Las escuchas que pueden dejar al juez Garzón inhabilitado

Como era de esperar, el juicio contra el juez español Baltasar Garzón, en el Tribunal Supremo, ha resultado fiel al hombre que está sentado en el banquillo de los acusados: mediático y efectista. El magistrado, de 56 años, que se hizo conocido a nivel mundial por haber logrado la detención , en octubre de 1998, de Augusto Pinochet en Londres, está siendo juzgado por haber ordenado grabar en 2009 las conversaciones entre los imputados en una trama de corrupción que salpica al ahora oficialista Partido Popular, el llamado caso Gürtel, y sus abogados.

Así, los defensores de los acusados sostienen que Garzón incurrió en los delitos de prevaricación y violación de las garantías constitucionales por grabar esas conversaciones sostenidas en la cárcel. Por eso, solicitan que se inhabilite a Garzón como magistrado por hasta 17 años, mientras que la fiscalía solicita la absolución al considerar que no hubo delito por su parte.

El juez-acusado declaró que ordenó las grabaciones por existir indicios de que los imputados en el caso Gürtel y sus abogados estaban coludidos en una maniobra de blanqueo de más de 20 millones de euros en sobornos de la trama de corrupción depositados en cuentas en paraísos fiscales, como Suiza, y que sin las escuchas se hubiera perdido el rastro del dinero, así como las pruebas y los fondos que manejaban. Los demandantes contra Garzón sostienen que el juez buscaba conocer la estrategia de la defensa, cosa que el magistrado negó rotundamente. Durante el primer día de juicio, el martes, Baltasar Garzón sufrió la humillación de ver cómo el presidente de la sala le ordenaba quitarse la toga de juez que había vestido toda la mañana y sentarse en el banquillo de los acusados.

El caso Gürtel investiga la trama corrupta liderada por Francisco Correa, quien supuestamente creó un conglomerado de empresas para nutrirse de fondos públicos mediante el soborno a funcionarios y autoridades de las regiones autónomas de Madrid y Valencia, ambas gobernadas por el Partido Popular, del actual jefe de gobierno español, Mariano Rajoy. El caso, que incluso generó una polarización política en España, ha seguido su curso, pero las escuchas fueron anuladas como pruebas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

El juez Garzón -que se hizo famoso por las operaciones contra el narcotráfico, por la investigación de la guerra sucia contra ETA y por desarticular el entorno político del grupo extremista vasco- fue suspendido de su cargo en la Audiencia Nacional en mayo de 2010 por los procesos abiertos en su contra (ver recuadro). Hoy, vive fuera de España y trabaja como asesor del fiscal de la Corte Penal Internacional en La Haya, Luis Moreno Ocampo, y para el desarme en Colombia.