La Fuerza Aérea: La estrategia del "diversionismo"

En la mañana del lunes 20 de agosto de 1973, el Presidente Salvador Allende abordó un helicóptero de la Fuerza Aérea con rumbo a Chillán, donde encabezaría la conmemoración del 195 aniversario del natalicio de Bernardo O'Higgins. Los pilotos habían pensado en una idea extrema; desviarse de la ruta y secuestrar al Presidente en algún lugar del sur. Con ello pretendían responder a la crisis que vivía la FACh, aunque su acción también podía ser el inicio de un golpe de Estado. Sin embargo, en el camino desecharon el plan.

La FACh había despertado ese día en estado de exaltación. Apenas unas horas antes, en la noche del domingo, el comandante en jefe, general César Ruiz Danyau, se había presentado de uniforme en el programa de Canal 13 "A esta se improvisa" y los representantes de la oposición, el joven dirigente gremialista Jaime Guzmán y el democratacristiano Jorge Navarrete, se habían dado un festín explorando sus contradicciones con el gobierno de la UP. Un festín algo sombrío, porque ninguno de los inteligentes panelistas ignoraba la gravedad de que un general participara en un debate político. Con un detalle aún más serio: Ruiz Danyau ya no era el comandante en jefe.

Ruiz Danyau era el único de los comandantes en jefe al que Allende conocía desde antes de asumir el mando y por ello creía tener con él una cierta amistad. Cuando convocó a los comandantes en jefe para integrarse a un gabinete de "Seguridad Nacional", cuyo principal objetivo sería desmantelar un nuevo paro de los camioneros (iniciado el 26 de julio), le permitió elegir la cartera que preferiría. El 9 de agosto, Ruiz Danyau juró como ministro de Obras Públicas y Transportes. La selección tenía una intención inconfesable: Ruiz Danyau quería evitar que el gobierno aplastara a la organización de los transportistas.

Pero seis días después, el subsecretario de Transportes Jaime Faivovich lanzó un ultimátum anunciando la requisición masiva de camiones en caso de continuar el paro. Viéndose sobrepasado, Ruiz Danyau presentó su renuncia como ministro. Allende le pidió continuar, en vista de que el paro estaba por quebrarse. Ante la insistencia de Ruiz Danyau, el Presidente intentó que asumiera el cargo otro general de la FACh. Pronto percibió que ninguno lo haría sin una oferta más tentadora, como la comandancia en jefe. Fue lo que ofreció a los dos generales siguientes en la línea de mando, Gustavo Leigh y Gabriel van Schouwen. Pero ninguno quiso aceptar hasta que se resolviera la situación de Ruiz Danyau.

En la tarde del 17 de agosto, después de una presión insoportable, Ruiz Danyau firmó su renuncia al ministerio y a la FACh. El Presidente la llevó en su bolsillo a la cena secreta que tendría con el senador de la DC Patricio Aylwin en la casa del cardenal Raúl Silva Henríquez.

El general Leigh condicionó su aceptación a no asumir el ministerio; el Presidente aceptó que ese cargo fuese asignado a otro general, Humberto Magliochetti, quebrantando la exigencia que había hecho a Ruiz Danyau. Indignado por este cambio, el general decidió que, aunque había firmado una carta pero no su expediente de retiro, su situación final no estaba sellada. Se sentía burlado.

Sin embargo, el nombramiento de Leigh como comandante en jefe fue cursado el sábado 18. Por eso, la aparición de Ruiz Danyau en "A esta hora se improvisa" era, además de irregular, una perturbación muy seria.

En la mañana del 20, los oficiales de las bases aéreas de El Bosque, Cerrillos y Colina ordenaron un "autoacuartelamiento" que, según el comunicado emitido por el jefe de relaciones públicas de la FACh, comandante Ramón Gallegos, tenía por objetivo rechazar el procedimiento del gobierno para sacar al general Ruiz Danyau. Otras bases de provincias se unieron. Era una insurrección en gran escala. Poco después del mediodía, el ministro de Defensa y comandante en jefe del Ejército, general Carlos Prats, ordenó a su jefe de Estado Mayor, el general Augusto Pinochet, y al comandante en jefe de la Armada, almirante Raúl Montero, acuartelar en primer grado a sus unidades principales para prevenir hechos mayores.

