La Nación vs. el Fisco: el Estado bajo "fuego amigo"

LOS procedimientos que han afectado a la empresa durante la actual administración son de tal gravedad, que llevaron incluso a directores designados por el Presidente Sebastián Piñera a presentar una demanda en contra del Fisco. Esta situación habla por sí sola de la gravedad de los hechos impugnados", señala Enrique Alcalde, abogado y miembro del directorio de Empresa Periodística La Nación S.A. (EPLN), entidad de la que es dueña en un 69,2% el Estado y en un 29,52% Colliguay, sociedad perteneciente a Alcalde junto a Raimundo Valenzuela (DC) y Luis Thayer (PS). Un 1,27% se reparte en otros 27 accionistas minoritarios.

Las palabras de Alcalde resumen el malestar de los accionistas minoritarios tras los cambios realizados hace dos años por La Moneda en las condiciones de operación de la empresa. Y son la base de la demanda interpuesta el 23 de mayo por La Nación S.A. contra el Fisco. La acción es apoyada tanto por los directores minoritarios de Colliguay como por los designados por el Ejecutivo.

Los directores nombrados por el Estado son el presidente del directorio, Daniel Platovsky (militante RN muy cercano al Presidente); el abogado Carlos Zepeda (RN); la periodista María José Gómez y el abogado Gastón Gómez. Sólo este último se abstuvo en la votación, donde se aprobó la demanda. El resto votó en bloque.

El origen de esta acción judicial -que enfrentará a una empresa donde el Estado es accionista mayoritario con el Fisco- se remonta a enero de 2011, con la promulgación de la Ley 20.494 de impulso a las pymes, que definió la gratuidad para todas las publicaciones de sociedades con capitales inferiores a las 5.000 UF. Hasta esa fecha, los ingresos por este concepto eran el verdadero negocio de La Nación S.A.

Este fue el golpe más duro que recibió la empresa tras el cierre de la versión impresa del periódico a finales de 2010, decisión resistida por Colliguay.

Según la demanda interpuesta el 23 de mayo por Francisco Feres, representante legal de EPLN, a nombre del directorio, los ingresos netos obtenidos en el año 2011 cayeron "nada más y nada menos que en una suma cercana a los $ 4.500 millones en comparación con los ingresos obtenidos el 2010". Desde la entrada en vigencia de la ley, sostiene el libelo patrocinado por el estudio de Juan Agustín Figueroa, casi el 95% de las publicaciones ha debido realizarse en forma gratuita.

"Se impuso un gravamen de tremendas proporciones a la empresa que, en Chile, tiene a su cargo la edición y publicación del Diario Oficial, esto es, a la Empresa Periodística La Nación. (...) Esta gratuidad eliminó 'de un plumazo' una de las principales fuentes de ingreso y financiamiento de dicha empresa, afectando negativa y sustancialmente los flujos y el patrimonio de EPLN y, consiguientemente, el patrimonio de sus accionistas", agrega la demanda de 45 páginas.

Sobre los intereses de Colliguay, el escrito es claro: "Este cambio radical en las 'reglas del juego' (...) ha generado un gigantesco e injusto perjuicio para todos los accionistas particulares que participan en EPLN, quienes en su condición de empresarios han debido subsidiar una política pública que está destinada a mejorar, paradójicamente, la calidad de otros empresarios y que, como tal, debería haber sido financiada íntegramente por el Estado".

En resumen, el directorio alega que se trata de una ley que infringe la Constitución (ver recuadro) y que el Fisco debe indemnizar a la firma.

Desde que asumió Piñera, La Moneda dibujó una estrategia para enfrentar a los dueños de Colliguay que, gracias a sus acciones preferentes, tienen poder de veto ante cualquier decisión que afecte la vida económica de la empresa. Esta postura quedó clara en la oposición de los privados a las intenciones iniciales del gobierno de vender el periódico.

El escenario legal fue analizado por el propio Zepeda a comienzos del mandato. Entonces se constató que La Nación sólo tenía pérdidas y que las utilidades las generaba el Diario Oficial, con ingresos anuales por sobre los $ 5.000 millones.

A mediados de 2010, el Ejecutivo envió al Congreso la mencionada ley en beneficio de las pymes que -tras una indicación de la Cámara de Diputados- terminó reduciendo casi a cero las utilidades.

