La pelea por la chequera municipal de los casinos
<P>Mostazal, una comuna de 25 mil habitantes, tiene 11 mil millones de pesos paralizados en caja provenientes del casino Monticello por la ley de casinos. El alcalde se encuentra cuestionado tras dos informes de Contraloría y la investigación que sigue el Ministerio Público. En otras comunas con casinos existe una nebulosa similar, con una riqueza inesperada tras la ley de 2005, pero difícil de administrar. </P>
Es un centro comunal a medio terminar. La estructura de la gran casa colonial está, pero ni los pisos ni los baños están terminados. Y lleva más de dos años así, sin poder ocuparse, con un guardia que cuida la propiedad en el sector de La Puntilla, en la comuna de San Francisco de Mostazal. La empresa que se hizo cargo de la remodelación quebró, se fue, y la municipalidad nunca reactivó el proyecto.
La casa la muestra Laura Guevara, una profesora jubilada que ahora es la presidenta de la Unión Comunal de Mostazal, una comuna de la VI Región que se compone del pueblo de San Francisco de Mostazal y de varios sectores rurales que suman una población de unos 25 mil habitantes. La casa que debería ser un centro comunitario es uno de los varios proyectos inconclusos que hay en Mostazal, como el del estadio municipal, como la piscina municipal, como un nuevo puente para unir la parte norte con la parte sur del pueblo. Proyectos inconclusos que pueden ser la tónica de cualquier comuna de Chile.
Pero en Mostazal, a diferencia de muchas otras comunas, dinero para obras hay.
Por la ley de casinos, el municipio ha recibido en promedio unos 6.000 millones de pesos anuales los últimos tres años. La ley estipula que las comunas en donde están ubicados los casinos reciban un 10% de las ganancias totales. Otro 10% va a los gobiernos regionales. La gracia de Mostazal es que de los 17 casinos que se acogen a la ley, Monticello, que está ubicado en la comuna, es el que más dinero recibe en promedio por cada visitante: 70 mil pesos en 2013. Para hacerse una idea, en el casino que le sigue, el de Rinconada, cerca de Los Andes, en la V Región Cordillera, el promedio de gasto por visitante fue de poco más de 56 mil pesos el año pasado.
Por la cantidad de visitantes y por el alto gasto de cada uno de ellos, Mostazal es el municipio que más dinero recibe anualmente por ley de casinos. Según el informe de la Superintendencia de Casinos del año 2013, por impuesto específico al juego, el ingreso de Mostazal a través de Monticello llegó a los 5.429.030.877 pesos el año pasado. Prácticamente el doble de lo que recibió Rinconada, el casino que le sigue con 2.501.849.220, y poco más de un tercio del presupuesto total de la comuna, que el año pasado llegó a 16.530.000.000.
Según datos del departamento de finanzas de la municipalidad, a los cuales tuvo acceso Reportajes, actualmente ese dinero -que según la ley sólo puede ser usado en obras de desarrollo comunal- se encuentra acumulado junto con los alrededor de 6.000.000.000 que el municipio recibió el año 2012 en una cuenta del BancoEstado. Es decir, son más de 11 mil millones los que el municipio tiene guardados, inactivos, contraviniendo la Ley Nº 19.995, que estipula que los ingresos percibidos por concepto de casino deben utilizarse en el desarrollo de obras. Los dineros que pertenecen al fondo del municipio se depositan en una cuenta llamada "fondos ordinarios" del BancoEstado, separada de la cuenta "fondos casino", del mismo banco.
Un informe entregado por Contraloría en mayo de 2013 dice que la cantidad de funcionarios cuyos salarios son financiados por la ley de casinos alcanza los 160. A cada una de estas personas se les ha pagado, en total, entre $ 311.111 y $ 18.511.113, por sus funciones en diferentes áreas del municipio. La suma de estos pagos irregulares es de $ 388.513.735, según Contraloría. La gravedad de las denuncias ha llevado a la fiscalía a abrir su propia investigación.
"En Mostazal pensamos que el ingreso de Monticello nos iba a cambiar la vida", dice Guevara. "Pero la municipalidad tiene todo el dinero de los últimos dos años en una cuenta sin tocarlo. Esta debería ser una comuna modelo y ni siquiera tenemos veredas en algunos sectores".
Guevara termina la frase y muestra la vereda de la calle principal de La Puntilla, virtualmente intransitable. Luego agrega: "Se lo digo siendo que voto por la derecha y tenemos un alcalde de derecha".
