Las trampas de la Ley del Lobby

Un empresario entrando a la oficina de un ministro; tres altos funcionarios de La Moneda reunidos en un restaurante capitalino con la plana mayor de un organismo gremial; más de una decena de encuentros secretos -en hoteles y residencias de parlamentarios- entre senadores y abogados que aspiran al cargo de fiscal nacional.

Las escenas se parecen bastante a los ejemplos que hace una década se citaban cuando comenzaban a discutirse los primeros proyectos para transparentar la relación de las autoridades con los grupos de presión, aunque esta vez se trata de hechos concretos. Ocurridos todos durante los últimos meses y bajo el imperio de una ley que por estos días cumple su primer año de vigencia.

Entre fines de septiembre y las primeras semanas de octubre, en plena etapa definitoria de la investigación que el Ministerio Público lleva adelante por financiamiento irregular de campañas políticas, sucedieron al menos 15 reuniones entre senadores y los cinco candidatos que aspiraban al cargo de fiscal nacional, ninguna de los cuales quedó registrada de acuerdo al procedimiento que establece la Ley del Lobby. Aparte de los encuentros que el PPD Guido Girardi reconoció haber sostenido con los fiscales Jorge Abbott, José Morales y Raúl Guzmán, Reportajes pudo constatar que reuniones similares sostuvieron los senadores Jorge Pizarro (DC) -quien participó de una cita con el fiscal Abbott organizada por el diputado Aldo Cornejo, amigo desde hace años del próximo fiscal nacional-, Patricio Walker (DC), Felipe Harboe (PPD), Alberto Espina (RN), Pedro Araya (ind.) y Alejandro Guillier (ind.), entre otros.

El hecho de que esos encuentros se mantuvieran en total reserva y sortearan los filtros de la Ley del Lobby es, sin embargo, apenas una muestra de las falencias que exhibe la norma. Y es que aunque valorada por la mayoría de las organizaciones pro transparencia como un aporte en materia de probidad, la ley que rige desde el 28 de noviembre del año pasado ha comenzado a evidenciar varias "zonas grises", por lo que los expertos plantean la necesidad de perfeccionarla.

En total son cinco las áreas que han permitido a algunas autoridades mantener en la total reserva sus contactos con grupos de presión y el contenido de sus audiencias (ver recuadros). Si bien la denominada Comisión Engel, creada para aumentar los niveles de transparencia y probidad del país, propuso reformas para endurecer la regulación, el gobierno decidió no incluirlas en la Agenda de Probidad. Sólo el código de buenas prácticas para lobbistas, un listado de recomendaciones elaborados por dicha comisión, fue incorporado a mediados de este año.

En este año de vigencia, según el portal creado por el Consejo para la Transparencia, se han registrado 13.880 audiencias, 23.288 viajes y 3.879 donativos. Sin embargo, aún hay autoridades que no registran ninguna audiencia o reunión a un año de la puesta en marcha de la norma.

Y el dato más elocuente sobre la efectividad de la misma tiene que ver con las sanciones: hasta ahora, la Contraloría no ha cursado ni una sola multa por incumplimiento a Ley del Lobby.

"Las interpretaciones que se han realizado a veces son mañosas", comenta Alberto Precht, de Chile Transparente. "Los avances en acceso a la información y las demandas ciudadanas indican que más allá de lo que la ley pudiera decir, es recomendable hacer público este tipo de reuniones", agrega.

Hasta el 30 de septiembre de este año, son cinco los senadores y 14 los diputados que en casi un año no han registrado audiencias ni con lobbistas ni con algún gestor de interés particular.

Adriana Muñoz (PPD), Jaime Orpis (UDI), Juan Pablo Letelier (PS), Jaime Quintana (PPD) y Fulvio Rossi (PS) aparecen tanto en el portal del Senado como en el del Consejo para la Transparencia, sin ninguna audiencia o cita registrada. Lo mismo ocurre con 14 diputados: Sergio Aguiló, Claudio Arriagada, Lautaro Carmona, Aldo Cornejo, Hugo Gutiérrez, Miguel Angel Alvarado, Enrique Jaramillo, José Antonio Kast, Luis Lemus, Roberto León, Fernando Meza, Sergio Ojeda, Ricardo Rincón y Felipe Ward.

"Mucha gente me pide reuniones, pero no dicen relación con lo que tengo que informar por la Ley del Lobby. Yo tengo que registrarlas sólo cuando esas reuniones son por proyectos de ley en los que tenga que manifestarme", argumenta el diputado Hugo Gutiérrez.

Otros, como el diputado José Antonio Kast, aseguran haber rechazado todas las solicitudes de reunión por temas de lobby. "Cuando veo que alguien intenta presionar en mi postura, le recomiendo que vaya a la comisión a dar sus puntos de vista", dice el UDI.

A juicio de María Jaraquemada, abogada experta en temas de transparencia, de Espacio Público, "la ley es súper clara y define bastante bien lo que es lobby, lo que es gestión de interés particular y lo que es reunión. Si se dan esos presupuestos de que una persona pretende influir en la labor de un parlamentario, si tiene que ver con el ejercicio de sus funciones y las decisiones que pueda adoptar, hay que registrar esas reuniones".

