La casa de las niñas-bomba

La cabeza de un perro se asoma desde un forado en la pared de madera. Al menos esta tarde, no hay personas en la casa de San Ernesto 299, esquina O'Higgins. Nadie contesta el timbre. Los coloridos grafitis del frontis permiten que el lugar disimule sus años, pero sólo desde lejos. Basta caminar frente a ella para comprender los temores de derrumbe o incendio que tienen los vecinos de este sector de Temuco, conocido como Plaza Dreves. Son las únicas preocupaciones, pues no existen quejas sobre sus inquilinos.

"Nunca nos han dado problemas, son buena gente", dice Mónica Aravena, hija de la dueña de la casa contigua, que actualmente está a la venta. Aclara que los jóvenes que viven en la casona no son los mismos de antes, los que ayudaban a su madre a sacar frutas del árbol en el patio o los que vendían sopaipillas por el barrio. Las caras han cambiado progresivamente desde el declive del antiguo Espacio Pandemia, un centro cultural autogestionado.

El allanamiento del 28 de marzo de 2013 marcó el principio del fin. Los vecinos todavía recuerdan que esa mañana, a las 8.35 horas, un contingente de Carabineros ingresó a la casa y detuvo a 10 personas. De acuerdo al testimonio de más de una decena de efectivos, adentro de la casa encontraron dos artefactos explosivos en fabricación. El primero estaba en la pieza donde dormían Yaritza Grandón, de 22 años, y Ariadna Torres, de 20 años. Sus componentes eran un extintor de un kilo, ampolletas, 400 gramos de pólvora negra, interruptores, cables eléctricos, baterías de 12 voltios y un reloj timer de cocina.

La otra potencial bomba estaba en la habitación de Roxana Marín, de 26 años. En su armado se habían usado materiales similares, pero incluía, además, un pequeño envase de gas butano, de los que se usan para cocinillas de camping.

Los carabineros se llevaron computadores, discos duros, pendrives, cámaras fotográficas y tarjetas de memoria. De acuerdo a las autoridades, también se encontró un cuaderno. En una de sus páginas se leía un mensaje que anteriormente había sido publicado en el sitio web Liberación Total:

Hoy sábado 16 de marzo hemos instalado un artefacto incendiario en las dependencias de Fuerzas Especiales de la ciudad de Temuco; dicho extintor fue puesto debajo de uno de sus autos "RP" (radiopatrulla), reivindikando nuestro odio a akella maldita institución (…) No olvidemos ke los asesinos siempre han sido los mismos, todas las fuerzas uniformadas son sólo el brazo armado del capitalismo kaótico; son menos ke personas y muchísimo menos ke animales ni si kiera son seres pensantes: aktúan sólo bajo las órdenes del amo, siendo sólo entes esklavos kon una mentalidad askerosa sin konciencia.

A los 10 arrestados en el Espacio Pandemia se sumaron otras dos personas, Silvana Lamilla y Juan Pablo Sáez. En el allanamiento de la pieza que arrendaban en el domicilio de calle Capri 2021 se les encontró marihuana dosificada, supuestamente para la venta. Pero sólo las tres mujeres detenidas en Espacio Pandemia, Yaritza, Ariadna y Roxana, fueron formalizadas por tenencia ilegal de explosivos por la fiscalía. Al día siguiente, todas declararon que Carabineros y sus perros adiestrados no habían encontrado nada mientras ellas estuvieron dentro de la casa. Las tres quedaron en prisión preventiva por decisión del tribunal, incluso Roxana, que entonces tenía cinco meses de embarazo.

El apoyo de los demás residentes del Espacio Pandemia fue inmediato. Denunciaron que el acoso de las policías había empezado varios días antes y hablaron de "montaje". Se inició una campaña de reivindicación de las tres imputadas en diversas plataformas digitales, que a diferencia de lo ocurrido en otros casos, se fue apagando. Transcurrido el plazo de cinco meses de investigación, el apoyo se había transformado en repudio.