Prats se restó en forma deliberada de la crisis de la FACh, ante las seguridades del general Leigh de que sería controlada. Con Allende ausente de La Moneda, fue Letelier, entonces ministro del Interior, quien enfrentó la situación. Pidió al PC que Orlando Millas lo acompañara en su gabinete. Dio instrucciones a Prats y a Carabineros y ordenó al intendente Julio Stuardo clausurar la radio Agricultura e informar de lo que ocurría a todos los partidos, salvo al Partido Nacional.

Ruiz Danyau se fue en la mañana a la base de Cerrillos, donde lo esperaban unos 80 oficiales que exigían su restitución en el mando. Después de avisar al general Leigh, se trasladó a la base El Bosque, donde se habían juntado unos 200 oficiales en el anfiteatro principal. La reunión no fue apacible. En el clima de exaltación dominó la idea de obligar al gobierno a reponer a Ruiz Danyau. Pero ya estaba claro que ni el Ejército ni la Armada se plegarían, en ese momento, a semejante aventura.

Cuando llegaron Leigh y otros generales, se reunieron con Ruiz Danyau. Le reprocharon su conducta ambivalente, la excitación en las bases aéreas y, en especial, su asistencia al programa "A esta hora se improvisa". Antes de las 19, Ruiz Danyau aceptó irse y reconocer el mando de Leigh. El nuevo comandante en jefe partió a La Moneda e informó al Presidente y a los ministros Prats y Letelier. Al regresar de Chillán, Allende leyó esa noche un comunicado apaciguador por cadena nacional.

El coletazo de la crisis se produjo en la mañana siguiente, el 21, cuando una cincuentena de mujeres, más tarde identificadas como esposas de oficiales de la Fuerza Aérea, se reunió frente al Ministerio de Defensa a gritar consignas en apoyo a Ruiz Danyau y en contra de Prats, a quien atribuían la caída del general. Prats, agripado y con fiebre, contempló el incidente y después de almuerzo se fue a su casa. No imaginaba lo que vendría.

Tampoco Leigh permaneció tranquilo. A lo menos desde la segunda mitad de 1972, se había embarcado en una sucesión de reuniones con altos oficiales de la propia FACh, la Armada, el Ejército e incluso Carabineros, con vistas a derrocar al gobierno de la UP. Hacia junio de 1973, tales encuentros ya tenían la forma de una conspiración: no involucraban a los comandantes en jefe, se realizaban en secreto y estaban al margen de las reglas.

En cuanto asumió la jefatura de la FACh, Leigh notificó a sus contertulios que no podría seguir asistiendo. Lo representaría el subjefe del Estado Mayor Conjunto, el general Nicanor Díaz Estrada, un hombre más vehemente que él mismo, que se venía enfrentando al gobierno con sus esfuerzos por inculpar a la ultraizquierda del asesinato del edecán naval del Presidente, el comandante Arturo Araya, a pesar de las crecientes evidencias que acumulaba la policía de Investigaciones sobre la ultraderecha.

Leigh debía cuidarse. Era la primera pieza en la estrategia de copar los mandos superiores de las Fuerzas Armadas. El gobierno no confiaba en él, pero carecía de alternativa. Estaba entregado a su obediencia constitucional.

La FACh también se sentía amenazada desde dentro. Dos de sus generales trabajaban para el gobierno y simpatizaban abiertamente con él: Alberto Bachelet, designado en la Dirección de Abastecimiento y Comercialización; y Carlos Dinator, auditor. Ambos habían sido aislados delicadamente del cuerpo de mando, pero Leigh sabía que otros oficiales y suboficiales simpatizaban con la UP; algunos tenían hijos o sobrinos que militaban en partidos de gobierno o, peor aún, en el MIR. No había forma de calcular la capacidad de deteriorar el mando que ellos tendrían en caso de una insurrección de la FACh. El quiebre no era una mera fantasía. Contribuían a esa idea, de modo paradójico, los diarios y revistas de la UP que desde agosto venían publicando listas de oficiales "golpistas"; los mandos se preguntaban de dónde salían esas informaciones.

