Juicio en China

EL JUICIO que condenó a pena de muerte suspendida a Gu Kailai, la mujer del influyente ex alcalde de Chongquin, Bo Xilai, por el asesinato de un empresario británico en China, permite recordar la naturaleza del régimen que gobierna a ese país, que ha introducido profundas reformas económicas, pero continúa ejerciendo el poder político sin contrapeso.

Aunque las acusaciones contra la condenada parecen ciertas y la sentencia ha sido utilizada como una muestra de que nadie en China se encuentra por sobre la ley, lo cierto es que la manera en que se llevó a cabo el proceso exhibe rasgos de los juicios-farsa tan habituales en los regímenes totalitarios. Sólo así se explica la rapidez de los procedimientos, que la acusada no disputara la evidencia presentada por el Estado en su contra, y su sentida confesión en ausencia de testigos. A cambio de esta clara cooperación, Gu consiguió evitar la pena de muerte -la sanción establecida por la ley en China para el homicidio premeditado- y podría incluso abandonar la prisión en unos 10 años. Y pese a que su marido ha sido expulsado del Partido Comunista (PCCH), en el cual era miembro del Politburó, tampoco ha sufrido hasta ahora otro tipo de castigo.

El liderazgo del PCCH tenía interés en cerrar con prontitud el caso. Bo Xilai era uno de los principales cabecillas de la facción maoísta del partido, con un estilo político que apelaba directamente a la ciudadanía. El episodio ha servido para revelar que la existencia de diferencias entre las corrientes al interior del PCCH pueden resolverse a través de un ajuste de cuentas como el que ha afectado a Bo. Se trata de un escándalo muy inoportuno, pues empaña lo que debería haber sido la tranquila designación del vicepresidente Xi Jingpin como sucesor del presidente y secretario general del PCCH, Hu Jintao, en el XVIII congreso del partido que se celebrará en octubre.