***

Los dos artefactos que explotaron durante la pasada Nochebuena en la Unidad de Control de Armas y Explosivos de Carabineros y el cuartel de Extranjería de la PDI forman parte de una larga lista de atentados con bomba en Temuco. Sólo este año se han registrado seis de ellos y desde 2009 se han sucedido varios juicios de alta connotación pública por estos delitos, como los de Edgardo Hernández Lucero, el vasco Azel Luzárraga, Nicolás Partarrieu y Waikilaf Cadín. De ellos, sólo el primero terminó absuelto; los demás fueron condenados, pero recibieron penas menores que les permitieron mantenerse en libertad.

-Esta es la región con mayor número de atentados explosivos después de la Metropolitana. Así que nunca partimos de cero. Todos los antecedentes se usaron como insumos para esta investigación -comenta el fiscal adjunto de Temuco, Roberto Garrido.

El caso de Yaritza Grandón, Ariadna Torres y Roxana Marín fue una de las últimas demostraciones de fuerza del anarquismo insurreccional, un movimiento cuyas acciones corren en paralelo a los atentados cometidos en nombre de las reivindicaciones mapuches. Lo particular de aquella investigación no sólo fue el hecho de que todas las imputadas fueran mujeres, sino también su inédito desenlace judicial. Por primera y -hasta el momento- única vez desde que se iniciaron los bombazos en el país, la fiscalía obtuvo una confesión.

***

Yaritza Grandón había congelado sus estudios de Sociología en la Universidad de la Frontera cuando le correspondía cursar tercer año. Su retiro temporal quedó registrado el día 4 de marzo de 2013, justo dos días después de la colocación de la primera bomba. En la facultad la recuerdan como una estudiante baja y delgada, con cara de niña, de notas "no muy buenas" y con cierto grado de discapacidad en los brazos que le dificultaba la escritura. Esto era causado por una artrogriposis, un extraño síndrome que impide el desarrollo de músculos, tendones y articulaciones, generando rigidez en las extremidades. Debido a esta condición, Yaritza se había tratado en el Instituto Teletón de Concepción, cerca de Talcahuano, su ciudad de origen.

-Se esgrimió esa circunstancia como impedimento para haber participado de los hechos, pero eso se descartó rápidamente -recuerda Omar Mérida, el fiscal que llevó el caso, quien hoy trabaja en Puente Alto.

La situación económica de su familia era precaria. Su padre, originalmente pescador de Talcahuano, trabajaba como obrero en el Puente Concepción y tenía que mantener a tres hijos. Por afinidad ideológica y por el bajísimo valor del arriendo -no se trataba de una casa okupa-, Yaritza se fue a vivir al Espacio Pandemia. Allí conoció a Ariadna Torres, dos años menor que ella, estudiante de Ciencias Políticas en la Universidad Católica de Temuco. Su nueva compañera de hogar había llegado desde Coyhaique y se ganaba algún dinero extra animando cumpleaños infantiles. Desde el colegio había mostrado opiniones cercanas al anarquismo que posteaba en su Fotolog y otras redes sociales.

Carabineros llegó hasta ellas después de una investigación rápida. El 2 de marzo de 2013, una bomba artesanal hecha con un extintor relleno de un kilo de pólvora negra había sido dejada en la escalinata de entrada a la Dirección Regional de Gendarmería, ubicada en Manuel Bulnes 751. El Gope la detonó de forma controlada. Posteriormente, el 16 de marzo, un artefacto similar fue lanzado dentro del patio de la décima Comisaría de Fuerzas Especiales de Carabineros, en la esquina de Pablo Neruda con Santa Teresa. La bomba también fue detectada a tiempo, antes de que estallara al lado de un radiopatrullas. Unas horas después, la "Célula Incendiaria Nómade" se adjudicó la colocación a través de un comunicado en internet, con las mismas palabras que Carabineros encontraría en un cuaderno durante el allanamiento del Espacio Pandemia.

