Las dudas que dejan los juicios por abuso infantil
<P>Luego de tres sentencias absolutorias en casos emblemáticos, como Hijitus, Mater Purísima y Altamira, los padres de las supuestas víctimas critican al sistema judicial. Por diversos motivos, los diferentes actores coinciden en que el modelo presenta varias falencias, como la revictimización de los niños, el daño a la honra de los imputados y peritajes obsoletos.</P>
El frasco de pastillas abierto sobre la cama hizo toda la diferencia para Samuel Mondaca. La habitual imagen de su hija, T.E.M.M., durmiendo encima del cobertor, tenía un significado totalmente distinto en presencia de los medicamentos que él y su esposa se habían encargado de guardar lejos de su alcance. Al comprobar que no reaccionaba, la llevaron a una urgencia para hacerle un lavado de estómago que terminó por salvarle la vida. Al despertar, Mondaca le preguntó a su hija, de apenas cuatro años, por qué había tomado los calmantes que la psiquiatra le había prescrito. "Quería descansar", fue su respuesta.
Los cinco meses anteriores habían sido duros para la familia. Los interrogatorios por los supuestos abusos sexuales de los cuales había sido víctima en el Jardín Infantil Hijitus de la Aurora, de Vitacura, habían afectado la conducta de T.E.M.M. Se había vuelto agresiva y rebelde. En cuestión de meses, había tenido que declarar ante un perito del Servicio Médico Legal (SML), un fiscal, un perito del Centro de Asistencia a Víctimas de Atentados Sexuales (Cavas), un par de psicólogos clínicos y una jueza del Tercer Tribunal Oral en lo Penal. Su padre no pudo entrar con ella hasta la sala especial donde fue entrevistada. "No pudo dar un relato en esa situación de estrés", recuerda.
El veredicto entregado el 24 de junio de este año absolvió en fallo dividido (2-1) al profesor de computación del Hijitus, Juan Manuel Romeo Gómez (35), y de paso, consideró que el testimonio de T.E.M.M. era "carente de una conducción que asegure un indicio de verosimilitud". La deliberación de las juezas habló de "psicosis colectiva" producto de la aparición de las denuncias en los medios y de testimonios inducidos. Además, el Tercer Tribunal Oral en lo Penal criticó a la fiscalía y querellantes por no haber resguardado los derechos de los niños. La reacción de Mondaca y los padres de los otros tres menores supuestamente abusados fue de indignación.
"El sistema judicial de Chile te pide un relato y te lo desacreditan. No nos validaron nada. Es una forma de decirte 'no denuncies'. ¿Cómo le explico después a mi hija que no le creyeron, que no la tomaron en serio? Si hubiera sabido que sería así, no la hubiera hecho pasar por esto".
Pese a que la justicia ya dijo lo contrario, al menos en primera instancia, Mondaca sigue creyendo que Romeo es culpable. Su hija, por las circunstancias que sean, cree lo mismo. Aunque ha ido mostrando avances en su terapia reparatoria, las huellas de todo el proceso serán duras de borrar.
Daño colateral
Si hay un punto en el cual todos los actores coinciden -fiscalía, defensa, jueces y padres- es en la necesidad de evitar la "victimización secundaria" que sufren menores como T.E.M.M. durante la investigación, al relatar una y otra vez la experiencia de abuso, sea imaginada o real. "El niño es revictimizado en innumerables ocasiones -dice el presidente de la Fundación Amparo y Justicia, Ramón Suárez-, porque distintas personas toman la declaración, no tienen la especialidad y el trato adecuado y lo hacen en reiteradas ocasiones".
Luego de dos mesas de trabajo, Amparo y Justicia desarrolló un proyecto de ley para implementar un sistema de entrevistas videograbadas (una investigativa y otra judicial) que reemplace los numerosos interrogatorios y sirva como una prueba de mejor calidad para todos los intervinientes en el juicio. "Los jueces no pueden esperar que un niño dé un relato estructurado como lo haría un adulto y mantenga lo dicho hace meses o años. Para juzgar estos casos no basta con saber de derecho, también hay que saber de desarrollo infantil", afirma Patricia Muñoz, jefa de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía.
Con el patrocinio del gobierno de Sebastián Piñera, el proyecto de ley fue enviado al Congreso en octubre de 2013 y aprobado en primer trámite en el Senado durante mayo. Por estos días, el Ejecutivo está recabando comentarios de los diversos organismos que se verían afectados por la reforma para realizar indicaciones a la normativa, al mismo tiempo que la Presidenta Michelle Bachelet presentó la Comisión Técnica de Garantías de los Niños y Adolescentes en Procesos Judiciales, dependiente del Consejo Nacional de la Infancia. En entredicho está el artículo 4, que distingue entre el fiscal a cargo y el entrevistador, dando a entender que el Ministerio Público no dirigirá la entrevista.
"Es inconcebible. Somos nosotros los encargados de esa labor investigativa. Esta figura externa del entrevistador vulnera la función constitucional otorgada al Ministerio Público, que es la de investigar. Estamos haciendo capacitaciones permanentes a nuestros fiscales", dice Muñoz. Suárez no comprende este reparo: "Nadie está cuestionando la autonomía del Ministerio Público, pero muchas veces van más allá de lo razonable. De ser así, tampoco podrían admitir un traductor. Aquí queremos un especialista que sepa preguntar, con la mayor calificación posible, sin importar su profesión, aunque los psicólogos corren con ventaja".
