La judicialización del colegio

Hace un mes, tres estudiantes de octavo básico del Colegio Bertait de La Dehesa se enfrentaron a golpes. Uno de ellos terminó en la UTI con fractura nasal y un ojo con lesiones importantes. El colegio aún no logra resolver el conflicto. No el de la pelea, sino el que se originó con ella.

A pesar de que el reglamento del establecimiento dice que la agresión física puede provocar la expulsión inmediata, los alumnos fueron reintegrados y quedaron condicionales. Quieren darles una oportunidad. "Somos un establecimiento formativo, no un juzgado", dice René Barba, secretario general del lugar.

Nicole Mengin, la mamá del niño que terminó en la clínica en cambio, no está contenta. Quería que los echaran y dice que el colegio ha abandonado a su hijo, quien tiene miedo de volver a clases. Considera que la institución "no da garantías de que esto no vuelva a ocurrir" y por eso hizo una denuncia en la Superintendencia de Educación y está evaluando presentar un recurso de protección.

Tatiana Torres, en cambio, ya pasó por tribunales. Amparada en la ley Zamudio, denunció al Colegio Santísima Trinidad por discriminación porque no recibió a su hija en segundo básico. Ella misma la había sacado de ahí porque se iba de la ciudad, pero volvió a los dos meses. El colegio le dijo que no iban a aceptar a la niña de vuelta porque ella no estaba casada con su pareja. La Corte de Apelaciones exigió que la reintegraran. Pese a que Tatiana ganó, finalmente la puso en otro lugar: "Hubiera sido irresponsable dejarla en un colegio que siempre tuvo una actitud hostil", dice.

En la comuna de la Florida, en tanto, un jefe de laUnidad Técnico Pedagógica (UTP) de un colegio particular subvencionado cuenta que el año pasado expulsaron a un estudiante de segundo medio por problemas reiterados de disciplina. La familia puso una denuncia y finalmente el colegio prefirió reincorporarlo a cambio de que retiraran la demanda. "Mejor es morderse la lengua porque las multas son significativas".

Tal como muestran estos casos, hoy no es infrecuente que los padres recurran a la Superintendencia de Educación o vayan a los tribunales de justicia a resolver conflictos con los colegios, una actitud que está obligando a estos establecimientos a repensar sus relaciones con estudiantes y apoderados. 

La evidencia

En los últimos siete años, las denuncias al Ministerio de Educación y luego a la Superintendencia aumentaron un 65 por ciento: si en 2008 eran 7.298, el año pasado se registraron más de 12 mil. Estas son de distinto tipo, incluyen asuntos laborales y las que hacen profesores o sostenedores de los colegios, pero quienes más se acercan son los padres, cuyos reclamos representan el 56 por ciento de las solicitudes ingresadas en 2014. ¿Las razones más comunes? Maltratos a estudiantes (tanto entre alumnos como de parte de adultos), la no renovación de matrícula, las medidas disciplinarias (como la expulsión) y la discriminación.

El Poder Judicial, por su parte, no lleva un registro del número de denuncias contra colegios, sin embargo, Rodrigo Díaz, quien es abogado de la Federación de Instituciones de Educación Particular (FIDE) hace 20 años, dice que la primera vez que supieron de un recurso de protección a nombre de un escolar fue en 1986. Durante los 90 hubo pocos casos. Pero a partir de 2006, con la "revolución pingüina", el escenario cambió: "Antes uno veía unos 12 recursos de protección contra colegios particulares al año. Ahora fácilmente tienes 200. La mayoría, por hijos que fueron expulsados", dice.

Eso también tiene que ver con que existen legislaciones nuevas que directa o indirectamente les dan más herramientas a los padres, como la Ley de Violencia Escolar, que entre otras cosas, les pide a los colegios que tengan un reglamento interno que regule la convivencia y establezca protocolos y sanciones para las faltas. También la ley Zamudio que desde 2012 ha comenzado a ser utilizada por los padres en su relación con los colegios: en 2013 hubo 433 denuncias realizadas por discriminación por déficit atencional y hace menos de un mes se dio a conocer un fallo que determinó que el colegio Nuestra Señora del Huerto de Quillota, en la Región de Valparaíso, había marginado a un niño con ese diagnóstico al dejarlo con matrícula condicional y sin la posibilidad de acceder a evaluaciones diferenciadas, tal como lo exige la ley.

