Líder mapuche traba a última hora acuerdo para poner fin a huelga de hambre

Con 45 minutos de retraso se retomaron ayer en la tarde las conversaciones entre el gobierno, el arzobispo de Concepción, Ricardo Ezzati, y representantes de los comuneros en huelga de hambre, para buscar un acuerdo que ponga fin al ayuno que mantienen por 76 días.

Pese al optimismo de las primeras horas frente a una inminente salida al conflicto, el abogado de los huelguistas de Concepción, Adolfo Montiel, marcó un punto de inflexión. "Hay un estancamiento en las negociaciones", dijo en la tarde.

El ofrecimiento del gobierno de retirar las querellas patrocinadas por el Ejecutivo -a cambio de deponer la huelga- sólo generó un virtual quiebre entre los comuneros. La reunión terminó sin acuerdo, pasadas las 20.30 horas, y las conversaciones se reanudarán hoy en la mañana.

"Es necesario continuar mañana por algunas consultas que deben hacerse entre ellos", dijo tras la cita el subsecretario de la Presidencia, Claudio Alvarado.

En el encuentro, en todo caso, los mapuches mostraron posturas encontradas. El líder de la Coordinadora Arauco Malleco, Héctor Llaitul, transmitió su oposición a un acuerdo. El dirigente -preso en la cárcel El Manzano de Concepción, por un atentado a un fiscal en 2008-, es quien ha mantenido la postura más radical durante el conflicto.

Fue el propio Ezzati quien visitó al comunero en el penal de la Octava Región para intentar convencerlo de deponer la huelga, algo que finalmente no consiguió.

La posición de Llaitul se contrapone a la de los tres comuneros detenidos en la cárcel de Lebu, quienes hicieron saber su disposición a deponer la huelga. "Los muchachos están felices con la noticia, ahora hay que esperar a ver que dice el resto de los comuneros", dijo la vocera de ese grupo, Gladys Huenumán.

La oferta del gobierno marcó un giro en su estrategia para abordar el conflicto, ya que hasta el miércoles había desestimado la propuesta de Ezatti, de buscar "medidas administrativas", como el retiro de las querellas en que se invocó la ley antiterrorista.

Aunque el gesto es valorado por los comuneros y para algunos sienta las bases para conversar sin ayuno de por medio, otros insisten en exigir por escrito el compromiso del gobierno de excluir de la ley antiterrorista delitos como ataques incendiarios a la propiedad privada.

Tensa jornada

Pasado el mediodía de ayer, el arzobispo Ezzati había salido bastante confiado de la reunión que sostuvo a primera hora con Natividad Llanquileo y Pamela Pesoa, voceras de los mapuches en huelga de hambre y todo indicaba que la huelga terminaría por la tarde.

Llanquileo y el abogado Montiel habían utilizado las conversaciones para transmitir la propuesta del gobierno y consultar la postura de los mapuches detenidos. El gobierno sólo se comprometió a quitar las querellas en todos los juicios donde están involucrados comuneros en delitos terroristas. Esa salida también era vista con suspicacia por los comuneros, toda vez que el Ministerio Público tiene la facultad de continuar con los procesos tal como están en la actualidad.

Por la tarde, la demora de la vocera de los comuneros, Natividad Llanquileo, a la cita con Alvarado, Ezzati y Montiel, programada originalmente para las 17 horas, había despertado ya cierto escepticismo respecto de las tratativas que comenzaron la noche del jueves con un sorpresivo encuentro del ministro Cristián Larroulet con el arzobispo de Concepción.

Pasadas las 20 horas de anoche, Montiel volvió a abandonar la cita sin emitir declaraciones, pero dejando entrever que aún no habían mayores novedades.

Desde La Moneda monitorearon las conversaciones en Concepción. Incluso, se informó al Presidente Sebastián Piñera, que se encuentra en EE.UU., del preacuerdo alcanzado en la tarde. Y por la noche, el ministro del Interior, Rodrigo Hinzpeter, sostuvo que los mapuches "no han querido transar en su posición, se han mantenido intransigentes".

En tanto, ayer, la Corte Suprema ratificó el fallo del tribunal de alzada de conceder al gobierno la facultad de alimentar forzadamente a los comuneros en ayuno en riesgo vital. En la seremi de Salud se calcula que en unas 48 horas cerca de una decena de comuneros necesitarían alimentación asistida.