Juez cuestiona pruebas y deja libre a los cinco detenidos por incendio donde murió guardia

El magistrado del Juzgado de Garantía de Valparaíso, Juan Carlos Mayolo, decretó ayer la libertad de los cinco detenidos por el incendio a una farmacia, ocurrido en Valparaíso, en el marco de las manifestaciones del pasado 21 de mayo. En esa ocasión falleció asfixiado el guardia municipal Eduardo Lara, quien estaba custodiando el inmueble de tres pisos que fue atacado.

La decisión se basó en que las pruebas recopiladas por la Fiscalía de la V Región estaban, según sostuvo el juez, fundamentadas en elementos que eran "interpretables" y no eran lo suficientemente claras. Asimismo, señaló que en las evidencias gráficas presentadas sólo se hablaba de "similitudes".

Durante la audiencia de formalización de cargos, el fiscal Cristián Andrade presentó una serie de fotografías obtenidas por las policías, las que mostrarían a los imputados en el lugar del incendio. Estos son Miguel Angel Varela (31), sindicado como el autor de lanzar la bomba molotov al inmueble, Constanza Gutiérrez (19), Felipe Ríos (23), Hugo Barraza (22) y Rodrigo Araya (22).

Las detenciones se realizaron de forma simultánea la tarde del miércoles, en Valparaíso y La Serena.

Para sustentar las imputaciones, se exhibió un set fotográfico en el cual, según explicó el fiscal Andrade, se veía a los imputados en las inmediaciones de la farmacia incendiada. Antes de encapucharse y luego a rostro cubierto. Para el Ministerio Público, estos elementos daban cuenta de la existencia de una coordinación entre ellos y que los hechos no ocurrieron al azar. Es más: se sostuvo que semanas después se reunieron en un encuentro que se llevó a cabo en la IV Región.

Por todo ello, el fiscal les imputó a los cinco detenidos el delito de incendio con resultado de muerte. A Varela lo formalizó, además, por el porte de artefacto incendiario y a los otros cuatro sospechosos el Ministerio Público los apuntó por haber robado especies desde la farmacia siniestrada.

Imágenes

Tras presentar los cargos, Andrade pidió la prisión preventiva para todos. "Si bien se habla de la necesidad de pruebas concretas, éstas se deben evaluar en su conjunto. Queda claro que todos se conocen y que hay una acción concertada. Además, está acreditado un encuentro posterior de cuatro imputados, después del 21 de mayo. Las imágenes hablan por sí mismas, no se requieren testigos".

El defensor Franco Lemus señaló que "los antecedentes presentados por la fiscalía son débiles y el peritaje es cuestionable". Respecto de prendas de vestir que fueron incautados en la casa de los detenidos, sostuvo que "no tienen evidencia certera que sean las utilizadas el 21 de mayo por los imputados".

Tras escuchar los antecedentes, el magistrado señaló que aún faltan evidencias para acreditar el robo en la farmacia, porque, a su juicio, no hay pruebas claras de que estuvieran al interior del recinto. Y respecto del incendio con resultado de muerte, Mayolo explicó que en este punto es clave la figura del dolo y no habría aún evidencia de que alguno de los detenidos haya tenido conocimiento de que en el inmueble había una persona.

Ante la negativa del magistrado a acoger una prisión preventiva y arresto domiciliario total, se dictaminó la firma mensual para los cinco imputados durante los seis meses determinados para la investigación. Dos de ellos podrán cumplir con la diligencia en la Región de Coquimbo.

Afuera del tribunal, los familiares de los detenidos celebraron la decisión del juez, mientras que el intendente, Gabriel Aldoney, dijo que "hay un grado de frustración, pero apelaremos".