Ley Penal Adolescente carece de criterios y jueces especializados

La falta de especialización en materia de recursos humanos y físicos de una ley pensada para los adolescentes, y donde se les sigue juzgando con criterio de adultos, son parte de las conclusiones contenidas en un informe de la Cámara de Diputados que serán liberados hoy a las 11 horas, en el ex Congreso Nacional.

El estudio del Departamento de Evaluación de Leyes de la Cámara de Diputados - que será publicado en el sitio www.evaluaciondelaley.cl- incluye las deficiencias detectadas en la aplicación de la ley N° 20.084 sobre Responsabilidad Penal Adolescente (RPA), así como las recomendaciones para perfeccionarla.

Dicha ley estableció hace ocho años un sistema de justicia penal especial para los jóvenes entre 14 y 18 años, quienes desde ese momento son imputables penalmente, es decir, pueden ser procesados y eventualmente condenados, siendo modificada la última vez en 2011. En forma paralela, la sociedad y el sistema Procesal Penal sufrieron cambios, que hicieron necesaria la revisión de la ley de RPA, especialmente luego de la evaluación de la ley N° 20.000 de Drogas y la Ley y la N° 20.066 de Violencia Intrafamiliar.

El informe analizó el nivel de cumplimiento de los objetivos planteados en la norma, la detección de efectos no previstos por el legislador, y la percepción de la ciudadanía sobre la misma.

De acuerdo al informe el sistema de justicia juvenil carece de especialización debido "a las precarias condiciones materiales, técnicas y humanas con las que cuentan los actores involucrados para la implementación de la norma".

Se señala que "no se estaría cumpliendo la obligación legal de especialización de dichos actores, quedando a la voluntad y disponibilidad de recursos de las distintas instituciones. Se sigue juzgando a los adolescentes con criterios de adultos". También se registra una escasa coordinación entre los dispositivos judiciales, de salud y de intervención, y una política de infancia y adolescencia incipiente, "que dificulta la reinserción social de los adolescentes infractores".

La aplicación de las sanciones también presenta dificultades, ya que no se estaría aplicando "la reparación del daño", y los centros semicerrados privativos de libertad, donde tienen que pasar la noche, se encuentran muy alejados de las ciudades, lo que dificulta su cumplimiento.

En la elaboración del informe se entrevistó a 18 instituciones y expertos, como Sename, Ministerio de Justicia, Jueces de Garantía, Ministerio Público, Defensoría Penal, Carabineros, Gendarmería, psicólogos, psiquiatras y juristas especialistas en adolescentes infractores de ley, junto a foros en Santiago y Temuco con organizaciones sociales colaboradoras de la red Sename.