La rebelión de los monumentos

No parece una huelga. En una calle poco transitada del sector más tradicional del Parque Bustamante, en Providencia, algunos letreros cuelgan de las ventanas de un par de casonas antiguas. "El patrimonio de Chile está en riesgo", dice uno de ellos en fondo negro y letras blancas. También hay algunas fotocopias con las caras de trabajadores del Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) pegadas sobre los resquebrajados muros de estos establecimientos fiscales.

En la calle, nadie.

Adentro, un grupo de no más de 10 funcionarios del Consejo de Monumentos Nacionales desarrolla una huelga, que lleva más de dos semanas, en silencio. Un proyector está prendido, mostrando un partido del Mundial. Hace frío y el piso de la casona cruje. Francisco Silva, un arqueólogo de 34 años, con cuatro años y medio trabajando a honorarios en el CMN, saluda. Silva explica que tiene la revisión de 45 proyectos de impacto ambiental, que muchos de sus compañeros tienen a su cargo una cantidad similar o incluso mayor. Y que por eso hay una huelga. El CMN, una institución que depende del Mineduc y que tiene 115 funcionarios repartidos por todo Chile, no da abasto. Sus trabajadores están a cargo de fiscalizar, identificar y proteger monumentos históricos, monumentos públicos, santuarios de la naturaleza. Aprobar o rechazar los informes de impacto ambiental de las mineras que se instalan en la cordillera y defender el deterioro o la pérdida de patrimonio. Para hacerse una idea: todos los años en que el Rally Dakar ha pasado por Chile, han sido sus empleados los que se han encargado de fiscalizar que la ruta de los vehículos no destruya sitios arqueológicos.

Según sus funcionarios, la protesta no pasa por grandes ajustes en remuneraciones, sino que surge de la imposibilidad de llevar a cabo sus obligaciones con los actuales recursos disponibles. "No podemos fiscalizarlo todo", dice Silva, un hombre de pelo negro largo, jeans azules y polerón negro Lippi. "Haciendo una proyección optimista, podemos fiscalizar un 5% con suerte".

Silva, aparte de los proyectos de impacto ambiental, está a cargo de evaluar todo el patrimonio arqueológico de la Región de Antofagasta. Y aunque a veces viaja, su trabajo lo hace desde Santiago. Por las oficinas de la casona se mueve con un bastón explicando sus funciones. A pesar de su relativa juventud, Silva casi no ve debido a una enfermedad que afecta sus retinas. No puede leer documentos: un programa de computación traspasa los textos que Silva quiere revisar a una voz robótica. Su oficina, austera, con varios expedientes sobre su escritorio, está prácticamente a oscuras. A pesar de eso, se mueve con facilidad dentro del lugar.

Silva recibe un llamado de una empresa generadora de energía en el norte. Y les deja claro que, mientras dure el paro, ellos no pueden iniciar obras: "Si no tienen el permiso no pueden hacer nada, no pueden hacer ninguna intervención. Tienen que esperar a que nosotros demos el okey al permiso".

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Pese a que el CMN sólo tiene 115 empleados y que apenas un tercio tenga contrato indefinido, otro tercio trabaje a honorarios y otro tercio boletee externamente, el organismo tiene las facultades para detener proyectos importantes. Es el caso de Cocheras, el último edificio que falta para completar el barrio cívico de Santiago y que estuvo incluido como proyecto Bicentenario en el gobierno de Sebastián Piñera. En el inicio de las excavaciones se encontraron restos de una vivienda de la época colonial y republicana, la que no estaba registrada en los mapas históricos de Santiago. Esto generó que las obras del proyecto fueran aplazadas hasta completar la búsqueda en el sitio. Aunque la excavación arqueológica ya terminó, el proyecto se encuentra detenido por falta de fondos.

Casos similares han ocurrido en mineras, como es el caso de Los Bronces, un proyecto minero que va desde la cordillera de la Región Metropolitana hasta el mar de la V Región. El CMN tuvo que hacer un catastro de sitios arqueológicos habitacionales y de arte rupestre. A pesar de que las medidas mitigantes fueron acordadas con el CMN, el proyecto se encuentra parado por demandas de la comunidad civil.

El caso más emblemático de los últimos años ha sido la realización del Dakar, evento que el 2009 no contó con la injerencia del CMN en el trazado de la ruta, pero que a partir del 2010 sí contó con representantes del consejo que hicieron observaciones para proteger los sitios de valor arqueológico del desierto.

Por eso, una de las principales peticiones del CMN es que el Estado los convierta en una institución independiente, con presupuesto propio, y que no dependa de la Dibam, a la que algunos de sus trabajadores contratados pertenecen, a pesar de que no trabajan para ella. Otro punto clave es que se aumente el presupuesto para contratar más personal de apoyo, además de regularizar la situación de los trabajadores sin contrato, algunos con lagunas previsionales que alcanzan la década.

El presupuesto del CMN es de un 2% entre las tres instituciones de cultura de Chile: la Dibam, el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes y el Consejo de Monumentos Nacionales. En el CMN dicen que sus atribuciones y funciones son equivalentes.

Macarena Silva, arquitecta y vocera de los trabajadores del CMN, sostiene: "Somos el segundo organismo con mayor competencia, con más carga de competencia ambiental, o sea, en el fondo con más proyectos a evaluar, de hecho tenemos un compañero que en estos momentos tiene sobre su cabeza 200 proyectos. Y no estoy hablando sólo de proyectitos, te estoy hablando de megaproyectos, de proyectos mineros, de proyectos energéticos. Nosotros deberíamos ser aproximadamente 800 personas para poder proteger mínimamente el patrimonio o poder cumplir con la ley, incluso la ley actual, que es una ley del 70, súper precaria, súper antigua".

En regiones que no son la Metropolitana existen en promedio entre uno y dos funcionarios del CMN. En lugares como la Isla de Pascua, donde hay más de 12 mil sitios arqueológicos, hay asignado sólo un funcionario.

Daniela Morales, abogada del CMN, admite que han llegado requerimientos a Contraloría por incumplimiento de funciones, a pesar de la notoria falta de personal. "Hemos tenido varios requerimientos de la Contraloría por denuncias realizadas por Tomás Domínguez por la falta de fiscalización al Cementerio General, o algunas de Patricio Bustamante por el rol que ha tenido el CMN respecto del material arqueológico que tenía que rescatar Minera Los Pelambres, pero de los antecedentes que yo manejo, nunca hemos sido "condenados" por incumplimiento de nuestras funciones, sin perjuicio que en más de alguna ocasión las cortes o la Contraloría han determinado que no hemos hecho la pega".

Morales dice que recibe al menos 100 denuncias al año por daños patrimoniales. De las que no más de dos pueden llegar a un tribunal, muy pocas con sentencia favorable.

Por falta de personal, la mayoría de las labores que debe ejecutar el área jurídica no se realizan. Esto implica no contestar requerimientos de infracción de fiscalía, o interponer demandas por daños de monumentos nacionales o perseguir multas. "El CMN no puede ejecutar lo que le indica la ley", dice Morales.

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El tiempo se ha detenido estas dos semanas de huelga en el CMN. Francisco Silva muestra un pila de documentos que se han acumulado en estos días de paro. En una esquina, un esqueleto vestido de arqueólogo es testigo de la escena. "Es una niña", dice Silva. Luego se queda pensando y suelta: "Uno igual siente dolor de guata cuando destruyen el patrimonio".

Y Silva, en estas dos semanas de huelga, no ha podido hacer nada para que eso no siga ocurriendo.