La derrota decisiva de la G-90

Hasta que haga efectiva su renuncia mañana a primera hora, Cristián Riquelme Urra, de 44 años, sigue siendo el jefe de 356 personas al interior del Palacio de La Moneda. Como director administrativo tiene bajo su mando los servicios logísticos y de administración no sólo de la Presidencia, sino también de los tres ministerios con sede en la casa de gobierno, es decir, Interior, Secretaría General de Gobierno (Segegob) y Secretaría General de la Presidencia (Segpres). A su cargo, además, hay más de 10 departamentos, tan diversos entre sí como tecnologías de la información, contabilidad, patrimonio cultural, movilización, casino y repostería, e incluso la administración del palacio presidencial de Cerro Castillo, en Viña del Mar.

Quienes conocen a Riquelme comentan que es un hombre reservado, calmo, de bajo perfil y poco dado a los conflictos, unas características que lo hacían idóneo para desempeñar una labor más técnica que política, alejada de las luces. Que su oficina esté ubicada en el subterráneo de La Moneda simboliza de alguna manera el papel que ha jugado dentro de la política nacional.

Cuando desocupe su espacio en las entrañas de Palacio, Riquelme no sólo dejará un cargo que, en total, ha desempeñado por seis años a lo largo de dos períodos presidenciales, sino que será el último integrante de la denominada G-90 (Generación del 90) del PPD en abandonar La Moneda.

Dos años atrás, con la asunción de Michelle Bachelet, eran muchos más los que llegaban al alero de Rodrigo Peñailillo, ministro del Interior y hombre de confianza de la Mandataria. Estaban Flavio Candia como encargado de la Unidad de Análisis Estratégico de Interior; también Harold Correa, primero como asesor de Presidencia y luego como jefe de gabinete del ministro de Educación; Adolfo Galindo como jefe de gabinete de la ministra de Minería, y muchos más. Pero la destitución de Peñailillo en mayo anunció la debacle para la G-90 y, de alguna manera, marcó el destino de Riquelme.

A partir de entonces, se transformó en un blanco fácil tanto para la oposición como para los críticos dentro de la Nueva Mayoría. Si su aparición en dos de los expedientes investigativos que más fuerte han golpeado al gobierno -SQM y Caval- lo puso en jaque, su incompleta declaración de patrimonio e intereses y los millonarios contratos de sus empresas con el Estado precipitaron su caída.

-Ayudémonos en esto.

Según uno de los asistentes a la reunión de la mesa directiva del PPD con el ministro del Interior, Jorge Burgos, así fue que éste pidió abordar la situación de Cristián Riquelme. La cita ocurrió el viernes 12, dos días después de que se difundiera que su declaración de patrimonio e intereses estaba incompleta. En el documento, el administrador había omitido las actividades profesionales y económicas que desempeñaba antes de volver al Ejecutivo, así como las tasaciones fiscales y comerciales de sus bienes inmuebles. Tras la conversación, los líderes del PPD accedieron a cooperar para que Riquelme saliera de La Moneda, transmitiéndole a Burgos que no lo sostendrían por más tiempo.

Aquella promesa se comenzó a cumplir este lunes 15, cuando el presidente (S) de la colectividad, Gonzalo Navarrete, tomó contacto con uno de los integrantes de la G-90 para abrir una vía de comunicación con Riquelme, quien se encuentra de vacaciones fuera de Santiago. El mensaje era que tenía que cooperar, que no podía hacer de su caso algo personal, porque, al final, era un tema político.

Pese a estar lejos, Riquelme estuvo activo durante toda la crisis. Inmediatamente respondió que consideraba injusto que se colocara su nombre "en medio de la tormenta" y alegó que tenía un legítimo derecho a defenderse de acusaciones que consideraba injustas.

Sus palabras le dieron a entender a la mesa PPD que no tenía ninguna intención de renunciar.

El último recado de Navarrete reiteró la idea: pese a entender su derecho a defensa, el problema era político, no personal. Aquella fue la última comunicación y la señal más contundente de que Riquelme se había quedado solo.

