero no se puede asegurar -salvo que sean sistemas estatistas- provisión de energía a la población a precios subsidiados.

¿Es necesario que las generadoras dejen de traspasar el riesgo a los contratos a través de los costos marginales?

Los nuevos contratos están modificándose en ese sentido, están generándose fórmulas que permita mitigar ese efecto. Para evitar tener una generación cara, necesitamos que se hagan proyectos.

¿Cuál es la situación por la que pasa actualmente el sector energético?

La matriz energética, de acuerdo con la demanda y la capacidad que se está desarrollando, está bastante estrecha. Hasta el 2014 debiera estar satisfecha la demanda, pero podemos caer en el riesgo de que nuevamente entremos en una situación de desequilibrio, en que la generación diésel pase otra vez a tener características permanentes, y eso va a marcar costos marginales altos. Para enfrentar la demanda futura se requieren proyectos de inversión. Ahí es donde quienes analizan las inversiones del sector detectan que hay mucha incertidumbre. Hoy, proyectos importantes en materia de generación se ven atrasados más allá de los plazos originales por problemas en la tramitación ambiental, obtención de permisos, etc.

¿Esto se extiende también a la transmisión?

Hoy la generación de electricidad se localiza de forma mucho más alejada de los centros de consumo, y los puertos de entrada a la Región Metropolitana o a la Quinta Región, son muy estrechos ya. En consecuencia, el sistema de transmisión necesariamente tiene que ampliarse como se indica en el estudio troncal. Sin embargo, ahí hay problemas importantes de tramitación en los plazos, en la constitución de las servidumbres, en la posesión material de los terrenos. Pero se están dando soluciones, el gobierno presentó un proyecto de modificación del procedimiento de constitución de las concesiones eléctricas, que busca atender la mayoría de estos problemas.

¿Cómo afecta finalmente a las inversiones?

Estas dificultades se traducen en que hay incertidumbre. Un inversionista y una empresa del rubro hace una proyección, una planificación y, en base a eso, se hacen proyectos de financiamiento. Pero al final, por todas estas razones, más la judicialización -que también se presenta en temas de derechos de agua y cambios de uso de suelo- se hace muy difícil prever los cumplimientos de los plazos.

Hay un ambiente de oposición a los proyectos, porque al parecer nadie quiere ninguna tecnología.

Creo que siempre es bueno que existan opiniones, grupos que ejerzan presiones frente a determinados proyectos en distintas áreas de la economía, no solamente en energía. Lo importante es que existan los conductos para que esas opiniones puedan ser efectivas. A las empresas les interesa conocer esas opiniones y esas críticas, porque de ahí se aprende mucho.

Pero se ha radicalizado la oposición, pensando en lo que sucedió con Barrancones y la situación de HidroAysén.

En el caso de HidroAysén hay que ser muy cauto. Estamos en un período en que tiene que pronunciarse la autoridad. Todos tienen el derecho de expresar opinión, pero hay ciertas formas de hacerlo que obviamente son lamentables. No creo que publicar fotos o teléfonos de las personas que van a votar sea la forma de expresarse y hacer valer los derechos. Es una manera de ejercer una presión ilegítima.