La Dipolcar analizó informaciones de todos los atentados explosivos ocurridos en la región, marcó diferentes "eventos de interés" en el calendario, examinó sitios web y redes sociales y así trazó un mapa de lugares y personas a investigar. La casona de Plaza Dreves convocaba a varios de los sospechosos. Mientras se esperaba la aprobación de la orden de entrada y registro, se estableció un sistema de vigilancia desde un supermercado Unimarc cercano a la casona.

Después de los dos allanamientos del 28 de marzo, los 12 detenidos fueron llevados hasta la 8ª Comisaría de Temuco, para luego ser derivados a la constatación de lesiones y a un examen de sangre para el registro de ADN. Al día siguiente se realizó la audiencia de control de detención. Siete de los detenidos fueron liberados. La Fiscalía les imputó a Silvana Lamilla y Juan Pablo Sáez una infracción a la ley de control de drogas, mientras que a Yaritza, Ariadna y Roxana Marín se les abrió investigación por los dos bombazos.

El decano de Sociología de la Universidad de la Frontera, Jaime Garrido, estuvo en contacto permanente con la madre de Yaritza, Sandra Paredes, quien llegó a Temuco para acompañar a su hija apenas quedó cumpliendo prisión preventiva en la cárcel de mujeres de Temuco. Ella insistía en que Yaritza estaba en Talcahuano para la colocación de la bomba del 16 de marzo en la sede de Fuerzas Especiales.

-Me formé la convicción de que era inocente, por su personalidad y presencia en la carrera. Se me hace difícil creer que haya tenido algo que ver con ese tipo de prácticas -asegura el decano Garrido.

Dentro del penal, las imputadas tuvieron distintos problemas. Al motín que se desató los primeros días de abril se sumaron otros hechos a final de mes. Mientras Ariadna fue castigada con una semana sin visitas ni encomiendas por insultar a una jueza, la defensa de Yaritza recibió el rechazo del tribunal en la audiencia de revisión de medidas cautelares, al argumentar que la discapacidad que su clienta le hubiera hecho imposible armar una bomba. En lo personal, Yaritza también lamentó que su padre, Roberto Grandón, perdiera su trabajo. Sólo después de un par de meses pudo reinsertarse en el norte del país.

Sólo Roxana Marín recibió buenas noticias. El 2 de mayo, el tribunal le permitió cambiar la cárcel por un arresto domiciliario nocturno, debido a sus seis meses de embarazo. Sería el paso previo a obtener el sobreseimiento definitivo en la audiencia del 3 de septiembre, cuando su hijo, León, ya había nacido. La fiscalía no tenía pruebas decisivas en su contra, como sí las tenía contra Yaritza y Ariadna.

***

El penalista Miguel Soto recibió un llamado de Coyhaique. Era la psicóloga Gisela Torres, dueña de la Consultora Berakah, gestora habitual de proyectos Fosis en la Región de Aysén. Era la mamá de Ariadna. Su propuesta era que tomara la defensa de su hija en la última etapa de la investigación de la fiscalía, que hasta entonces era llevada por la Defensoría Penal Pública. Torres estaba consciente de que la participación de Soto en el caso bombas como abogado de Candelaria Cortés-Monroy, Pablo Morales y Francisco Solar, había sido clave para lograr los sobreseimientos.

La estrategia jurídica de Soto requería tomar el control de la defensa de Yaritza Grandón, que hasta entonces era representada por Sebastián Saavedra, del Centro de Investigación y Defensa Sur (Cidsur), un estudio especializado en la defensa de imputados de etnia mapuche en delitos asociados a la protesta social. Se convenció a los padres de Yaritza de que era la mejor opción y José Antonio Macías, del estudio de Miguel Soto, tomó su representación. Ante la consulta de Reportajes, los abogados de Cidsur -que sólo mantuvo la defensa de Roxana Marín- declinaron referirse al cambio de defensa y al caso en general.

-La defensa que asumió después no tenía una carga ideológica y se limitó a lo técnico o estratégico -opina el fiscal adjunto de Temuco, Roberto Garrido.

