La Polar pide medidas precautorias contra cinco ex ejecutivos

La Polar solicitó medidas precautorias en contra de los cinco ex ejecutivos de la compañía, que serán formalizados el próximo 14 de diciembre.

Se trata del ex presidente del directorio de La Polar, Pablo Alcalde; la ex gerenta de Administración, María Isabel Farah; el ex gerente general Nicolás Ramírez; el ex gerente de Productos Financieros, Julian Moreno, y el ex gerente de Finanzas, Santiago Grage.

La acción judicial -interpuesta ante el Segundo Juzgado de Garantía de Santiago- "busca garantizar el resultado de futuras demandas de indemnización de perjuicios en contra de los ex ejecutivos, y el pago de las cuantiosas multas a las que podrían ser condenados", aseguró el abogado del retailer Davor Harasic.

La medidas que se solicitan consideran la prohibición de gravar, enajenar y celebrar todo tipo de actos y contratos sobre los bienes individualizados en el documento y la retención de dineros y títulos representativos de dinero especificados en el mismo texto, por una suma no inferior a los $ 3.000 millones por cada uno de los imputados. Además, de los intereses y costas, afirmó el retailer.

Según Harasic, las medidas precautorias permitirán proteger a las víctimas, asegurando la integridad de los patrimonios de los imputados, considerando que "existen motivos fundados, de que puedan deshacerse de bienes u otros activos, frente a la amenaza de una condena penal o civil". De hecho, agrega que los delitos imputados conllevan "elementos de engaño y disimulación, en donde la verdadera situación patrimonial personal o de la empresa fue alterada o modificada en beneficio propio". "Si esta situación se acredita es posible aseverar que existen -de sobra- motivos racionales para creer que los imputados procurarán también ocultar sus bienes a fin de frustrar la acción de la justicia", puntualizó el jurista.

Los cinco imputados serán formalizados por cinco delitos que dicen relación con el uso de información privilegiada; entrega de datos falsos al mercado y violación de la Ley General de Bancos.

Alcalde, Farah y Moreno están siendo imputados, además, por lavado de activos, con lo que arriesgan una pena que va de entre cinco años y un día a 15 años de cárcel. Esto en el marco de la crisis crediticia del retailer que estalló el pasado 9 de junio, cuando La Polar reveló la existencia de más de 400.000 personas repactadas unilateralmente, las que finalmente habrían bordeado el millón.