Según el segundo artículo transitorio, la PDI contratará a 62 personas para desempeñar la función de entrevistador, que estará normada por un reglamento dictado en conjunto por los ministerios del Interior y Hacienda. También están las observaciones de Defensoría, que busca tener la mayor injerencia posible en esas entrevistas, para mantener su derecho a interrogar en nombre del imputado.
"Además, existe el fenómeno de la retractación en estos casos y con una o dos entrevistas lo limitas", agrega el defensor privado Gustavo Menares, que esta semana consiguió la absolución del ex profesor de música del Colegio Altamira Julio Lorca, quien estuvo más de un año en prisión preventiva por ser acusado de violar a una menor de 13 años con síndrome de Down.
La absolución de Lorca se sumó a las dictadas en semanas anteriores en los casos Hijitus y Mater Purísima, en los cuales los defensores de los imputados alegan haber sido perjudicados por la mediatización del caso y la "histeria colectiva" que generó múltiples denuncias. La mayoría de ellas no fue considerada por la fiscalía. En el caso Hijitus, por ejemplo, 89 de las 93 supuestas víctimas fueron desechadas. "Aquí un abogado irresponsable, Mario Schilling, desató la locura. Se hizo bolsa a toda la familia y ese daño está hecho. No se va a reparar con nada. Tendremos que vivir con ese estigma", comenta Romina Romeo, hermana de quien fuera el único sospechoso por los abusos denunciados en Hijitus.
Peritajes bajo la lupa
Fabiola Portugués está sola al lado de la sala del Quinto Tribunal Oral en lo Penal. Ninguno de los otros padres de las supuestas víctimas de abuso en el Colegio Mater Purísima de Maipú vino a escuchar el fallo, que sabía adverso. Una semana antes, el 1 de julio de 2014, el veredicto había absuelto a las profesoras Ana María Rivas y Soledad Gutiérrez. La audiencia de lectura del fallo no duró más que un par de minutos. "No vale la pena pasar por esto. Hay que tomar la justicia en nuestras manos. ¿Qué sacamos si se desestiman todos los peritajes?", dice.
Ante los fallos adversos, los fiscales han concentrado las críticas. A diferencia de lo que ocurre con el total de los delitos, en los que ganan prácticamente el 80% de los procesos que llegan a juicio oral, el Ministerio Público tiene una tasa de éxito cercana al 60% en casos de abuso sexual infantil. En el primer trimestre de este año, las sentencias condenatorias para este tipo de crímenes alcanzaron un 58,1%. "Nos cuesta entender por qué el estándar para condenar es más exigente. La verdad es que hay escasez de recursos tanto para los fiscales como para los servicios auxiliares que hacen los peritajes. Son las herramientas que existen", opina Claudio Uribe, presidente de la Asociación de Fiscales.
Justamente una de las principales falencias sistémicas de los juicios por abuso sexual infantil está relacionada con los peritajes psicológicos y de credibilidad del testimonio. Los jueces lo piden y los fiscales dependen de esta herramienta, lo que ha saturado de solicitudes a servicios auxiliares, como el SML y el Cavas. Los tiempos de espera alcanzan los seis meses. Además de la cantidad, la calidad también está cuestionada, ya que este elemento probatorio se ha vuelto fácil de anular para los defensores a través de un "metaperitaje".
En opinión de María Angélica Jiménez, directora del Centro de Investigaciones Criminológicas de la Justicia Penal de la Universidad Central, los encargados de las pericias utilizan un sistema mixto entre la psicología forense y la de daños. Esta última se enfoca en lo terapéutico y no debiera utilizarse en el sistema penal, pues usa técnicas obsoletas para este tipo de procesos, como el uso de dibujos y muñecos, entre otros.
"Los peritajes psicológicos no se han modernizado a la par de la Reforma Procesal Penal. Es una especialidad y los psicólogos deben ser forenses, pero en Chile sólo están preparados para lo terapéutico. Siendo así, el tribunal se encuentra con insumos insuficientes. Cuando eso ocurre, los jueces se retraen", argumenta.
Frente a la consulta de Reportajes, el SML prefirió mantener silencio.
Suma cero
José Miguel Izquierdo es padre de A.I.N., una de las primeras menores que acusó a José Manuel Romeo de abuso sexual en el caso Hijitus, cuyo fallo absolutorio será leído el martes, a las 15 horas, en el Centro de Justicia. El ex asesor del Presidente Sebastián Piñera está esperando escuchar la argumentación de la jueza Olga Fernández, el voto disidente dentro del fallo dividido, para discutir con su familia y abogados si pedirán la nulidad del juicio. "Esa decisión tiene un costo enorme. Si llegáramos a ganar, estaríamos obligados a llevar a los niños a declarar nuevamente", comenta.
Tanto el primer querellante, Mario Schilling, como la esposa de Izquierdo, Alejandra Novoa, fueron cuestionados por mediatizar excesivamente el caso y declarar la existencia de pruebas que nunca tuvieron. Pero Izquierdo asegura que eso no mina la confianza que tienen en el testimonio de su hija y el sufrimiento que han pasado como familia. En lo único que concuerdan con la familia de Romeo, el hombre que aún quieren ver encarcelado, es en que el sistema es intolerable y debe cambiar.
-Nadie gana con esto. Todos perdemos.
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