En paralelo a esas conversaciones, se conocieron los negocios de las sociedades de Riquelme con el Estado. Dos de sus empresas -AyR y Greentec- acumulaban $ 417 millones en ingresos desde reparticiones públicas entre 2013 y 2015, fundamentalmente gracias a la venta de insumos clínicos a servicios de salud. Varias de las operaciones se habían realizado mediante trato directo, sin licitaciones.

Estos nuevos antecedentes convencieron a la Contraloría de instruir un sumario administrativo contra la Dirección Administrativa de la Presidencia y todos los otros organismos que aparezcan involucrados en los contratos de las empresas de Riquelme, sin necesidad de alguna investigación previa. A primera hora del miércoles 17, el contralor Jorge Bermúdez intentó comunicarse insistentemente con la jefa de gabinete (S) de la Presidenta, Paula Forttes, pero no consiguió ubicarla.

El contralor pretendía advertir personalmente a Bachelet de la investigación que supone la revisión de los gastos del corazón de La Moneda y las platas presidenciales. Así que Bermúdez esperó hasta el mediodía. Sólo entonces el jefe del organismo fiscalizador decidió llamar a Burgos para informarle su determinación. Teniendo en cuenta este nuevo escenario, el jefe del gabinete ministerial llamó a la Presidenta para instarla a tomar alguna decisión sobre el asunto.

Antes de que la renuncia fuera anunciada públicamente, Bachelet llamó desde Caburgua a su director administrativo para contarle lo que estaba por ocurrir. Le pidió que supiera comprender la determinación a la luz de las circunstancias. El gesto no fue una sorpresa para Riquelme. Ambos tenían una estrecha relación, que era independiente del vínculo que la Primera Mandataria tenía con Rodrigo Peñailillo.

Nacido en Lota, en 1972, Riquelme fue compañero de Rodrigo Peñailillo en el Liceo A-49 de Coronel. Sus carreras políticas corrieron paralelas desde entonces, tal como en La Moneda, con uno en la superficie y otro en el subterráneo.

Ambos fueron alumnos de Ingeniería Civil en la Universidad del Biobío, aunque luego Peñailillo se cambió a Comercial. Allí conocieron a Flavio Candia, otro de los personajes influyentes del G-90. El "Chico" Riquelme, como le llamaban, se inscribió en el PPD algún tiempo después que sus amigos, en 1997, cuando Ricardo Lagos tenía la Presidencia en la mira.

Ese año, Peñailillo fue electo presidente de la Federación de Estudiantes de la institución y comenzó a representar a las universidades de la región en la Confech, donde marcó un contrapunto con el presidente de la Fech, el comunista Rodrigo Roco. El rol de Riquelme se comenzó a perfilar desde aquella época, pues fue el encargado de llevar los números de la federación durante las presidencias consecutivas de Peñailillo y Candia.

Los esfuerzos de Peñailillo por negociar con el gobierno un alto a las movilizaciones de 1997 fueron premiadas por las cúpulas del PPD, quienes decidieron traerlo a Santiago para que colaborara con la campaña presidencial de Lagos. Riquelme y Candia también fueron parte del proceso, acompañados de Harold Correa, un abogado de la Universidad de Chile con el cual rápidamente se identificaron como afines. Juntos ganaron las elecciones de la Juventud PPD en el año 2000, derrotando a la lista apoyada por el "girardismo", en un hito que consolidó al grupo dentro del partido. Fue entonces cuando nació el mote de G-90, que se le atribuye a Francisco Vidal, uno de los padrinos de Peñailillo y sus amigos.

Durante el gobierno de Lagos, los G-90 tuvieron sus primeros cargos en el Estado. La Subsecretaría de Desarrollo Regional (Subdere), liderada por Vidal, llamó a Peñailillo para que asumiera un cargo en la repartición, y éste, a su vez llamó a sus compañeros para que lo asistieran.

A Riquelme le tocó trabajar en la nueva unidad de auditorías. Su puesto de trabajo estaba ubicado en el rincón de un subterráneo, que según cuentan tenía poco más que un computador y un basurero. "Una unidad chica para el 'Chico'", bromeaban sus compañeros de generación.

