Las otras víctimas del femicidio

Los Andes, El Tijeral, Maipú, Lago Ranco y La Cisterna tienen algo en común. Este año, en todas esas comunas se ha registrado un femicidio en el que , además de la muerte de la mujer, el agresor se quitó la vida. ¿Qué pasa, en esos casos, con los menores de edad que quedan en situación de abandono? Actualmente existen mecanismos de protección para los adolescentes y niños víctimas de la violencia intrafamiliar.

Un gran porcentaje de ellos, explican en el Poder Judicial, son derivados con un adulto responsable y de la confianza del menor. Por lo general, el destino de estos niños está en la familia de la madre.

Gloria Negroni, juez titular del Tercer Juzgado de Familia de Santiago, lleva cerca de una década recibiendo casos de niños que no cuentan con una red familiar de apoyo. Dice que los tribunales "buscan a un adulto responsable que se haga cargo de ellos".

Si la familia directa no cumple con los requisitos parentales para acceder al cuidado de los menores, el siguiente paso es buscar una familia de acogida, las que según Negroni, "aún son insuficientes para la cantidad de casos que reciben los tribunales".

Sin embargo, y dada la falta de opciones de cuidado, "lo más probable es que los menores tengan que ser derivados a un hogar institucional", agrega.

Además, desde comienzos de 2015, en los Tribunales de Familia se viene ejerciendo la política de estudiar, caso a caso, qué es lo que pasó con los menores derivados a centros del Sename. Una idea de la magistrada Jéssica Arenas que implica que a pesar de no tener causas vigentes, los magistrados realicen un seguimiento del estado de los menores.

Sin embargo, aclaran, que dado el alto volumen de causas que llegan a diario al Centro de Medidas Cautelares de calle San Antonio, se hace difícil compatibilizar ambas tareas.

En un día normal dentro del centro se reciben aproximadamente 70 casos, sólo a través de las fichas que ingresan Carabineros, la PDI y el Ministerio Público.

En los documentos se les consulta a las mujeres violentadas si los ataques se dieron de forma reiterada, si había menores de edad presenciando las agresiones, y si adultos mayores fueron agredidos, entre una serie de preguntas.

El resto de los casos se reciben, por lo general, de manera presencial en pequeñas salas de audiencia y con las víctimas declarando ante un magistrado.

En la Fiscalía Nacional, en tanto, explican que la Unidad de Víctimas y Testigos, para el caso del abuso sexual y violencia intrafamiliar, realiza una evaluación de la situación de los afectados para luego derivar a las víctimas a una institución de la red de ayuda, puesto que como organismo no tienen las competencias para realizar un trabajo de reparación a las víctimas.

Quienes trabajan al interior de la unidad sostienen que una de las misiones de la administración del fiscal nacional, Jorge Abbott, es fortalecer el vínculo entre los afectados y la institución.

Entre femicidios y parricidios consumados y frustrados en 2016, veinticinco niños han sido testigos de estos hechos, según cifras del Sename.

Una cifra que llama a las autoridades a tener que actuar lo antes posible para evitar un daño que implique la vida de los menores.

El programa se llama Red de Apoyo a Víctimas (RAV), que como innovación principal para este año cuenta con el ingreso de la Policía de Investigaciones a la red, que además integran el Servicio Nacional de la Mujer (Sernam), el Servicio Nacional de Menores (Sename), Carabineros, y la Subsecretaría de Prevención del Delito.

"Nosotros tenemos una articulación de celulares que nos permite actuar rápido, pero también existe un protocolo específico para cuidar antecedentes que puedan servir para el juicio", señala la directora nacional del Sename, Marcela Labraña.

La primera entidad en actuar es Carabineros, mediante un parte del caso que es remitido a las otras instituciones que se coordinan para actuar, sin tener que exponer a los menores de edad a una victimización secundaria.

Según cifras de Sename, son 67 niños, hasta el pasado jueves, quienes se han visto involucrados en un femicidio o femicidio frustrado. Dos, en tanto, han tenido que ver un parricidio.

El director general de la PDI, Héctor Espinosa, señala que "a partir de las investigaciones que hemos hecho a lo largo de todo Chile, el padrón que hemos obtenido es que esa mujer ha sido víctima de violencia en diferentes episodios anteriores". Por ello, dice que "esa información, al servicio de otras instancias, nos permite ayudar a diversas instituciones".

El ingreso de la PDI al circuito del femicidio se logró gracias a una serie de reuniones entre el Alto Mando y el Sernam como parte del Plan Nacional Contra la Violencia de las Mujeres 2014-2018. Todo, explican, para prevenir y luego investigar. En ese orden.