Leigh no ocultó sus intenciones en un aspecto: la aplicación de la Ley de Control de Armas, una norma dictada en 1972 para limitar lo que entonces parecía un creciente incremento del armamento en manos privadas. Después del "tanquetazo" del 29 de junio de 1973, las Fuerzas Armadas decidieron aplicarla con más severidad y la vanguardia de ese endurecimiento la tomaron la Armada y la FACh.

Los sectores revolucionarios la consideraban una ley represiva y denunciaban su uso abusivo por parte de las Fuerzas Armadas. No cabe duda de que esas operaciones frenaban las actividades de entrenamiento militar, distribución de armas y acumulación de fuerzas irregulares en los bastiones del "poder popular"; los obligaban, por lo menos, a sumirse en el disimulo y la clandestinidad.

Entre agosto y septiembre, la FACh tomó iniciativas que iban algo más allá de sus simples entornos. Aunque el Presidente apoyaba la ley, las denuncias de sus partidarios lo llevaron a plantear varias veces sus reparos al jefe de la FACh. Leigh, extremando sus capacidades de disimulo, hizo notar a Allende lo "extraño" que era el hecho de que nadie denunciara el armamentismo de derecha.

El ahora ministro de Defensa, Orlando Letelier, desconfiaba mucho más de Leigh. Consideraba, como diría más tarde a Joan Garcés, que era el líder del "diversionismo" con que trataban de apaciguar al gobierno los que preparaban el golpe de Estado.

Dos operaciones militares llevaron las cosas a un punto límite. La primera ocurrió el 4 de agosto en Punta Arenas, en la fábrica Lanera Austral, donde tropas combinadas bajo el mando del jefe de la V División, el general Manuel Torres de la Cruz, entraron al amanecer y sometieron a los obreros a un violento proceso de registro e interrogatorio. Uno de ellos, Manuel González, fue muerto de un balazo. Las tropas no encontra ron armas.

Allende envió a dos ministros -Jaime Tohá y Sergio Insunza- para investigar en forma independiente. El informe que elaboraron atribuía uso excesivo de fuerza a los soldados de la IV Brigada Aérea. Cuando lo recibió Leigh, todavía jefe del estado Mayor de la FACh, dijo que lo estudiaría, pero que en principio estimaba que había elementos exagerados.

Un mes más tarde, en la noche del 7 de septiembre un fuerte contingente de la FACh se dirigió a allanar una casa contigua a las industrias Sumar, en el área de San Joaquín. Según la versión militar, mientras se desarrollaba esa operación, los soldados fueron atacados desde el interior de la fábrica Sumar-Nylon, por lo que decidieron allanarla. Mientras los obreros eran sacados a la calle, se inició un concierto de sirenas y alarmas, y "unos 500 hombres" comenzaron a acercarse. Para evitar un enfrentamiento, los camiones de la FACh se retiraron… con 23 detenidos.

Esa noche, el ministro Letelier cenaba en casa del general (R) Prats y habló varias veces con Leigh, instándolo a retirar a las tropas. Luego lo citó a su despacho para la mañana del sábado 8, a donde también había citado al director de Investigaciones, el socialista Alfredo Joignant. Para irritación de Leigh, Letelier dijo que la investigación oficial la llevaría la policía civil y que en adelante las Fuerzas Armadas no realizarían allanamiento alguno sin consulta y consentimiento previo del mismo ministro.

Leigh no se opuso a estas medidas. Pero se sentía en el borde. Muchos años después, el entonces comandante Ernesto Galaz estimaría en el programa Mentiras verdaderas de La Red que entre la oficialidad de la FACh había un 10% que simpatizaba con la UP y se oponía a un golpe de Estado, y otro 10% que tenía "una inquina enorme contra el gobierno". El 80% restante, dijo, era gente que no apoyaba ni a unos ni a otros y que sólo "se quedaron con los que ganaron".