Por esa época, la G-90 intentó expandir sus espacios de influencia dentro del PPD. En 2001, a Riquelme le correspondió postular al Tribunal Supremo del partido, una instancia para la cual sus compañeros prepararon el particular eslogan de "vota por el 'Chico'". Más allá de las bromas, Riquelme aseguró un asiento en la instancia, pero no se conformó y en 2003 terminó ocupando la presidencia, imponiéndose a otros militantes más conocidos, como el abogado Samuel Donoso.

Si bien fue con Lagos cuando los integrantes de la G-90 alcanzaron posiciones en el aparato gubernamental, fue en el mandato de Michelle Bachelet cuando cobraron mayor notoriedad y poder.

Su nuevo peso político se hizo patente durante la campaña presidencial de 2005, cuando Peñailillo se unió al grupo de asesores más cercanos de la candidata, junto a socialistas como María Angélica Alvarez, conocida como la "Jupi"; Francisco Díaz o Juan Carvajal. Con Peñailillo tan cerca del poder, fueron varios los G-90 que entraron al círculo. En el caso de Riquelme, le tocó manejar las finanzas personales de Bachelet, mientas el geógrafo Giorgio Martelli se ocupaba de cuadrar la caja grande de gastos electorales delante del Servel. Fue en este período cuando Riquelme se ganó el beneplácito de la Presidenta. Tras su triunfo, ésta le ofreció ocupar el cargo de director administrativo de la Presidencia, el mismo que desempeñará hasta mañana, cuando haga efectiva su renuncia.

Esos primeros años en el aparato gubernamental no estuvieron exentos de problemas. El escándalo de Chiledeportes golpeó fuertemente al colectivo por el papel de un G-90. Andrés Farías, jefe de gabinete del director metropolitano de la repartición, Orlando Morales, envió "por error" un correo electrónico en el que se planeaba el desvío de recursos mediante asignación directa para varios diputados y alcaldes del PPD.

Posteriormente, Farías acusó que su jefe, Orlando Morales, y Harold Correa, por entonces jefe de gabinete de Ricardo Lagos Weber en la Segegob, sabían de la operación. Salpicados por el escándalo, tanto Morales como Correa se vieron obligados a renunciar por las presiones políticas.

Para Riquelme, esos años tampoco fueron un remanso. En agosto de 2008, los fiscales Vinko Fodich y Pablo Norambuena ingresaron a La Moneda por Morandé N° 130, una entrada que da hacia el subterráneo ocupado por la dirección administrativa. Pese a la negativa inicial de Riquelme, los fiscales tenían una orden judicial que los avalaba. El administrador fue el primer notificado de la diligencia que terminaría por incautar diversos computadores y las cintas magnéticas que respaldaban los correos electrónicos de todos los funcionarios de la casa de gobierno. El allanamiento era parte de las pesquisas para esclarecer la responsabilidad del anterior administrador de La Moneda, Roberto Espinoza, en el pago de $ 39 millones a la empresa Ser Producciones, que, a su vez, usó este dinero para pagarles a 23 funcionarios de la campaña presidencial de Michelle Bachelet.

Como nuevo administrador, Riquelme tuvo que entregar su declaración en la investigación del Ministerio Público y en la auditoría realizada por la Contraloría. En ambas instancias respaldó a Espinoza, su antecesor, rechazando cualquier irregularidad en sus actos administrativos.

Una vez terminado el gobierno de Bachelet, Riquelme no siguió el ejemplo de Peñailillo y otros de sus compañeros, que se fueron a estudiar posgrados en el extranjero. El prefirió hacer un magíster en gestión en Santiago y concursar a un trabajo en el Senado, que realizó hasta que la propia Bachelet y, por supuesto, sus amigos de la G-90 le pidieron que regresara para ayudarlos en la segunda candidatura presidencial de 2013.

Precisamente fue su vinculación a la denominada "precampaña" la que le abrió el primer flanco a Riquelme. Como administrador de Somae, la empresa encargada de gestionar los fondos de la campaña, Riquelme recibió depósitos por un total de $ 32,5 millones desde una cuenta corriente personal de Giorgio Martelli, entre marzo y agosto de 2013.