Hay otro tipo de leyes, como la de Responsabilidad Juvenil, que obliga a los colegios a denunciar actos delictivos en los que incurren sus alumnos, que han generado un ambiente escolar más legalista donde se ha pasado de un discurso pedagógico a uno donde hay un protocolo para todo, comentan Eric Carafi y Jaime Retamal, ambos académicos del departamento de Educación de la U. de Santiago.

Además de eso, actualmente hay mayor fiscalización, partiendo por la creación de la propia Superintendencia de Educación en 2012, y los padres están más empoderados. "La denuncia es un miedo latente porque uno está acostumbrado a un contexto formativo. Hoy hay que manejarse en términos judiciales que no tienen nada que ver con la educación", dice Enzo Bonomo, orientador del Instituto O´Higgins de Rancagua.

El caso más conflictivo

Dentro de todos los temas que pueden tensionar la relación con los colegios, el más complicado es el de las expulsiones o cancelación de matrícula.

Aunque la ley lo permite (ver recuadro) esta es una medida extrema que hoy tiene más restricciones y de hecho ha habido casos en que la justicia ha obligado a reintegrar a los alumnos. Pasó en un colegio subvencionado de Puente Alto. Según su directora, los problemas comenzaron en segundo básico y se les pidió a los apoderados y al estudiante que asumieran compromisos. Pero no los cumplían, así como tampoco terminaron los tratamientos con especialistas. "Había una negación por parte de los padres de la dificultad de  su hijo. Al menos en dos oportunidades recomendamos  cambio de ambiente  escolar, pero de una u otra forma llegó a octavo básico con las mismas dificultades, ampliadas y con una comunidad curso lastimada: hay ocasiones que por  ayudar  a un estudiante con dificultades de convivencia, por ejemplo, se pone en riesgo el bien común de los otros". Entonces lo echaron, los padres denunciaron al colegio y se solicitó reitegrarlo. Los papás tuvieon que comprometerse a cumplir con las solicitudes que les habían hecho. De lo contrario a final de año el colegio podría volver a pedirles que se fueran. De acuerdo a la directora, fue lo que ocurrió porque no hubo cambios.

Como este es un tema espinoso, los colegios han creado estrategias para reducir los riesgos o "suavizar" la salida forzada de un alumno. El abogado Díaz comenta que hay colegios que les cierran el año antes a los estudiantes que echan para que puedan postular a otros establecimientos o hasta los ayudan a buscar cupo en otro lugar. Otro recurso, más cuestionable, es que no quede registro de la expulsión. El jefe de UTP del colegio en La Florida cuenta el caso de un alumno que fue acusado de robo reiteradamente. "Le preguntamos a los padres si preferían sacarlo o que fuera expulsado por robo. Una salida voluntaria. De alguna forma se hace para evitar la demanda. Si la hacen, tenemos el resguardo de que fue el apoderado quien lo retiró".

Pero en general, lo que más están haciendo los colegios es formalizar sus procedimientos de tal modo que las medidas no puedan ser interpretadas como arbitarias y estén consignadas.

El debido proceso

Una profesora de un colegio del sector oriente explica que cuando supo que una apoderada la había denunciado por sus métodos disciplinarios no supo qué hacer. "Fue tan infartante que me dejé llevar por la asesoría de los abogados que contrató el colegio". Aunque fue absuelta, desde entonces cambió su forma de trabajo. "Ahora soy mucho más cautelosa porque  los papás pueden usar algo en tu contra".

Su caso no es aislado, sino que algo que se ha empezado a institucionalizar. Los colegios han avanzado hacia fórmulas que hacen las relaciones con los estudiantes y con los apoderados menos espontáneas o familiares pero que a la vez las ordenan.

Por ejemplo, Rodrigo Ketterer, secretario general de Conacep, comenta que por temor a acusaciones relacionadas con abuso, algunas educadoras de párvulo se están negando a mudar a los niños. En general, dice, los profesores prefieren mantener la distancia y tener relaciones menos afectivas con los alumnos.

Por otro lado, en muchos centros ya no se les da feedback a los padres en el pasillo, sino que sólo en reuniones oficiales. Hay establecimientos que piden que en éstas haya más de un funcionario como testigo. Otros, que todo lo conversado quede por escrito y que padres y profesores consignen los acuerdos a los que se llegaron.

Algunas escuelas lo hacen incluso tras una conversación telefónica: dejan consignados los temas tratados en un correo para que quede constancia. "Es un respaldo, pero también permite esclarecer que comprendimos lo mismo", explica una directora de un colegio particular de Las Condes. Es lo que algunos llaman la cultura del registro.

