Ley Dicom

Señor director:

Cuando se aprobó el llamado “borronazo” de Dicom se dio como argumento que esta ley “da una segunda oportunidad”. El problema es que cuando estas políticas de “borrón y cuenta nueva” se empiezan a repetir (ya se había hecho algo equivalente en 2001) afectan el comportamiento del deudor, por lo que no sólo pierden el efecto esperado, sino que generan graves problemas adicionales.

A los pocos meses de aprobada la ley, de los más de 2,9 millones de deudores que fueron borrados del registro se han incorporado más de 800 mil a la base de datos; es decir, en algo más de medio año un 30% ha vuelto a la situación inicial, sin que se cumpliera el objetivo principal de ley, cual era mejorar el perfil de deuda de la clase media y media baja. El costo, sin embargo, es bastante alto, y además se distribuye en una forma que parece injusta. Primero, se afecta negativamente el comportamiento de pago de los deudores, que empiezan a percibir una menor sanción en caso de no cumplir sus compromisos. Segundo, la información de la calidad de los deudores es muy valiosa para el sistema financiero y al no tenerla aumenta el riesgo del negocio crediticio, lo que se traduce en mayores cobros de intereses.

Pero eso no es todo. Este mayor costo de crédito afecta a todos, buenos y malos deudores, ya que las instituciones de crédito no tienen cómo discriminar. Es decir, no sólo es regresivo, sino que, además, su costo también es absorbido por los deudores prudentes y responsables. Es de esperar que estos “borronazos” no se vayan a transformar en norma.

Cecilia Cifuentes
Economista LyD