La historia del primer colegio multado por no denunciar un abuso escolar

En agosto de 2002, Felipe, junto a algunos de sus compañeros de segundo básico, llegó corriendo a su sala. Quería descansar unos minutos antes de retomar las clases en el colegio Inglés George Chaytor de Temuco, particular pagado, pero el aula estaba cerrada. Un piso más arriba, otro alumno de tercero medio, de 17 años, conversaba con una chica. Los niños le hicieron muecas, como mandando besitos. Gestos que al joven no cayeron bien. Bajó las escaleras y golpeó al primero que encontró: "Pipe", quien tras la golpiza resultó con una contusión dorsal, esguinces de codo y muñecas y otras lesiones en su cara.

La semana pasada, un tema similar acaparó las miradas de la prensa. El noveno juzgado civil de Santiago condenó a los sostenedores del colegio Santa María de Maipú a pagar una indemnización de $ 20 millones, a la familia de Nicole, quien por cuatro años fue víctima de ataques sicológicos.

Esto porque a pesar que su familia denunció el hecho, nunca fue tomado en cuenta por las autoridades del colegio subvencionado.

El caso conmovió a la opinión pública, pero no fue el primero. Hace una década, cuando no había una ley precisa de por medio, la cruel golpiza a Felipe marcó el precedente: fue el primer caso en que la justicia falló contra un colegio por no responsabilizarse de la protección de sus alumnos.

La historia comenzó a escribirse cuando un llamado de Jorge, el hermano de Felipe, alertó a su madre.

"El niño tenía la cara hinchada, no movía los brazos, le dolían las costillas y lo tenían en una sala junto a su hermano", recuerda María Eliana, su madre. "Pedí explicaciones, pero ningún inspector me dijo qué había pasado", alega.

De hecho, la agresión ocurrió en el recreo de las 11 y recién a las 13.30, María Eliana ingresaba con su hijo a la Asociación Chilena de Seguridad. "Las autoridades del colegio no habían hecho nada en todo ese tiempo", sostiene. "No lo llevaron a la asistencia pública, porque no tenía seguro escolar", agrega.

Esa desidia llevó a María Eliana a demandar al establecimiento, cuyo sostenedor entonces era el centro de padres, a través de una sociedad privada.

La mujer estaba dolida con el colegio. Ahí estudiaban sus tres hijos y era una apoderada conocida por participar en las actividades. No podía entender cómo no ayudaron a su hijo y que el agresor no fuera sancionado. "Felipe estuvo dos semanas en cama y nadie me llamó, el chico que le pegó seguía ahí y a nadie le importó", cuenta.

Relata que, al volver al colegio, Felipe tenía miedo. Su hermano mayor, que iba en segundo medio, le prometió que lo defendería y que no lo dejaría solo. No fue suficiente. "Tuvo problemas afectivos y apego a figuras protectoras. Se volvió un niño retraído, tuvo que acudir a especialistas. Esta situación influyó, sin duda, en su rendimiento escolar, incluso repitió más adelante", dice María Eliana. La pesadilla se acentuó cuando su hermano mayor egresó de cuarto medio. A pesar de que el agresor ya no estaba, Felipe no la pasó bien. Finalmente, la familia decidió emigrar a Santiago. Nunca pudo superar aquella mañana.

Indemnización

En 2003, el caso lo tomó el abogado, Fuad Halabí, quien recurrió a la Justicia Civil. En esos años el tema se arreglaba en el colegio o simplemente no se denunciaba. Hoy existe más conciencia. De hecho, en 2011 las denuncias al Mineduc por agresiones fueron 2.055, un 21% más que el año anterior.

"Esa es la importancia de este caso. Es la primera causa en que la acción penal va dirigida a un colegio y no contra el que pegó o sus padres", dice Halabí.

El argumento del abogado se basó en que cada contrato de educación obliga al colegio a cuidar y vigilar a los jóvenes. Y, en este caso, no se tomaron las medidas de resguardo para evitar que un alumno agrediera a otro. "Sabíamos que sería un proceso largo, porque era algo inédito en Chile", rememora Halabí. Y tenía razón. En 2006, el Primer Juzgado Civil acogió la demanda en contra del colegio. Dos años después la sentencia fue confirmada por la Corte de Apelaciones de Temuco. Tras ese paso, se abrió otro juicio para determinar el monto de la indemnización. Recién, en enero de 2011, el Tercer Juzgado Civil de esa ciudad fijó la suma a pagar a la familia de Felipe: $ 15 millones, dinero que aún no han recibido.

En el intertanto, la sociedad Educar compró el tradicional colegio. Según Halabí, los nuevos sostenedores reconocen la existencia de la agresión, pero niegan el pago, aduciendo que la golpiza fue antes. La dirección actual del colegio declaró que el tema estaba zanjado. Sin embargo, la decisión está en manos de la Corte Suprema que debería pronunciarse por estos días.

Las historias de Temuco y Maipú tienen mucho en común. Sucedieron antes de que existiera la ley sobre violencia escolar, que sanciona a los colegios que no tomen medidas preventivos y que involucra multas millonarias. Esta vez no dictadas por la justicia, sino por el propio Mineduc.