Juez de casos emblemáticos de DDHH es nombrado presidente de la Corte Suprema

Descrito por sus pares como uno de los jueces con "mano dura" en casos de violaciones a los derechos humanos, algunos jueces creyeron que Milton Juica (66) había cerrado su posibilidad de llegar a la presidencia de la Corte Suprema tras responder a los cuestionamientos de los candidatos presidenciales Eduardo Frei y Sebastián Piñera al Poder Judicial.

Pero la polémica no pasó de ser una anécdota, ya que el leno de la corte terminó ayer por ratificarlo de forma unánime como sucesor del ministro Urbano Marín.

En noviembre, el candidato de la Concertación responsabilizó a los jueces de la llamada "puerta giratoria" de la delincuencia, lo que a Juica respondió que fue bajo el gobierno de Frei que se había impulsado el nuevo sistema penal, por lo que sus dichos eran "sorprendentes". Días más tarde, descartó que los procesos contra militares no terminaran nunca, como criticó Piñera. "Los procesos de DDHH han avanzado como nunca en el país", dijo Juica.

"Esa corte ya no existe"

Consultado por su nombramiento, Juica aprovechó de hacer un mea culpa por el rol que tuvo la justicia durante el gobierno militar, al no acoger recursos y denuncias de los familiares de detenidos desaparecidos. "En la época de la dictadura el Poder Judicial no se comportó a la altura, especialmente la Corte Suprema", aseveró.

"Esa Corte Suprema actualmente no existe. Ellos han tenido sus razones para haber actuado de la manera en que lo hicieron, yo tengo un juicio crítico respecto de la gestión que se hizo en ese momento", concluyó.

Dos causas marcaron la trayectoria judicial del juez: la Operación Albania y el caso degollados. Fue en este caso en el que, en 1994, decidió procesar al entonces general director de Carabineros Rodolfo Stange por "incumplimiento de deberes militares", resolución que fue rechazada por la Corte Suprema y que significó que su nombre fuera vetado por el Senado como nuevo integrante de la Suprema en 1998. Sólo llegaría al máximo tribunal en 2001.

Caracterizado como juez liberal, sus fallos siempre fueron contrarios a la prescripción de casos de derechos humanos y a aplicar la Ley de Amnistía. Tras asumir como ministro de la Suprema, optó por desempeñarse como integrante del Tribunal Calificador de Elecciones desde 2004 a 2008. Desde ese año asumió la vocería del máxima tribunal. Ayer anunció que intentará "reducir ese grado de percepción negativa que tiene la sociedad sobre la probidad de los jueces".