La promulgación en 2011 de la Ley de Violencia Escolar obligó además en muchos casos a actualizar los reglamentos y aclarar el "debido proceso", un término legal que profesores y directivos han tenido que aprender y cuyo objetivo es garantizar procedimientos justos, transparentes y de acuerdo a la ley. Hubo colegios que tuvieron que desempolvar esos manuales y ponerlos al día incluso con asesoría legal, un trabajo que según Carafi,  también consultor en esta materia, fue arduo. En 2008 analizó los instructivos de 15 establecimientos y se encontró con que el 80 por ciento transgredía más de un derecho. "Cuando pedíamos los manuales, nadie sabía dónde estaban. Era un  documento que hasta ese entonces nadie pescaba", dice. Ni hablar de la actualización: un establecimiento de Estación Central prohibía los personal stereo y las poleras satánicas. "Tenía por lo menos 15 años", agrega.

Actualmente es común encontrar estas normas en las páginas web de los establecimientos. Estos dicen que la mejor forma de prevenir son las reglas claras y una buena comunicación y que toda esta renovación les ha permitido ir rayando la cancha.

Sin embargo, lograr consenso y reglas que dejen a todos contentos no es sencillo y hay ocasiones en que sus propias reglas les juegan malas pasadas o de manos atadas. Por ejemplo, Lorena Duarte, directora de la Escuela de Lenguaje de la Merced de Santiago Centro, dice que están evaluando si agregar la expulsión. "En casos de violencia es difícil manejar la convivencia sin esa salida. Los otros padres quieren que nosotros echemos a los niños que agreden a sus hijos, nosotros decimos que no podemos".

La sentencia

El 80 por ciento de las denuncias que llegan a la Superintendencia no terminan con sanciones. El resto resulta en infracciones leves, graves y menos graves que tienen una multa que puede ir desde 1 UTM (43.499 pesos) hasta mil UTM (más de 43 millones de pesos).

María Isabel Toledo, académica de la Escuela de Psicología de la Universidad Diego Portales y que se ha especializado en estos temas, cree que las sanciones tienen un efecto negativo. "El colegio debe concentrarse en educar y no en pagar multas. El Estado no puede aplicar normas que si no se cumplen se transformen en plata porque también es un mensaje controversial", dice.

La Corte de Apelaciones, o la Suprema, también pueden exigir el pago de una multa. En el caso de una expulsión, cuando el fallo es a favor de los padres, y se ordena la reintegración de un alumno, el abogado de Fide, Rodrigo Díaz, dice que en general es producto de formalismos: "Cuando se pierden no es porque hay un derecho a la  educación que se transgrede, sino porque no se ha cumplido el debido proceso. Hay colegios que aún no incorporan la cultura del registro. En vez de expulsar por escrito, lo hacen verbalmente. Ahí ya no pueden apelar".

Una directora de un colegio subvencionado de Puente Alto opina que nadie gana con las demandas. "Es mucho tiempo invertido en una labor investigativa del hecho que nos aleja del tema central: el aprendizaje. Pasamos de ser docentes a ser detectives", dice.

El superintendente de Educación, Alexis Ramírez, por el contrario, cree que la fiscalización está inhibiendo las malas prácticas "antes y después del conflicto" y que falta una autocrítica de parte de los colegios: "La principal queja que hacen los apoderados, es que los establecimientos a veces no los escuchan o no realizan esfuerzos para superar el problema. Debieran tomar las quejas como una oportunidad para mejorar y no como una recriminación".

La pregunta que nace entre los especialistas es si se puede construir una relación entre apoderados y colegios más centrada en la confianza. Jaime Retamal, experto en educación y clima escolar, cree que sí. De hecho una buena oportunidad es la marcha blanca del Sistema de Aseguramiento de la Calidad  que, entre otras cosas, mide el clima y convivencia en los colegios, el que, tal como quedó demostrado en la reciente entrega de los resultados Simce que incluyó esta variable, es un elemento que influye positivamente en el rendimiento escolar. "Esta medición provocará un giro en las prácticas de los profesores y directores en favor de una educación más integral y democrática. Los colegios tendrán que equilibrar su sobredimensionado interés por el SIMCE y asumir un estilo educativo preocupado por el desarrollo moral y cívico".

Una directora de un colegio de Las Condes dice que un buen clima escolar contribuye a una menor judicialización de los conflictos porque en un ambiente que promueve la confianza no es necesario buscar una salida fuera del colegio. "El gran problema que le veo a la judicialización es la incapacidad de resolver a través del diálogo. Sería bueno preguntarnos por qué hemos perdido esa capacidad como sociedad", concluye.