La hora de los abogados

Las oficinas de Lathrop Blanco, ubicadas en el piso 13 de un flamante edificio de Avenida Las Condes, son un trabajo en proceso. No hay adornos en las paredes y los teléfonos de la recepción están sobre la alfombra, que también está llena de cajas sin abrir. Por el momento, los abogados que llegaron la semana pasada a ocupar las instalaciones conviven con los decoradores, que toman nota de las medidas para llenar el vacío con un mobiliario que transmita buen gusto y profesionalismo a los futuros clientes.

Uno de los despachos que luce más completo es el de Catherine Lathrop (45), socia de este nuevo estudio jurídico junto a Margarita Blanco, quien fuera su compañera hace algunos años en la firma de Juan Agustín Figueroa. Luego de una mañana ajetreada en el Centro de Justicia, Lathrop se sienta, carga un cigarro electrónico en su laptop por unos instantes y luego comienza a fumar. "Quería una relación más directa con los clientes, poder ocupar todo mi tiempo en todas mis causas, no andar preocupada de poner la firma en tantos juicios", explica sobre su nueva empresa.

La nueva casa de Lathrop tuvo costos importantes para su antigua oficina. Su salida de Insunza Abogados, donde era socia, con un 25% de la propiedad, significó también que Hugo Bravo, el ex gerente de Penta que está cumpliendo arresto domiciliario por cargos de delito tributario, soborno y lavado de activos, decidiera terminar su vínculo con ellos.

Según cercanos, Lathrop había tenido un historial de desavenencias con uno de sus socios, Gonzalo Insunza (64), por su creciente protagonismo mediático en la defensa de clientes importantes del estudio, como Universidad del Mar, Manuel Cruzat y los dueños de la mina San José, Alejandro Bohn y Marcelo Kemeny. La distancia aumentó después de la formalización de Bravo y, pese a que se buscaron fórmulas para continuar con una representación conjunta, se optó por terminar definitivamente la relación.

Ninguna de las partes quiso referirse a los detalles que motivaron la separación.

La separación entre Insunza y Lathrop dio bastante que hablar. Junto a la partida de Juan Pablo Kinast (47) -abogado de Laurence Golborne en el caso Penta-, desde el área penal de Philippi, Prietocarrizosa y Uría a Albagli/Zaliasnik, han sido los movimientos más comentados entre los litigantes más reputados de Santiago. Todos se conocen bien y varios de ellos habían compartido, algunas semanas antes, en las intensas audiencias de formalización de Penta. Muchos se encuentran de lunes a viernes no sólo en el Centro de Justicia o en el Palacio de Tribunales, sino también en las escuelas de Derecho. Algunos miran con recelo el hecho de que Lathrop se haya ido con un cliente, mientras otros entienden que Bravo haya optado por la abogada a quien consideraba más cercana.

La independencia de Lathrop también habla de un nuevo estatus dentro de la plaza, el mismo que varios estudios emergentes, conformados por abogados formados en el nuevo sistema procesal penal, están consiguiendo a través de causas judiciales complejas y de alta exposición pública.

Los nombres de estos casos ya no son desconocidos para nadie. Penta-SQM y Caval han acaparado la agenda pública en los últimos meses y han puesto contra la pared al sistema político prácticamente en su totalidad. Mientras el Ministerio Público lleva las riendas de estas investigaciones, los juristas se han ido posicionando a su alrededor como querellantes o, en su mayoría, defensores. La responsabilidad que les cabe en los próximos meses será crucial, pues son precisamente los otros dos poderes del Estado -Ejecutivo y Legislativo- los que se encuentran bajo escrutinio. En otras palabras, dicen los expertos, de las estrategias que tomen para enfrentar a la fiscalía depende la credibilidad de las instituciones chilenas.

Por el enorme ventanal de su oficina de Las Condes, Lathrop ahora tiene una vista privilegiada de Santiago. Desde ahí no alcanza a ver las oficinas de sus colegas, pero sabe que el movimiento es intenso. Aunque ya se han librado batallas legales brutales en distintos frentes, intuye que las más importantes están por venir.

La red de Libertades Públicas

Los pasillos de la histórica Facultad de Derecho de la Universidad de Chile ven desfilar entre lunes y viernes a varios de los litigantes más reputados del país. En determinados días, entre las 8.30 y el mediodía, se pueden topar el fiscal nacional, Sabas Chahuán, con quienes son su contraparte, Davor Harasic (67) -quien postula al decanato de la escuela- y su socio, Julián López (48), ambos representantes de Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín, socios y controladores del Grupo Penta. Los tres enseñan Derecho Procesal en distintas secciones y etapas de la carrera. También se puede ver seguido a otros reputados litigantes, como Gabriel Zaliasnik (48), defensor de Iván Moreira en el caso Penta y asesor de SQM; Gonzalo Medina (40), ex jefe de estudios de la Defensoría Nacional y abogado de Pablo Wagner; Matías Insunza (41) y José Pablo Forteza (46), socios del estudio Insunza y hasta hace poco abogados de Hugo Bravo .

