La funa tolerante

HACE UN buen tiempo que venimos observando un deterioro del debate y cómo el defender ciertas posiciones o siquiera insinuar un reproche a las que están en boga, resulta ser motivo suficiente para ser descalificado personalmente o incluso, impedido materialmente de la posibilidad de expresarse.

Así, por ejemplo, me llamó la atención la funa que organizaron algunas colectividades contra un seminario sobre la homosexualidad que organizaba la Universidad Católica. Como me imagino era previsible, tratándose de dicha casa de estudios, tanto los conferencistas como los temas abordados estaban claramente teñidos de un tinte conservador, premoderno e incluso, homofóbico para algunos. Con todo, ¿son esos motivos suficientes para intentar impedir, incluso por la fuerza, que se realizara dicho evento?

Sostengo que no. En una democracia se amparan y protegen las opiniones que se vierten en el debate público, aunque para muchos éstas resulten erróneas, sesgadas e incluso ofensivas. La libertad de expresión justamente consiste en entender que un enunciado puede ser válido, aunque no necesariamente valioso. Si hiciéramos de ambas categorías un sinónimo, como pretendiendo homologar o refundir su significado, nadie estaría en posesión de un verdadero derecho que pudiera exhibir frente a una mayoría que piensa diferente.

Con todo, persisten dos interesantes aristas. La primera, es que no todos los enunciados son válidos en una comunidad política. Incluso, en las sociedades más libertarias se censuran o penalizan las expresiones que promueven el odio, incitan a la violencia o que intentan socavar las bases fundamentales sobre las cuales organizamos nuestra convivencia. Ocurre así en los Estados Unidos con motivo de la cuestión racial y otro tanto en Alemania en relación al antisemitismo. Ahora bien, más allá del sesgo con el que se diseñó este seminario, tengo serias dudas de que pueda sostenerse que su sola realización constituía un acto que lesionaba severamente la dignidad de quienes detentan o proclaman una condición sexual diferente.

En segundo lugar, algunos podrían reprochar que siendo el Estado el que debe asegurar que se den las condiciones para un debate pluralista donde puedan expresarse todas las ideas, esta actividad se realizó en una universidad privada, la que sin embargo recibe aporte fiscal directo. Confieso que se trata de una línea argumental de toda mi predilección aunque, en este caso, algo alambicada. El deber de la autoridad, en orden a favorecer y alentar la diversidad de la discusión pública, debe ejercerse en un contexto general. Me parece incluso peligroso que interpretemos este principio de forma que el Estado pueda intervenir en una actividad específica, por la vía de obligar a que se representen todos los puntos de vista o, peor, prohibiendo determinados eventos cuando no sea posible lograr este particular equilibrio.

Dicho lo anterior, creo que se le hizo un flaco favor a la causa de la tolerancia, valor que supongo esencial para todos aquellos movimientos que promueven la diversidad sexual. No hay mayor fuerza que la que importan los propios argumentos y, desgraciadamente, no fue eso lo que percibimos en quienes han hecho del respeto su principal consigna.

Jorge Navarrete

Abogado