Desde que se promulgó la ley, los accionistas privados alegaron que se trataba de una ley expropiatoria de sus derechos. Inicialmente, Colliguay evaluó una demanda en contra del Fisco y de los directores que resultaran responsables de no cautelar los intereses de la empresa. Sin embargo, esta idea quedó pendiente, luego de la votación unánime para demandar al Estado.

Según fuentes del directorio, los representantes del Fisco fueron formando su opinión de forma paulatina, a la vista de los informes jurídicos y técnicos que se les presentaron. Patrimonialmente, La Nación ya había perdido ingresos por 1.000 UF al año cuando se creó el Registro de Prendas el 2010, que quedó en manos del Registro Civil. Hasta entonces, las prendas también se publicaban pagadas en el Diario Oficial.

Contactado por La Tercera, Platovsky señaló que "fue una decisión unánime del directorio" y delegó la vocería en Feres. Según el representante legal de EPLN, el argumento que pesó entre los directores es que "al existir un claro perjuicio a la empresa, no había otro camino que demandar al Estado". Por ley, explica, ellos son responsables de la gestión y en caso de no velar correctamente por los intereses de la firma, deben responder con su propio patrimonio. "Si fuera una empresa pública, esto no pasaría".

El camino fue largo y lleva ya más de un año. Hay dos informes de expertos constitucionalista: uno de Miguel Angel Fernández, de la Universidad Católica, y otro de Gastón Gómez (antes de ser director), de la Universidad Diego Portales. Mientras el primero apoyó la tesis de la demanda, el segundo la rechazó. Por esto, Gómez -quien asumió el 5 de octubre de 2011- se abstuvo en la votación de la demanda ese día. Tenía incompatibilidad.

"El directorio resolvió esto con independencia y seriedad. Fue una postura definida a la luz de los antecedentes legales. No fue de un día para otro. Aquí ha habido un debate y nadie hizo cambiar de opinión a nadie, fue un proceso", dice Feres.

El abogado rechaza que se trate de una acción "del Fisco contra el Fisco. Eso es un error. La firma es una sociedad anónima cerrada, donde el Fisco es un accionista mayoritario y nombra sus directores. Yo no represento al Fisco, represento a la Empresa Periodística La Nación".

Ante la consulta de si no es contradictorio que los designados del Estado apoyen una demanda contra el Fisco, Feres dice: "Es una situación que puede llamar a hacerse preguntas cómo esa. ¿De si esto incómoda o no a los directores fiscales?, por cierto que lo es. ¿O cree usted que a los directores particulares no les incomoda lo que pasó, que tenían una empresa con unos ingresos y ahora no los tienen? ¿Y a los directores fiscales los deja felices que tengan que abordar una situación de esta naturaleza? No es un problema de felicidad, son situaciones concretas. Y además, se está pidiendo que sean los tribunales los que decidan".

Por su parte, Alcalde agrega que "la posición de los accionistas privados respecto a esta materia es muy clara: no aceptar ningún abuso, discriminación o arbitrariedad de las autoridades de ningún poder del Estado en contra de La Nación, en la que tanto el Fisco como los particulares tenemos iguales derechos, en proporción a nuestras participaciones".

Feres resalta que durante la tramitación de la ley en cuestión, "nosotros defendimos nuestra postura, nuestro presidente acudió al Congreso manifestando que la gratuidad no era el camino". Esa postura sin embargo no prevaleció.

Desde el punto de vista legal, el paso siguiente es la notificación de la demanda a Sergio Urrejola, presidente del Consejo de Defensa del Estado (CDE). El organismo deberá elaborar una "contestación" con sus planteamientos.

Según conocedores del caso, el juicio puede durar fácilmente cinco años o más, por lo que sus resultados no se conocerán bajo el actual gobierno.

Sobre el monto total de la indemnización, éste no se calculará hasta la fase de ejecución de la sentencia, en caso de ganar la parte demandante. Según afirma Feres, la cifra se podrá obtener calculando los ingresos anuales que se dejaron de percibir: $ 4.500 millones (US $ 9 millones) en relación a la cantidad de años que se mantenga vigente la ley impugnada.