Salvo Zaliasnik, todos forman parte de Libertades Públicas, una asociación gremial que surgió en 1997 con el objetivo específico de protestar contra la prohibición de exhibir La última tentación de Cristo y que desde entonces ha sido una de las fuerzas importantes dentro del consejo del Colegio de Abogados, que en mayo estará renovando a nueve de sus 18 integrantes por un período de cuatro años. También forman parte de este movimiento otros de los más prestigiosos juristas del país, como Jorge Bofill (55), defensor de diversos ejecutivos de Penta y responsable de la estrategia de Julio Ponce, tanto en el caso cascadas como en la arista SQM.

"El grupo de penalistas es bastante reducido, por lo que todos se conocen y muchos tienen sintonía en la forma de ver el Derecho", señala Paula Vial (45), socia de Vial & Asociados desde 2011, ex defensora nacional y actualmente abogada de Cynthia Ross, la arquitecta querellada en el caso Caval por su labor en favor del cambio de uso de suelo desde la Municipalidad de Machalí.

Sus contendientes habituales en las elecciones del Colegio son listas asociadas políticamente a la Nueva Mayoría y a la oposición. En ambas hay penalistas, pero la mayor concentración se da en Libertades Públicas. "Pareciera que hay una concentración en nuestra lista, pero también hay personas de diversas áreas. Eso tiene que ver con afinidad en la forma en la cual entendemos el ejercicio de la profesión. Eso nos une en Libertades Públicas. También está el hecho de que casi todos hacemos clases en la Universidad de Chile", comenta Gonzalo Medina, socio de Dal Pozzo & Medina, quien, además de la defensa de Wagner, representa a Claudia Morales en el caso cascadas y a Mario Andina en el caso tsunami. Con anterioridad había participado del caso La Polar junto a AFP Cuprum.

Las visiones que coinciden dentro de Libertades Públicas permiten entender que muchos de sus abogados estén involucrados en defensas relacionadas entre sí: Harasic y López defienden a Délano y Lavín; Bofill se encarga de los altos ejecutivos de Penta, como Manuel Antonio Tocornal, Carlos Bombal y Samuel Irarrázaval; Medina hace lo propio con Wagner, ex funcionario de la empresa y posteriormente subsecretario de Minería, cargo en el cual presuntamente habría incurrido en cohecho, y Francisco Cox (46) asesora a Jovino Novoa, en conjunto con Miguel Schweitzer (76) y Matías Balmaceda (40).

"Hay una identificación de estilos y de principios a la hora del ejercicio profesional o determinadas conductas", agrega otro importante integrante del grupo.

Choque de generaciones

"Siempre hay que fijar el precio antes de empezar. Ahí no te puedes quedar corto". Muchos de sus alumnos recuerdan así la máxima del veterano abogado Nurieldín Hermosilla (83), padre de otros dos importantes litigantes, Luis (58) y Juan Pablo Hermosilla (54), ambos socios de sus respectivos estudios. Muchos juristas de los grandes estudios penales aseguran que la norma se respeta a rajatabla hasta hoy en procesos que alcanzan tarifas millonarias. Se pacta un monto de ingreso y posteriormente un fee mensual y bonos por objetivo, que se cobran en dólares o UF. La vieja noción de honorarios por hora estaría obsoleta, al menos entre los litigantes, y las combinaciones son infinitas. "Cobrar es un arte", añade otro connotado jurista.

En la causa de Penta, por ejemplo, el propio Carlos Eugenio Lavín reconoce en la grabación obtenida por Hugo Bravo que los servicios de Harasic y López les cuestan US$ 100 mil mensuales. De acuerdo a sus colegas, es el monto más alto entre todas las defensas. En el estudio no quisieron confirmar esa cifra.

En un rango similar se encontrarían las firmas de Bofill/Escobar, Albagli/Zaliasnik, Hermosilla/Donoso/Yaconi y Hermosilla/Chadwick, siempre presentes en casos bullados. "Existe una comunidad de abogados cerrada que lleva adelante grandes causas penales. Se da una especie de endogamia. Yo no formo parte de esa red, pero no me incomoda. Prefiero mi posición, de estar en un proyecto que va al alza", dice Mauricio Daza (43), quien comparte estudio con su esposa, Valentina Horvath, Miguel Soto y Pedro Orthusteguy. La firma es querellante en el caso Penta-SQM representando a Ciudadano Inteligente.

Las palabras de Daza representan de alguna manera a una generación de abogados más jóvenes que desde la implementación de la Reforma Procesal Penal empezó a hacerse un nombre dentro de este competitivo mercado. Son abogados de entre 35 y 45 años, formados en el modelo adversarial, con pasos por el Ministerio Público o la Defensoría.