En Mostazal la batalla principal es entre el concejal UDI Gonzalo Meza y el alcalde del mismo partido, Sergio Medel. Meza quiso postular a la alcaldía en 2012 proponiendo a Medel ir a primarias, lo que el actual alcalde rechazó. Tras la victoria de Medel en las municipales, se empezaron a destapar las irregularidades que se desencadenaron en los informes de Contraloría y que terminaron con el administrador municipal, Freddy Alfaro, despedido. Fuentes del Ministerio Público dicen que Alfaro sigue siendo investigado por malversación de fondos y que esa investigación puede arrastrar a otros funcionarios del municipio.
Luego del informe de Contraloría, el concejal Meza se transformó en el principal vocero de la oposición al alcalde Medel. Hasta ahora, Meza actúa en bloque como oposición al alcalde con todo el resto del concejo municipal. Más allá de los sueldos irregulares pagados con los dineros de ley de casinos, el gran tema para los habitantes de Mostazal son los 11 mil millones de pesos reunidos por esa misma ley y que están inactivos en la caja de la municipalidad.
"En la municipalidad dicen que es por los informes de Contraloría, que están corrigiendo la metodología antes de usar el dinero", acusa Meza. "Pero igual te presentan proyectos que dicen que van a hacer, que hasta la fecha quedan en nada y que son los mismos del 2012". Luego Meza destaca que en su pelea con el alcalde es "concejal antes que militante UDI. A mí me elige gente que ni siquiera es de partidos políticos, entonces uno tiene que priorizar primero su comuna y su gente".
A partir de las advertencias de la Contraloría de diciembre de 2012, fue el propio alcalde de Mostazal, Sergio Medel, quien presentó la querella contra quienes resulten responsables por las irregularidades.
En fiscalía, sin embargo, dicen que eventualmente las responsabilidades podrían ir más allá de los funcionarios ya removidos: "Lo menos que se gastó fue en fondos de inversión, como estipula la ley", dicen quienes han estado al tanto de la investigación del Ministerio Público. Según señalan las mismas fuentes, hasta ahora se ha acreditado que con los fondos de casinos se pagaron honorarios, actividades de la municipalidad, eventos de fin de año y fiestas infantiles, todos gastos que contravienen lo estipulado por la ley. Y respecto de algunas obras que efectivamente se hicieron, como arreglos en plazas y escuelas, se investigan eventuales sobrepagos a las empresas concesionarias.
Alfaro, a quien se le pidió su renuncia en noviembre de 2012, dice que actuó alineado con las prácticas que ya se realizaban a su llegada, y que él había intentado renunciar antes de que todo estallara, pero temió que todas las acusaciones recayeran sobre él. Insiste en que todas sus acciones eran visadas por el concejo y por el alcalde.
Para Sergio Medel, alcalde de Mostazal, las denuncias que han levantado sus concejales a partir de las investigaciones de la Contraloría y el Ministerio Público no se condicen con la verdad. A través de una declaración escrita enviada a Reportajes después de que se le solicitara su versión, el edil se limitó a señalar: "Acerca de las observaciones indicadas en el informe de diciembre de 2012 y mayo de 2013 (de Contraloría), se procuró corregir y obedecer los procedimientos indicados, los que nos han permitido mejorar la gestión y ejecución de proyectos en beneficio de la comunidad. En cuanto a que no se han desarrollado obras (...), se ha impulsado la construcción de cubierta de multicancha de un establecimiento educacional, reconstrucción y mejoramiento de los servicios higiénicos, construcción de sede comunitaria, construcción de nichos y cierre perimetral de nuestro cementerio municipal, la creación de una Corporación de Cultura y Turismo, entre muchas otras obras".
Más allá de las aclaraciones, lo cierto es que la municipalidad mantiene los 11 mil millones en su cuenta bancaria. Un monto que, por ejemplo, triplica el costo del último proyecto habitacional del Minvu, desarrollado en Chillán, y que incluye casas y áreas verdes para 298 familias (avaluado en 3.912 millones de pesos).
Los dineros por casino también han sido objeto de debate en Rinconada, la segunda comuna que recibe más por concepto de casinos (2.500 millones el año pasado) y que sólo cuenta con siete mil habitantes. David Bustos (DC), concejal de la comuna, dice que "los recursos se están ocupando en pan y circo. Pasamos a triplicar el presupuesto municipal y las platas no están siendo utilizadas, porque hay licitaciones que han sido raras". El alcalde, Pedro Caballería, se defiende. Dice que justamente a partir de las denuncias en Mostazal, en el municipio han tomado especial resguardo para la administración de los recursos provenientes del casino, lo que los ha llevado a consultar varias veces a la Contraloría.