El problema era que la sociedad representada por Martelli, Asesorías y Negocios, había sido la encargada de reunir donaciones empresariales para financiar las actividades políticas del "círculo de hierro" de Bachelet, que incluía a Peñailillo y varios otros G-90.

Cuando el Ministerio Público se encontró con las facturas de Asesorías y Negocios a SQM, la estructura de poder que los G-90 llevaban construyendo desde hace 15 años comenzó a tambalear. Poco después de descubrirse las boletas de Peñailillo, Correa, Candia y otros a Asesorías y Negocios, Bachelet decidió cambiar el gabinete y reemplazar a Peñailillo por un oponente histórico de la G-90, Jorge Burgos. Su enfrentamiento se remontaba a una campaña parlamentaria de 2001, cuando Peñailillo era jefe de la candidatura de Igor Garafulic, que fue superado por Burgos luego de una dura batalla, repleta de acusaciones cruzadas.

Con Burgos en La Moneda, los G-90 fueron saliendo uno a uno. Hasta que sólo quedó Riquelme. Pero la mala fortuna de haber conocido en Brasil a Juan Díaz, hoy formalizado por el caso Caval, y de haberlo recibido en La Moneda hicieron imposible que siguiera pasando inadvertido.

La decisión de la mesa PPD no sólo tendría implicancias para Riquelme, sino para todo su colectivo.

Durante los últimos meses, la G-90 había intensificado las conversaciones con vistas a un eventual rearme. Pese a la arremetida de Sebastián Dávalos en contra de Peñailillo por su manejo del caso Caval y al sumario instruido en contra de Adolfo Galindo, ex jefe de gabinete de la ministra de Minería, Aurora Williams, la agrupación se estaba articulando para mantenerse presente dentro de la orgánica del PPD. Su intención principal era allanar el camino para un eventual retorno de Peñailillo a la actividad, pensando en una postulación al Parlamento. Para ello, era necesario dar pasos previos.

Uno de ellos era proyectar a alguno de ellos en la próxima comisión política del partido. Sin embargo, la caída de Riquelme también significó que, al menos, la mesa de unidad que liderará Navarrete descartara esa situación, lo que implica que la G-90 tendrá que buscar un nuevo entendimiento dentro de su propio partido.

Afuera del PPD, los cuadros de la G-90 tampoco son bien percibidos. La Nueva Izquierda del PS, el ala histórica de la Presidenta Bachelet, parece determinada a recuperar la influencia que otrora tuvo sobre la Mandataria, por lo que ven con suspicacia cualquier movimiento de la G-90, que por un buen tiempo pareció ser el sector que contaba con mayor confianza presidencial.

Varios integrantes de la G-90 han optado por el aislamiento. Se mantienen herméticos y evitan hablar de política fuera de su círculo. Señalan que han sido perseguidos injustamente, pues sólo ellos han pagado los costos de trabajar en un programa de gobierno en el que creían. También aseguran que nadie se enriqueció en ese proceso, pero están conscientes de que la soberbia de haber estado arriba pudo haberles pasado la cuenta.

"Es importante valorar el aporte personal que varios de ellos han hecho desde las distintas responsabilidades que les ha tocado desempeñar. No se les puede juzgar por un momento, sino que por lo que han sido sus trayectorias. Yo conozco de cerca a varios de ellos, sé del aporte que han hecho. No voy a desconocerlos", comenta Sergio Bitar, otro de los históricos que los apadrinó a inicios de este siglo.

Si bien la derrota simbólica de haber perdido a Riquelme en La Moneda es un golpe fuerte al grupo, la G-90 aún cuenta con Juan Eduardo Faúndez en la Subsecretaría de Servicios Sociales, y con Carolina Cucumides en la Gobernación de Colchagua. El debate respecto de si ellos deben permanecer en el gobierno o retirarse en solidaridad con sus compañeros sigue vigente.

A largo plazo, su esperanza es una eventual candidatura de Ricardo Lagos, quien ha evitado criticar a Peñailillo y al resto del grupo. En la G-90 piensan que el hombre que los insertó en el Ejecutivo, hace 15 años, puede ser el único que los lleve de regreso.