En el estudio FAR y Cía. cuentan con ambas visiones. Como socios están el ex fiscal de Curicó y Ñuñoa Vinko Fodich (41) y el ex defensor nacional Georgy Schubert (45), junto a Eduardo Riquelme (39), José Luis Andrés (43) y Gonzalo Yuseff (44).

La firma está presente en el caso Penta-SQM como defensa de Alberto Cardemil y querellante en Caval en representación de los diputados RN Nicolás Monckeberg y José Manuel Edwards.

"Aparte de nosotros, se ha visto el surgimiento de estudios más jóvenes metiéndose en el mercado penal. Este caso va a modificar el mercado de los abogados, pues los grandes estudios corporativos no tienen desarrollada una respuesta penal", argumenta Riquelme.

Diversos abogados de esta generación plantean que los viejos estandartes del Derecho Penal, como Luis Ortiz Quiroga (81), Alfredo Etcheberry (84) e incluso algunos más jóvenes como Hugo Rivera (65) y Luis Hermosilla ya no están permanentemente en la primera línea de batalla.

"Es parcialmente cierto esto de la renovación -explica Rodrigo de la Barra (46), ex fiscal y actualmente abogado del contador Marcos Castro en el caso Penta-. Hay que mezclar la calle con la experiencia. Tener sólo la visión de gente joven empobrece el análisis. Estos juicios son largos y se deciden muchas veces en segundas instancias, donde los abogados mayores se mueven mejor".

Lo cierto es que varios de los emblemáticos todavía se mantienen trabajando puertas adentro. Luis Ortiz Quiroga, por ejemplo, elaboró uno de los informes revisados por el comité ad hoc nombrado para investigar los aportes irregulares en SQM. Por su parte, Luis Hermosilla permanece como abogado de SQM en el consejo asesor. Otro histórico que asumió responsabilidades en el caso fue Hugo Rivera, como representante del nuevo gerente general, Patricio de Solminihac, y de Ricardo Ramos. Ambas defensas las asumirá en conjunto con Carlos Cortés (45), quien hace años defendió al Banco Central en el caso Inverlink y también está presente en los casos FUT y Penta como abogado del ex funcionario del SII Iván Alvarez. Tanto Rivera como Cortés también asumirán defensas en el caso Caval: el primero representa al Banco de Chile y el segundo hará lo propio con el ex administrador municipal de Joaquín Lavín, Patricio Cordero, por su presunta participación en el negocio por las 44 hectáreas de terrenos en Machalí.

Además de ellos, en SQM cuentan con un "ejército" de abogados particulares. Jorge Bofill (Julio Ponce), Gabriel Zaliasnik (Roberto Guzmán), Carlos Balbontín (Luis Saldías) y Samuel Donoso (Patricio Contesse), forman parte de este equipo.

Responsabilidad

La Reforma Procesal Penal implementada durante los años 2000 en Chile y la responsabilidad penal para personas jurídicas, aprobada en diciembre de 2009, cambiaron el escenario legal para las grandes empresas, que se vieron más expuestas que antes a ser perseguidas por delitos de "cuello y corbata". Gonzalo Medina trabaja desde hace años en lo que es conocido como compliance, la respuesta del derecho a estas nuevas necesidades, lo que lo transforma en una suerte de "prevencionista de riesgos" de persecución penal. Su perspectiva es que ni las grandes auditoras, como Deloitte o Price WaterHouseCoopers, ni los estudios de abogados dedicados a materias corporativas han sabido abordar este fenómeno, de larga data en Estados Unidos y Gran Bretaña. A su juicio, la demanda por este tipo se servicios sólo debiera crecer después de los escándalos Penta-SQM.

"Ahora las empresas deberían tomar mayor conciencia del valor de contar con modelos y políticas de prevención internas. Esto no es muy distinto de los accidentes laborales: si se te mueren los trabajadores, atinas y controlas que todos usen cascos", explica Medina.

Un proceso similar vivirá el mundo político después de que la Comisión Asesora Presidencial Anticorrupción entregue sus conclusiones y en caso de aprobarse la nueva ley de financiamiento electoral.

En el intertanto, los abogados de empresarios y políticos cuestionados deberán conseguir que los jueces se abstraigan de un ambiente enrarecido. "El rol del abogado pasa a ser fundamental cuando se están violando las garantías de su cliente. Recomendar ir al Tribunal Constitucional si es necesario no tiene nada de malo, es como cuando un médico recomienda un tratamiento", argumenta un importante abogado de SQM.

Otro de los principales defensores de Penta aclara que la verdadera responsabilidad en tiempos de incredulidad ciudadana no recae sobre ellos, sino en los fiscales. "El ejercicio de la profesión es particularmente delicado cuando se representa a clientes impopulares que tienen una gran carga de la opinión pública. Cuando entremedio hay problemas políticos, esos componentes influyen a los abogados y a su responsabilidad, es cuando el Ministerio Público debe velar por la objetividad de sus investigaciones".