La nebulosa en cuanto a los dineros también llegó a la Región de Magallanes hace unos años. El 2011, el senador Carlos Bianchi solicitó un informe a Contraloría respecto de la inversión en obras de desarrollo en esa región con los dineros de casinos, lo que terminó en una investigación de Contraloría sobre la Municipalidad de Punta Arenas y en el gobierno regional de Magallanes y Antártica. Sobre las municipalidades el informe decretó lo siguiente: "Se constató que actualmente no es factible identificar en la Municipalidad de Punta Arenas aquellas obras de desarrollo financiadas con recursos de la ley de casinos de juego, por cuanto el municipio no cuenta con un medio que permita hacer dicha distinción, de tal forma de poder vincular perfectamente las asignaciones presupuestarias de ingresos de la ley de casinos con los gastos asociados a las obras de desarrollo determinadas por la entidad edilicia y con los movimientos de efectivo de los mismos".
A pesar del informe de Contraloría, el senador Bianchi dice que la situación de los dineros que llegan a las municipalidades desde los casinos no ha cambiado mucho. "La cosa es bastante oscura, porque todos esos dineros se van a un mismo pozo y, por lo tanto, quedan subsumidos con todos los demás recursos. En el caso de las municipalidades se va todo al fondo municipal y cada municipalidad puede perfectamente crear un ítem distinto o agregarlo a otro. Muchos de estos recursos se van a las corporaciones de educación, salud, etc. Entonces no se obliga a esclarecer ni a rendir cuenta de cómo se hizo el gasto de todo lo que ingresó por concepto de la ley de casinos".
En Calama, los concejales de derecha a izquierda no tienen claridad sobre en qué se gastan los dineros provenientes de la ley. Juan Zebra Godoy, concejal UDI: "En verdad no tenemos un informe claro, en qué se están ocupando o qué tipo de proyectos se están desarrollando o se han desarrollado con estos dineros; nosotros pedimos una información hace varios meses, pero hasta el momento no nos ha llegado nada". Parecido opina Darío Quiroga Venegas, concejal del PC: "No hay periódicamente un informe específico respecto a qué se gastan los dineros de casino. Entendemos que entran en conjunto con arcas municipales (…). Desde el punto de vista de la gestión del concejo municipal no ha habido claridad en qué se gastan los recursos desde los últimos dos años". El informe de casinos de la superintendencia dice que a Calama ingresaron $ 2.100 millones entre el 2012 y 2013 por ley de casinos.
En otros municipios más grandes, como el de Antofagasta, ciudad que el año pasado recibió cerca de $ 1.800 millones provenientes del casino Enjoy, el dinero ingresado por casinos es marginal en comparación al presupuesto de la comuna: "Yo creo que no alcanza a cubrir el 3% o 4% de lo que es el presupuesto de la municipalidad", dice Jaime Araya, concejal independiente. "Uno siente que más bien se han diluido los fondos del casino porque no son de gran impacto, no permiten financiar grandes obras".
Es de noche en San Francisco de Mostazal y el frío es punzante. Enrique Guerra está parado en la puerta de su almacén, llamado Martín, casi frente a la plaza del pueblo, en calle Independencia. Con tono resignado dice que la llegada de Monticello a la zona generó altas expectativas en la comunidad. "Pero ni siquiera tenemos el estadio municipal funcionando. Se licitó la remodelación, la empresa quebró y se fue. Sabemos que hay plata, pero no hay doctores ni dentistas en las postas y, por otro lado, la plaza se remodeló dos veces".
Francisco Arredondo, presidente de una de las juntas de vecinos, dice que el déficit en obras es grande, para los dineros que el municipio recauda para esos efectos por la ley de casinos. "El verano pasado el municipio organizó unos cien viajes en buses a la playa, a El Tabo. Ahora se hacen viajes por el día a la nieve, pero la infraestructura para salud y educación sigue siendo precaria. Antes de la elección, el alcalde repartió cajas con mercadería para reelegirse. Y por otro lado, tenemos los grandes proyectos botados, como el del estadio, que no se puede ocupar, un segundo puente para unir las partes norte y sur de San Francisco o la piscina municipal".
Al recorrer las calles de Mostazal se puede ver que prácticamente en cada plaza hay máquinas para hacer ejercicios. Laura Guevara, la presidente de la unión vecinal, asegura que son dineros que vienen del gobierno regional, que poco viene de la alcaldía.
En el sector de La Puntilla, donde ella vive, la vida parece seguir tranquila. "Pero todo aquí es muy raro. Se compran computadores para los niños, pero no entregan todos los que se compraron. O está el caso del Registro Civil, que se amplió en 20 metros cuadrados y el cartel que anunciaba la inversión decía que la ampliación había costado 250 millones de pesos".
Guevara prende un cigarrillo. Luego suelta con enojo: "Ni una mansión cuesta eso".
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