El fiscal Mérida estaba seguro de tener un caso sólido. Los peritajes realizados a la pólvora de los artefactos que estaban siendo armados en Espacio Pandemia el día del allanamiento mostraron la presencia de material biológico de Yaritza y Ariadna, que acreditaba la manipulación de los extintores. Otro informe clave era el Nº 700-2013, del perito Rafael Cares, que concluía que los artefactos colocados en los cuarteles de Gendarmería y Fuerzas Especiales "se encuentran vinculados y tienen el mismo origen que los elementos incautados en el registro del inmueble de calle San Ernesto 299".

El objetivo de Soto, a instancias de la madre de Ariadna, era lograr la libertad de sus representadas lo antes posible. Con las pruebas que poseía la fiscalía, consideró que lo mejor era colaborar con la investigación. Entonces se puso en contacto con Mérida. "Me explica que en la ponderación beneficio-resultado lo mejor para ellos era aceptar los hechos", recuerda el fiscal, quien entonces pudo tomarles declaración a ambas imputadas. "No creo que hayan mentido para obtener beneficios, no lo habría aceptado. El detalle con el que describían la confección de las bombas le daba verosimilitud a su historia", agrega Mérida.

En sus declaraciones, Yaritza y Ariadna reconocieron el armado de los artefactos encontrados en Espacio Pandemia, así como también el traslado y colocación de las bombas de Gendarmería y Fuerzas Especiales. Pese a esto, en la acusación de la fiscalía sólo se consideró el delito de tenencia ilegal de explosivos. Fue el primer paso para acordar un juicio abreviado, aunque en la fiscalía creen que tenían sustento probatorio para enfrentar un juicio oral. "Sería especular decir que la fiscalía tenía elementos suficientes para ganar un juicio oral. Se escogió el abreviado exclusivamente por terminar rápido", dice escuetamente Miguel Soto.

La audiencia se llevó a cabo el 7 de septiembre. La fiscalía solicitó una pena de cinco años y un día, pero Soto replicó que ninguno de los artefactos detonó, por lo que "la extensión del mal causado fue mínima". Tomando en cuenta las atenuantes de irreprochable conducta anterior y de colaboración, el juez Federico Gutiérrez decidió sentenciar a ambas jóvenes a tres años y un día, para ser cumplidos en libertad vigilada. Para adoptar la decisión, el tribunal no tomó en cuenta la instalación de los artefactos, porque "si bien aparecen descritos en la acusación, no se condicen con la calificación jurídica efectuada por el Ministerio Público". Esta aclaración del juez alude a que no se invocó la Ley Antiterrorista, la única normativa que sanciona la colocación de bombas en Chile.

Ambas partes salieron satisfechas del juicio abreviado, a pesar de que la fiscalía pediría la revisión de la pena a la Corte de Apelaciones. La confesión de Yaritza y Ariadna fue la primera desde que se iniciaron los ataques con bomba de motivación anarquista. Esto les valió a ambas el repudio de muchos de sus pares en las redes sociales, quienes las tildaron de "traidoras", "sapas", "delatoras" o "informantes de la policía". Ambas dejaron Temuco después de la sentencia.

***

-Nunca me he referido a esto con ningún medio. Ya no tengo contacto con ellos. Estoy en Talcahuano, ellas viven en otros lados. Ahora tengo cosas que hacer.

Estas son las únicas palabras que Yaritza Grandón tiene para decir acerca del proceso que enfrentó hace más de un año. Sandra Paredes, su madre, está nerviosa y prefiere no hablar. Su marido, Roberto Grandón, toma la palabra por ella:

-No queremos más de esto. Tuvimos que pasar ese frío invierno en Temuco. Entiendo a mi hija. Nos usaron para sacar a esa otra mocosa.

El distanciamiento entre las "niñas-bomba" se selló apenas terminó el juicio abreviado. Ariadna volvió a Coyhaique, pero luego su familia se trasladó a la Quinta Región. Ni ella ni su madre, Gisela Torres, contestaron los correos de Reportajes. Ariadna dedica su tiempo libre a la actuación. Sigue declarándose "ácrata".