"El lobby de las farmacias fue más fuerte", exclamó el ex ministro de Salud Jaime Mañalich el año 2013, en el marco de la tramitación de la ley de fármacos, luego de que se rechazara su venta en supermercados.

El reclamo de uno de los ministros más cercanos al ex Presidente Sebastián Piñera hizo que el gobierno de turno apurara la redacción de un nuevo proyecto de ley y le puso urgencia en abril de 2013. Por esos días, además, se hicieron públicos los supuestos pagos a la ex diputada Marta Isasi por parte de la empresa Corpesca.

Después de tres proyectos de ley patrocinados por distintos gobiernos, indicaciones sustitutivas, vetos presidenciales y 10 años de arduas discusiones, la ley que regula el lobby fue definitivamente aprobada por el Congreso en enero de 2014.

El proyecto impulsado por el gobierno de Piñera puso el foco en las autoridades y funcionarios para que fueran ellos los encargados de publicar y registrar las audiencias que sostuvieran con lobbistas profesionales, empresarios, juntas de vecinos, sindicatos o cualquier persona que buscara incidir en las decisiones de una autoridad.

Asimismo, se legisló para que las autoridades transparentaran los viajes que realicen y también los regalos o donativos que reciban.

El ex mandatario fue el encargado de promulgar la ley, pero fue finalmente el gobierno de Michelle Bachelet el que tuvo la misión de implementarla.

A pocos días de que entrara en vigencia, sin embargo, surgieron las primeras voces de descontento frente a la nueva normativa. El reclamo llegó desde la diplomacia chilena. Días antes de que comenzara a regir, y cuando el Ejecutivo comenzaba las capacitaciones sobre el sistema que los obligaría a transparentar buena parte de sus acciones, varios embajadores hicieron llegar críticas a la Cancillería con el argumento de que la ley venía a "dificultar" la labor de las misiones chilenas en el extranjero. Según el mensaje que se coordinaron para transmitir a La Moneda los embajadores, transparentar el contenido de las reuniones que sostienen en el extranjero comprometía la "reserva" que, a su juicio, exige el cuidado de relaciones bilaterales con otros países. Tal era la molestia que algunos se declararon en rebeldía incluso después de que la ley entrara en vigencia, rehusándose a registrar sus reuniones.

Alertados del conflicto generado con los embajadores, La Moneda intentó aprobar una reforma exprés que los eximiera de la regulación, pero sus esfuerzos se encontraron con la negativa transversal de la Comisión de Constitución de la Cámara, donde los diputados defendieron la idea de que la transparencia debía regir para todos los funcionarios públicos por igual.

Aunque hasta ahora el gobierno no ha repuesto la iniciativa, el estatus de los diplomáticos es uno de los problemas que persisten en la Ley del Lobby (ver recuadro) y que algunos no descartan incorporar en una eventual reforma.

"Hay un error en la interpretación y a veces eso se puede usar de manera tramposa. He visto que hay diferencias a la hora de interpretar la ley y eso tiene que ajustarse para seguir el espíritu de la norma", advierte la abogada Jaraquemada.

El 24 de marzo de este año, a cuatro meses apenas desde la puesta en marcha de la norma, la ministra Aurora Williams recibió en una de las oficinas del ministerio a la ex senadora Soledad Alvear y al abogado Andrés Jana, quienes asistieron como representantes de la empresa Antofagasta Minerals. La cita la solicitó el ministerio en días en que la minera suiza Glencore y Antofagasta Minerals mantenían un duro conflicto por una supuesta usurpación de terrenos.

Esta reunión, que a juicio de los expertos era "evidentemente publicable en los sitios web de transparencia", no se registró con el argumento de que fue la autoridad quien pidió la cita, una de las excusas que más se han ido repitiendo para mantener en reserva los contactos entre grupos de presión y las autoridades.

Hoy, desde Minería se reconoce el error: "Dicha situación se generó a raíz de que el ministerio se encontraba en pleno proceso de adecuación a la Ley del Lobby", afirma la ministra Aurora Williams. "A partir de experiencias registradas en ese proceso, el ministerio ha puesto todos los esfuerzos en lograr aplicar fielmente dicho cuerpo legal", añade.

Casos similares se registran no sólo a nivel del gobierno central, sino que comienza a aparecer con cada vez más frecuencia en uno de los últimos estamentos en incorporarse al sistema que establece la Ley del Lobby: los municipios.

A pesar de que llevan sólo dos meses aplicando la norma, no han estado exentos de polémica. Antes de su implementación, algunos municipios mostraron ciertas reticencias a la hora de publicar sus audiencias con agrupaciones u otro tipo de grupo de interés local. Acusaron que esto vendría a "burocratizar" la relación entre los gobiernos locales y los "vecinos" de las distintas comunas. Finalmente, y como la ley no los obliga, algunos municipios (como Las Condes, La Florida, Frutillar, Renca y Talcahuano, entre otros) resolvieron implementar su propio software para la publicación de las audiencias, viajes y regalos. Mientras, 28 alcaldías aún no tienen ningún tipo de sistema para transparentar la información.

Conscientes de las complejidades que la regulación del lobby ha generado en los distintos niveles en que se ha implementado durante los últimos 12 meses, La Moneda ha hecho ver a las agrupaciones pro transparencia que se encuentra preparando ajustes a la norma. La última palabra, sin embargo, la tendrán los legisladores.